El otro día me decía un asesor militar una cosa que me llamó poderosamente la atención: la gran parte de la población vive en el límite del agua. Uruguay tiene su futuro ahí nomás, allí está el futuro nacional, en el agua.» Las palabras fueron dichas en televisión, en 2013.1 Podrían haberle cabido al exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, cuyas ideas de hace diez años sobre cuidar y diversificar las fuentes hídricas han sido desempolvadas a raíz de la crisis metropolitana, pero fueron pronunciadas por el actual presidente, Luis Lacalle Pou.
Aunque la importancia del agua ha sido enunciada históricamente desde diversas filas partidarias, la calidad y la cantidad del recurso vienen siendo afectadas desde hace décadas debido a definiciones políticas de este y de anteriores gobiernos. Estas han condicionado el margen de acción ante la presente sequía, que, innegablemente, es histórica.
Un grupo de investigadores sénior de la Universidad de la República dedicados al agua difundió un manifiesto, el año pasado, en el que señaló que las causas de la degradación del recurso «están científicamente establecidas»: deficiencias en el saneamiento y tratamiento de efluentes, y prácticas agropecuarias que utilizan agroquímicos masivamente. La academia especializada también ha advertido, sin ser prácticamente escuchada, que los esfuerzos destinados al cuidado de las cuencas han resultado insuficientes. Tampoco se han atendido los señalamientos sobre el desperdicio del recurso.
OSE pierde aproximadamente la mitad del agua que potabiliza, fundamentalmente debido a las cañerías estropeadas, y, en menor medida, producto de robos, fugas u otras dificultades. Todo ello es lo que se conoce como volumen de agua no contabilizada (ANC). El Frente Amplio (FA) calcula que, con la inversión en mantenimiento que realizó durante sus administraciones, impidió que esa proporción trepara al 60 por ciento, pero en ese tiempo la cantidad de ANC nunca bajó de la mitad. Otros planteos o afirmaciones controversiales, hechos por referentes políticos del FA, pueden rastrearse en estos últimos meses.
CABALLITO DE BATALLA
Uno de los reiterados reproches del FA al manejo de la crisis hídrica por el gobierno ha sido la postergación del proyecto Casupá, una represa a construirse en Florida, sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía. Con el embalse se planeó regular el caudal de este río, que abastece todo Montevideo y la zona metropolitana.
El actual Poder Ejecutivo prorrogó en cuatro ocasiones el contrato entre Uruguay y el Banco de Desarrollo de América Latina para obtener un préstamo que financiara parte del proyecto, autorizado meses antes de que asumiera Luis Lacalle Pou. Finalmente, su administración priorizó otro proyecto: el Neptuno, una planta potabilizadora en San José que tomará agua del Río de la Plata.
Casupá ocupó buena parte del debate en la interpelación del 17 de mayo, en la que los legisladores opositores solicitaron explicaciones a OSE y a los ministerios de Ambiente y Salud Pública por la situación del agua. El FA aseguró, con base en un cronograma estimado, que, si el proyecto no se hubiera detenido, el avance de la obra (que no estaría finalizada) habría permitido retener cierto volumen de agua para paliar la crisis. En el oficialismo entendieron que los tiempos calculados por la oposición no contemplan las demoras usuales de las expropiaciones y autorizaciones ambientales pendientes, ni los impactos de la pandemia. Estimaciones aparte, los plazos que han regido el proyecto hasta ahora no son alentadores: el plan de la represa de Casupá data de 1970, se puso en marcha en 2013 (en el segundo gobierno frenteamplista) y tardó más de seis años en obtener financiación.
De todas formas, es llamativo que la discusión parlamentaria sobre Casupá se haya centrado más en el avance estimado de la obra que en su pertinencia, dado que la Academia Nacional de Ciencias considera que tanto el proyecto Neptuno (al que se opone el FA) como el proyecto Casupá tendrían limitaciones similares ante la presente crisis hídrica. Ambos «vulneran la seguridad hídrica» y «no solo son inadecuados como potenciales soluciones a la situación actual, sino también para las futuras generaciones, teniendo en cuenta escenarios factibles de agudización de la crisis», sostiene un documento2 de la institución elaborado por Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas, quien, por otra parte, ha señalado con preocupación la politización partidaria de este asunto (véase «Cuando pase la ola», Brecha, 19-V-23).
El hecho de que el sistema de potabilización siga dependiendo exclusivamente de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, la susceptibilidad a los eventos de sequía y los impactos ambientales significativos que tendría la construcción del embalse (como la inundación de monte nativo o la posible aparición de cianobacterias tóxicas) son algunos de los cuestionamientos de la Academia Nacional de Ciencias al proyecto Casupá.3
PAGAR POR EL SERVICIO
Cuando el agua suministrada por OSE dejó de ser potable, el FA propuso la exoneración de la tarifa para el área afectada, con el argumento de que la gente no accede al servicio por el que paga. La ecuación es sencilla, pero encierra un mensaje contradictorio hacia la población, en momentos en los que se debe reducir considerablemente el consumo. Así lo han entendido las autoridades, que también han manifestado la inconveniencia de que OSE renuncie a ingresos, justo ahora.
Pagar lo que corresponde, por un lado, y apuntar a la reducción del consumo de agua en una crisis hídrica, por el otro, son premisas contrapuestas pero razonables desde las lógicas oposición-gobierno. Pero el sistema político en su conjunto ha ignorado aplicarlas en relación con los grandes consumidores de agua de OSE y de agua dulce (que podría ser potabilizada), utilizada en enormes cantidades por el agro y las industrias. De hecho, el mayor consumo de agua dulce de Uruguay no está destinado a las canillas de los hogares, sino a los productos que el año pasado tuvieron récord de exportaciones, como la carne, la celulosa y la soja.4
Ningún gobierno ha cobrado nunca cánones por la utilización industrial y comercial del agua a ninguna empresa, aunque la ley lo habilite a hacerlo desde 1978 (véase, en esta edición, la nota de Abril Mederos). El asunto tampoco fue planteado por el oficialismo o la oposición en este contexto de emergencia, en el que no sobran los recursos económicos. Pero sí fue puesto sobre la mesa durante las movilizaciones sociales de las últimas semanas, que tuvieron la consigna «No es sequía, es saqueo».
La proximidad de las elecciones y los costos políticos que supondría establecer un canon por el uso del agua son algunas de las limitaciones aludidas por fuentes del FA para no avanzar en la materia. Argumentos que no son de recibo para quienes asumen las definiciones estatutarias del partido: una fuerza política de «justicia social», «antioligárquica» y «antimperialista».
TRANSPARENCIAS
La falta de transparencia sobre información de interés público es otro de los puntos que la oposición enrostra al gobierno con relación al agua. El propio presidente de OSE, Raúl Montero, reconoció en el programa Doble click, de Del Sol, que posiblemente no haya habido «una buena comunicación de que se iba agudizando» la crisis (véase, en esta edición, la nota de Luciano Costabel).
Pasó un mes entre las declaraciones de Montero, motivadas por el primer aumento de los límites de cloruros y sodio en el agua corriente, y el comienzo de la divulgación de los datos de OSE. En su sitio web, y en el de Presidencia, actualmente se encuentran los promedios diarios de sodio y cloruros en el agua que proporciona el ente, pero no hay datos de los niveles de trihalometanos, aunque se haya multiplicado por cinco el valor máximo permitido de estos químicos, considerados «posiblemente cancerígenos» a largo plazo por la Organización Mundial de la Salud.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ha sido una de las políticas que más ha destacado en la prensa la necesidad de transparentar los datos sobre la calidad del agua. De hecho, se adelantó a las autoridades nacionales al difundir los resultados de análisis en los que se superan los niveles máximos de sodio y cloruros establecidos excepcionalmente en el agua corriente de la capital. En la página web de la Intendencia de Montevideo (IM) también se comparten los niveles de trihalometanos publicados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que monitorea a OSE. Lo que no difunde la IM, de forma completa, es aquello sobre lo que tiene particular control: los análisis de la calidad del agua envasada.
En el agua comercializada en la capital entre 2018 y 2022, la IM relevó presencia de bacterias o agentes químicos en niveles que superan la norma: coliformes, glifosato, plomo, arsénico, pH, nitratos, entre otros (véase «Agua que no has de beber», Brecha, 5-V-23). Esa información se hizo pública solo a partir de un pedido de este semanario. El 9 de mayo, en conferencia de prensa, la intendenta fue consultada por la eventual publicación abierta de estos datos (analizados por el Servicio de Regulación Alimentaria departamental), teniendo en cuenta el aumento exponencial del consumo de agua embotellada y los incumplimientos anteriores registrados.
Si bien la jerarca aseguró que los datos del agua envasada se publicarían en la web, solo se hallan seis análisis (sin periodicidad específica ni criterios de muestras explícitos) de ciertas marcas en días particulares, únicamente referidos a valores de sodio y cloruros. La comuna no difunde por sus vías institucionales información sobre la totalidad de los componentes que analiza o debería analizar, como los que han presentado incumplimientos en años anteriores.
Es cierto que algunos pocos exponentes del FA han cuestionado la politización partidaria de un tema sensible (véase el recuadro). Pero, a regañadientes, el partido en su conjunto ha hecho algunas consideraciones sobre su responsabilidad en la situación que derivó en esta crisis sin precedentes, que dejó sin agua potable las canillas de parte del país. Está por verse qué ideas resisten la lluvia.
1. Primera vuelta, TV Ciudad.
2. En el marco del seminario Inter-Academias. Disponible en https://anciu.org.uy.
3. La Academia de Ciencias propone, partiendo de que se ha definido realizar la represa de Casupá (así lo plantea incluso el estudio de factibilidad de Neptuno), la construcción de otra planta potabilizadora con capacidad para más del 70 por ciento del suministro de la red metropolitana, en la zona del embalse de Casupá, con tuberías para asistir regularmente a Aguas Corrientes.
4. Con base en datos de Uruguay XXI y el artículo «El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay» (2021), de Carlos Santos, Noel González y Martín Sanguinetti.
5. Consignada por el programa Fácil desviarse, de Del Sol.
Conversaciones públicas
El senador del FA Alejandro Sánchez aseguró que la reciente discusión entre el gobierno nacional y la IM por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la crisis hídrica es «de zócalo» de ambos lados y «se politiza al extremo» en «declaraciones públicas que no tienen como objeto mejorar las condiciones de vida de la gente».
Antes, en rueda de prensa, Cosse había afirmado que ese banco había «habilitado»5 el préstamo (las partes mantuvieron reuniones por el tema), punto que desdijo el organismo en un comunicado. En medio del cruce, su fuerza política emitió la siguiente declaración: «El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, le prohibió a la IM recibir una donación del BID que iba a servir para brindar agua embotellada a las personas que se atienden en policlínicas».
