El desenlace, aunque previsible, no dejó de ser desagradable para el grueso de los 900 empleados con los que contaba la empresa. La pesquera uruguaya, conocida internacionalmente por sus pescados congelados, cerró en agosto del pasado año dejando abultadas deudas con varios acreedores, entre los que se destaca el Brou con 40 millones de dólares. La institución bancaria, cuestionada en algunos ámbitos por las garantías exigidas como contraparte de los préstamos, cobrará menos de la mitad de lo otorgado y se suma al resto de los acreedores públicos y privados que renunciaron, total o parcialmente, al cobro.
El pasivo estimado con el que dio quiebra la compañía es de 70 millones de dólares, pero la firma terminó siendo liquidada en poco más de 15 millones de dólares. Los hermanos Máximo y Alberto Fernández, que la condujeron hasta el cierre, optaron por diversificar sus cuantiosos negocios (véase Brecha, 21-VIII-15). También resultó favorecida la empresa extranjera, que compró el paquete por un precio 50 por ciento menor al que se había tasado el conjunto de bienes. Pero los trabajadores y el Estado están lejos de recuperar lo adeudado, posicionándose como los grandes perdedores.
Esta situación podría cambiar, en parte, en caso de que la justicia respondiera favorablemente al pedido de la sindicatura de atribuir “culpa grave” en el concurso de acreedores. La noticia de esta solicitud fue publicada ayer por Búsqueda, y fue confirmada a Brecha por Francisco Cobas, representante del estudio Rueda Abadie Pereira a cargo de la sindicatura de la liquidación. La interpretación de los síndicos es que el sobreendeudamiento de la empresa trasladó los riesgos a los acreedores, y esto es evaluado como “dolo” o “culpa”. Si la justicia se pronunciara en la misma línea, la responsabilidad recaería en los directores de la empresa (los hermanos Fernández y la esposa de uno de ellos), que deberían responder con sus bienes personales.
DE AHORA EN MÁS. Cooperativizarse y adquirir los bienes de Fripur era la idea del colectivo de ex trabajadores que al igual que la canadiense Cooke se presentó al concurso. La producción sería la misma que se desarrollaba previo al cierre pero apelando a utilizar más intensivamente la materia prima. La utilización de cápsulas de Omega 3, gel y aceite de pescado eran opciones manejadas para aprovechar especies que hasta el cierre de la planta se descartaban luego de la pesca. Según José Umpiérrez, ex trabajador de Fripur y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el proyecto era viable, había sido evaluado con buenos ojos por las autoridades, pero faltaba la seguridad del capital. El plan de la cooperativa en formación consistía en que el Brou, a través de la intervención del Poder Ejecutivo, les cediera parte de la deuda –16 millones de dólares– permitiéndoles competir con los canadienses. A partir de esto los trabajadores se convertirían en los acreedores mayoritarios, podrían comprar la empresa, y devolver al banco en un plazo de diez años el dinero más los intereses.
Pero la liquidez de la firma extranjera ganó la pulseada. Cobas explicó a Brecha que la recomendación de adjudicar la liquidación a la empresa extranjera tuvo cuatro motivos principales. “El primero es que ofreció mayor precio, el segundo es que la oferta era al contado, frente a la opción de los trabajadores que era en cuotas a pagar en una década. En tercer lugar habían pagado la garantía de mantenimiento de oferta, una suma de 150 mil dólares que no habían abonado los trabajadores, y que habíamos dejado pasar para no coartar su participación. Por último, influyó que cuando pedimos las garantías de pago, los trabajadores no tenían el aval de ningún banco que asegurara que la compra tuviera fondos.”
Las garantías ofrecidas por Cooke eran indudablemente mayores, pero quedan dudas sobre el impacto de la compra en la actividad pesquera nacional. Según Cobas, posiblemente el interés principal de Cooke sea una filial de Fripur en Argentina, mercado en el que ya están presentes luego de que compraran la estadounidense Wanchese que se había establecido en ese país hace un tiempo. “Con esto amplían su oferta allá y por eso el plan que presentaron contempla la contratación en una primera etapa de 100 uruguayos, que trabajarán mayoritariamente embarcados y otros 100 trabajadores en Argentina”, describió.
Un detalle no menor es que los codiciados permisos de pesca, incluidos en el combo adquirido por Cooke, van a extraer del mar territorial uruguayo productos para abastecer a otros mercados, pero sin generar en el país un número significativo de puestos de trabajo.
La intención de la pesquera es embarcar al personal y realizar los procesos en las propias naves, no en la planta que era la que necesitaba de más trabajadores (en su mayoría mujeres jefas de familia que superan los 40 años). Hacia 2020, cuando hayan sido cumplidas las tres etapas de incorporación de mano de obra, se espera que sean 350 los uruguayos involucrados en el proyecto, lo que igual dejaría un saldo de desempleados importante.
Juan Castillo, el director nacional de Trabajo, dijo a Brecha que no es competencia del Ministerio intervenir en este momento, pues la decisión fue tomada por un juez y la empresa está en su derecho de contratar la mano de obra que necesite. “Lo que nosotros sí hicimos, y con lo que estamos apoyando, es extender el seguro de desempleo para los trabajadores que no han conseguido otras opciones. La ley nos permite otorgarlo hasta por un año luego del cierre y es lo que venimos haciendo con los trabajadores de varias industrias que cerraron: Lifan, Cherry, Ecolat, entre otras”, explicó.
Aun así, los trabajadores, que siguen en “vigilia” en la planta, no creen que todo esté perdido y plantean nuevas alternativas (véase recuadro), a la espera de que las voluntades sean favorables tanto desde el gobierno como desde la empresa, con la que planean negociar ni bien sus representantes se encuentren en el país.
[notice]Segundo intento
Rendirse no es una opción para los ex trabajadores de Fripur que a pesar del fallo judicial ya manejan un proyecto alternativo de autogestión. Según dijo a Brecha José Umpiérrez, dirigente del Suntma, los trabajadores optaron por seguir en vigilia en la planta, como lo han hecho desde agosto cuando cerró. La maquinaria y las cámaras de frío de última generación son bienes muy preciados para los operarios, que siguen haciendo mantenimiento para que no se pierdan, pues siguen considerando que serán su capital de trabajo.
“La idea es acordar con la empresa canadiense el uso de la planta. Por ahora no está en sus planes usarla, por eso querríamos ver la posibilidad de arrendarla y llevar a cabo un proyecto como el de Fripur, en el que la mercadería se compraría a pescadores uruguayos: industriales o artesanales”, explicó el sindicalista. El proyecto, de menor escala, todavía no ha sido presentado a las autoridades. Como el anterior (denominado Eco Fripur) requerirá de financiación pública o privada para su ejecución, pero apuesta a que la generación de empleo y de valor agregado sean atractivos para conseguir fondos y también que Cooke dé el visto bueno.
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