Apareció el cangrejo debajo de la piedra. El ministro de Defensa, Javier García, finalmente confesó la razón última del presidente Luis Lacalle –y que él ha secundado con particular empeño– al propiciar un proyecto de ley para hacer públicos los archivos de la dictadura. «La oposición tiene un fundamento para no hacer públicos los archivos. Puede haber información que la comprometa», declaró a Búsqueda a raíz de los reparos formulados por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien advirtió sobre una posible revictimización de aquellos que fueron interrogados bajo tortura.
Con tales interpretaciones, el ministro García pretende poner en circulación un argumento que pueda explicar la política del Frente Amplio sobre derechos humanos durante sus administraciones, y opta por una estrategia. García afirmó que no ha leído todos los archivos, y por lo tanto no puede demostrar lo que califica como suposición. Pero igual detalla «la existencia de una especie de pacto de silencio de los combatientes que los dirigentes y sectores políticos sintieron que tenían que proteger en el tiempo». García fue más allá: el pacto involucró a gente que estuvo en el Ministerio de Defensa «y que entorpeció la entrega de información sobre la dictadura».
El ministro ha sido acusado de tener un doble discurso: por un lado, se decide a «dar toda la documentación», pero en los hechos ha negado la entrega de documentos vitales con diferentes justificaciones. Ha dicho que el acceso debe ser universal y que, por ende, no quiere «un comité de censura que diga qué leer y qué no». Pero ahora está claro que la «apertura» de los archivos es una especie de invitación a los curiosos para que escarben en los documentos en busca de «pruebas» contra el Frente Amplio.
Tales fines parecen desdibujar el propósito anunciado de «encontrar la verdad». Si así fuera, el gobierno debería, antes que nada, ordenar a las autoridades militares que entreguen la información sobre las desapariciones y los enterramientos. Y, ya que estamos, si se decide a ejercer el mando supremo militar, podría, de paso, reclamar los archivos que permanecen ocultos, en especial los archivos operativos de los organismos represivos, en particular el OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y el SID (Servicio de Información de Defensa).
Todo este manejo de política pequeña tiene otra arista curiosa. Al detallar la documentación que sería objeto de apertura en el marco del proyecto de ley, el ministro explicó que la medida abarca 153 archivos, cuya lista fue publicada por El Observador. La cifra provocó sorpresa porque, que se sepa, solo existen tres o cuatro archivos rescatados, dicho sea de paso, por «las anteriores administraciones de la oposición», para utilizar esa fórmula tan en boga.
El estudio de la lista de El Observador revela que el ministro García llegó a ese centenar y medio de «archivos» simplemente desmembrando, desguazando el Archivo Berrutti. El gobierno convierte en «archivos» los rollos microfilmados que la exministra Azucena Berrutti incautó en la Escuela de Inteligencia en 2007. La lista de El Observador incorpora algunos rollos con sus nombres originales, en otros casos fragmenta rollos y en otras ocasiones junta material de diferentes rollos adjudicándoles nombres nuevos.
El bricolaje del ministro, el recorte y pegue revela indirectamente otro paso en falso en la supuesta actitud de dar a conocer todo, a saber: la incautación en el cuartel del ex-CGIOR (Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva) comprendió unos 1.100 rollos microfilmados, con una numeración que llega hasta el 3.001. Hay un bache de unos 1.000 rollos entre el número 2.000 y el 3.000. Pero lo más importante es que la numeración comienza a partir del 99. Los primeros 98, que probablemente contengan la información clave, son un misterio que el ministro podría desvelar si ordenara buscarlos, en lugar de azuzar sabuesos para desenterrar historias menudas que a esta altura a nadie le interesan.
