¿Responderá alguna vez Vladimir Putin por los crímenes cometidos por las tropas y las milicias rusas contra miles de ucranianos tras su decisión de atacar un país soberano bajo el monstruoso pretexto de «desnazificarlo»?
Del lado ucraniano, algunos rechazan cualquier juicio y se inclinan por una solución expedita: la eliminación pura y simple del presidente ruso. Así lo explicó el jueves 25 de mayo el subdirector de los servicios de inteligencia militar ucranianos, Vadym Skibitsky, en una entrevista con el periódico alemán Die Welt. El asesinato de Putin es la «máxima prioridad» de sus servicios, dice. «Está en lo más alto de nuestra lista», asegura, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. De hecho, es Putin, argumenta, quien «coordina» la ofensiva y «decide lo que sucede». El razonamiento tiene el mérito –y los límites– de la sencillez: muerto el jefe, se terminan los problemas…
No es la primera vez que se plantea tal posibilidad, recuerda la jurista Mathilde Philip-Gay, profesora de Derecho Público en la universidad Jean Moulin Lyon III, en su reciente libro Peut-on juger Poutine? (¿Podemos juzgar a Putin?). Tras la agresión rusa, ya se había planteado la solución de ejecutar al líder ruso; así, el 4 de marzo de 2022, el senador estadounidense Lindsey Graham juzgó que «la única forma de detener esta guerra es eliminar a Vladimir Putin».
Pero, más allá de la dificultad de implementar tal solución, que, vale recordarlo, está proscrita en el derecho internacional –que protege la vida de los líderes y sus familias–, se trata de un «falso razonamiento», subraya Philip-Gay, «de los que suelen tenerse en un emergencia, bajo la influencia del miedo o la ira».
Es fundamental, prosigue, que la ley prevalezca y que Putin pueda responder por sus crímenes, pero también beneficiarse de todas las garantías que le otorga la ley. Como cualquier litigante. Porque no se trata solo de exigir justicia, debemos prepararnos para el futuro y prevenir nuevas guerras de agresión –lo que en la mente occidental lleva inevitablemente a pensar en Asia y en las amenazas recurrentes de la República Popular China contra el archipiélago de Taiwán–, para garantizar que las generaciones futuras puedan «vivir en un mundo donde los criminales, incluso los líderes de los Estados más poderosos, nunca escapen a la Justicia», prosigue Philip-Gay.
La tarea no será fácil. A sus 70 años, el líder ruso pretende escapar de cualquier juicio internacional aferrándose al poder, y así beneficiarse de la impunidad que le otorga esta inmunidad. Un grupo de abogados, exdirigentes políticos y activistas busca parir otro escenario y lograr llevarlo ante la justicia internacional. Philip-Gay se sumó a la lucha iniciada por Gordon Brown, primer ministro británico entre 2007 y 2010, y el abogado francobritánico Philippe Sands. Desde el 4 de marzo de 2022, en una columna publicada en Le Monde, este grupo aboga por un tribunal especial por el crimen de agresión. Si bien recordaban que se había iniciado un proceso ante la Corte Penal Internacional –desde entonces se emitió una orden de arresto contra Putin por «crimen de guerra» debido a la «deportación» de miles de niños ucranianos en el contexto del conflicto entre Moscú y Kiev–, señalaron que este tenía una carencia: no podía procesar por el crimen de agresión.
EL CUMPLEAÑOS DE KISSINGER
Muchos países occidentales apoyan ahora su iniciativa. En julio se abrirá una fiscalía en La Haya «que podrá dictar órdenes de detención», dice a Mediapart Philip-Gay. Existe un riesgo a pesar de todo, subraya: Estados Unidos está tratando de socavar las negociaciones mientras parece apoyarlas, promoviendo la idea de una jurisdicción híbrida, que otorgaría inmunidad a responsables políticos de alto nivel. ¿Por qué? Para evitar que expresidentes, como George W. Bush, sean procesados por crímenes cometidos en Irak o Afganistán…
Una buena ilustración de que la justicia penal internacional aún tiene un largo camino por recorrer antes de poder satisfacer a los más débiles y dejar de favorecer solo a los más poderosos: Henry Kissinger celebró el 27 de mayo su cumpleaños número 100, sin que nunca le haya preocupado su participación en los horrores de la guerra en el sudeste asiático, particularmente en Camboya [por no mencionar su papel en el establecimiento de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano y en el genocidio bangladeshí, entre otros (N del T)].
El sitio estadounidense The Intercept publicó a fines de mayo toda una serie de artículos basados en el trabajo de investigación, tanto sobre el terreno como en los archivos, del periodista Nick Turse. «He descubierto que Kissinger es responsable de más muertes de civiles en Camboya de lo que se sabía anteriormente, con base en archivos exclusivos de documentos militares de Estados Unidos que he recopilado y entrevistas con sobrevivientes camboyanos, así como con testigos estadounidenses», explicó Turse a Mediapart. Su principal conclusión: «Los expertos creen que Kissinger tiene una responsabilidad significativa por los ataques en Camboya, que mataron hasta 150 mil civiles, seis veces más que los que Estados Unidos mató en sus ataques aéreos pos 11 de setiembre de 2001». Interrogado para ese informe, Kissinger, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1973, «respondió con sarcasmo y se negó a dar respuestas».
Philip-Gay reconoce las deficiencias de la justicia penal internacional, pero alega que «estamos en un momento crucial. Es cierto que no son los más poderosos los que son juzgados. Es ciertamente un problema. El propósito de mi libro es resaltar este momento crucial, el hecho de que ahora sí estamos tratando de construir justicia para los más débiles».
(Publicado originalmente en Mediapart. Traducción de fragmentos y titulación a cargo de Brecha.)
