Desde marzo de 2023 un equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) hizo visitas sistemáticas al hogar Tribal, oficialmente llamado Centro de Breve Estadía de varones. Tribal es una de las «puertas de entrada» del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Es decir, es un centro encargado de recibir a aquellos niños, niñas y adolescentes que, por disposición judicial, fueron separados de su familia de origen y derivados al sistema de protección del Estado. Desde 2019 atiende exclusivamente a adolescentes varones, de entre 14 y 17 años.
El MNP funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), aunque con independencia técnica. Los integrantes del equipo del MNP hacen visitas sin aviso previo: se presentan ante las autoridades del centro, recorren las instalaciones, toman fotografías, entrevistan a los internos y a los funcionarios, y proceden a una revisión de documentos. Se realizaron cinco visitas al Tribal entre marzo y agosto de este año. Cada una de estas actuaciones fue comunicada oportunamente a las autoridades del INAU, con un tono de creciente preocupación. Y las respuestas no fueron las esperadas. Aun así, la INDDHH optó por no hacer públicos los informes de las visitas.
Las conclusiones –inéditas hasta ahora– fueron categóricas. Durante las tres primeras visitas, realizadas en marzo, abril y mayo, los técnicos del MNP pudieron observar en el Tribal un clima permanente de «violencia institucional e interpersonal», que identificaron como el causante de episodios de violencia extrema, con utilización cotidiana de armas punzantes al estilo de «cortes carcelarios». Además, observaron intervenciones psiquiátricas compulsivas contra los adolescentes, desorganización de la atención médica, incursiones permanentes de la Policía y consumo de sustancias psicoactivas. También fueron testigos de una deplorable infraestructura edilicia y sanitaria, y constataron que el equipo de funcionarios era totalmente insuficiente, se encontraba agotado, desplegaba conductas violentas y estaba diezmado a causa de las certificaciones médicas. Todo esto montaba un escenario de alto riesgo para la vida de los adolescentes y de los funcionarios. El INAU lo supo desde marzo, pero reaccionó con una elocuente parsimonia.
TRÁNSITO LENTO
Las dos primeras visitas fueron el 15 de marzo y el 14 de abril. Luego de cada una de ellas –aproximadamente una semana después, en cada caso–, fueron enviados a las autoridades del INAU dos reportes sucesivos con alertas y recomendaciones. El 15 de abril las autoridades respondieron con un cambio de dirección en el centro. Sin embargo, la falta de respuestas efectivas –a juicio del MNP– motivaron nuevas inspecciones y advertencias en escala creciente. En la tercera visita, ocurrida el 28 de abril, además del equipo técnico del MNP, participaron Jimena Fernández y Carmen Rodríguez, ambas integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH. El reporte, esta vez, fue enviado al INAU el 18 de mayo, junto con un extenso informe que incluía pasajes bastante más serios que un simple llamado de atención.
Por ejemplo: «En las visitas se observó la ocurrencia de enfrentamiento a golpes, y el porte y utilización de armas caseras (cuchillos, palos con clavos, punta de metal, pinzas) […] tanto a modo de posible ataque como elemento de defensa. Incluso, en determinadas situaciones, se requirió la presencia de unidades de emergencia móviles y el traslado de un adolescente para la atención de las lesiones provocadas». Esto, a juicio del MNP, «no se puede adjudicar a una situación puntual de conflicto entre pares, sino a una situación estructural de violencia institucional». Y, por si la formalidad del mensaje no contribuía a la persuasión, se incluyó un testimonio en primera persona:
—Si acá no te defendés, te agarran primero. Tenés que mostrar lo malo que sos.
De acuerdo con el informe, «se observaron limitaciones en las herramientas que poseían los funcionarios/as para resolver dichas situaciones debido a la escasez de recursos humanos, materiales, condiciones edilicias y de acceso a modalidades de atención para el consumo de sustancias psicoactivas y de salud mental». Ante estas situaciones, algunas veces, se recurría a la Policía: «Las intervenciones ejecutadas por la Seccional [N.o 7] estuvieron caracterizadas por insultos, golpes y traslados inadecuados», dice el MNP. Uno de los adolescentes ilustró:
—Cuando ingresan a los cuartos, te cagan a palos.
En el informe abundan situaciones de desborde, de los funcionarios y de los adolescentes. En la visita del 14 de abril de 2023, por ejemplo, el equipo del MNP «observó la contención realizada a un adolescente que presentaba una crisis psicoemocional, con episodios de auto y heteroagresividad». En la situación intervino la dirección del centro, personal de enfermería y técnicos, pero «las estrategias desplegadas para contener la crisis fueron inadecuadas, ya que se basaron en la agresión verbal al adolescente. Una de las funcionarias involucradas en la contención le gritaba al adolescente: “No te entra en la cabeza que no podés ir a tu casa”, “vos no entendés nada…”. En esta situación fueron los propios compañeros adolescentes quienes lograron calmar y contener a su par».
Otras situaciones también eran frecuentes. El equipo verificó «que el recurrente ingreso y consumo de sustancias en el interior y exterior del centro era un elemento central en la conflictiva cotidiana». Y destacó, como parte del escenario de desprotección, el hecho de que los adolescentes consumen marihuana, y uno de ellos «se encontraría consumiendo cocaína». También que, ante este tipo de situaciones, se utilizaba como castigo «expulsar a los adolescentes al exterior del centro, donde podían pasar por horas, e incluso estar durante la noche».
Al momento de las visitas del MNP, el Tribal atendía a una población promedio de entre 70 y 80 adolescentes: 18 de ellos vivían en el centro, 24 estaban denunciados por salidas no acordadas (se habían escapado), 27 estaban visitando a su familia y 4 estaban internados en clínicas psiquiátricas –según se dijo– a raíz de «una situación de crisis en salud mental». Respecto al personal, el informe consignaba: «En la última visita solo se contaba con dos funcionarios/as por turno, lo que es insuficiente para la cantidad de adolescentes que residen y las exigencias que plantea un centro puerta de entrada». En total había solo 17 funcionarios, de los cuales siete estaban con licencia médica: «En ciertos casos debido a las situaciones de violencia vividas». Según el informe, los funcionarios presentaban «agotamiento físico y emocional, debido al clima violento cotidiano, y a las acotadas herramientas que contaban para atender dichas situaciones». La nueva directora pretendió convocar a personas de otros hogares, «pero esto no era posible ya que no contaban con funcionarios/as que quisieran concurrir a trabajar en el centro».
Respecto a las condiciones edilicias, se constató «un importante deterioro en el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, higiene y seguridad […] [que] contribuyen a agravar la convivencia cotidiana, afectada por el clima de violencia instalado». En el local, «los artefactos eléctricos en su mayoría estaban con los cables expuestos», no había «condiciones de higiene adecuadas», especialmente en los baños, «que se encontraban en condiciones insalubres (agua sucia y con materia fecal en el piso, inodoros tapados y clausurados)». De todos los baños, solo uno tenía cisterna, a la vez que «se podía utilizar solo una de las duchas» y «uno de los baños estaba sin luz eléctrica». En la planta alta había una sala de uso común, aunque «desprovista de mobiliario, y con los tendidos eléctricos expuestos». Y en el comedor de la planta baja «había escaso mobiliario y se encontraba en estado deplorable». En cuanto a los extintores: «No estaban en condiciones de ser usados».
De acuerdo con el MNP, el clima de violencia institucional e interpersonal permanente observado en el Tribal mostraba «con absoluta claridad que no es un centro donde se proteja y restituya los derechos de los adolescentes. Por el contrario, se los expone (a los adolescentes, pero también al personal) a situaciones que ponen en riesgo potencialmente su integridad física, psicoemocional y eventualmente su vida. Esto se opone con la condición de garante que el Estado debe asumir».
Es más, el equipo del MNP señaló que «se han intentado algunas medidas ante las situaciones de violencia que se viven dentro del centro, sin embargo, las mismas no resultaron eficaces y en muchos casos son en sí mismas vulneradoras de derechos». De forma terminante, el informe finalizaba: «Las condiciones de violencia que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los adolescentes residentes en el centro, acrecentadas por las malas condiciones edilicias, materiales y de atención, constituyen un trato cruel inhumano o degradante […]. Por lo tanto, es necesario que el INAU adopte medidas de carácter urgente tendientes hacia la protección y reparación de esta situación de violencia extrema».
No hubo medidas en ese sentido. Pero tampoco era una novedad.
LA DÉCADA PERDIDA
Por lo general, se entiende que la internación de un menor de edad en una dependencia de amparo del INAU presupone la ocurrencia de una vulneración de derechos muy severa. En 2021,1 por ejemplo, la mitad de la población atendida por el sistema 24 horas del instituto había sido institucionalizada por motivos relacionados con el abuso y con la violencia. En los centros de atención directa de Montevideo, el 55 por ciento de la población ingresó por haber sido víctima de estas situaciones. El resto lo hizo por causas diversas, como «adicciones», «discapacidad», «enfermedad», «dificultades económicas de la familia», «abandono», «falta de vivienda», «situación de calle». Si se tiene en cuenta que la mayor parte de la población al amparo del INAU proviene de hogares en los que hay severas privaciones socioeconómicas, se pueden entender las sutiles relaciones que hay entre estas y aquellas problemáticas.
Pese al esfuerzo del instituto por alinearse con las políticas de desinternación, la realidad golpea la puerta. Según la Unidad de Diagnóstico y Derivación (UDU), a junio de 2023 había cerca de 60 niños, niñas y adolescentes que –aun contando con la sentencia judicial que dispuso su internación– engrosaban una lista de espera para ser amparados por el Estado; 20 de ellos, mientras aguardaban por los cupos, desaparecieron del control del instituto y estaban siendo buscados por la Policía. Se presume que, al tomar conocimiento de la sentencia, sus familias de origen decidieron evadirla (véase «Versiones encontradas», Brecha, 16-VI-23).
Cuando los adolescentes llegan al Tribal lo hacen en un momento de extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, se espera que el ambiente del centro no contribuya a profundizar ese daño inicial. Pero se espera demasiado: el MNP lleva adelante un monitoreo del sistema de protección del INAU desde 2014 y la situación ha cambiado poco a lo largo de la última década.
En 2014, en ocasión de las primeras visitas al Tribal, se detectaron insuficiencias en cuanto a lo sanitario, adolescentes durmiendo en colchones en el suelo, falta de iluminación y de ventilación en los «cuartos de contención» y tiempos de permanencia que superaban los 20 días (oficio 106/2014). En 2015 el MNP recomendó «mejoras edilicias», «profesionalización del personal», «necesidad de capacitaciones específicas para abordar situaciones de contención», «protocolos para la utilización del cuarto de contención», «mecanismos para separar a las niñas y niños de los adolescentes» y «medidas que evitaran el alejamiento de niñas, niños y adolescentes de su medio» (oficio 042/2015). En 2016, la INDDHH recibió dos denuncias referidas al Tribal: aún había niños durmiendo en el suelo, se alertaba por la situación riesgosa de revisión policial a menores de edad a la entrada del establecimiento (se los requisaba ordenando que pusieran la cara contra la pared) y se denunciaba que había casos de sobremedicación con psicofármacos (oficios 1192/2016 y 1450/2017). En 2017 el instituto separó a los niños y niñas, de 7 a 13 años, de los adolescentes, de 14 a 17 años. Desde entonces funciona la «puerta de entrada de infancia»: un centro llamado Casa del Sol.2
En 2018 los equipos del MNP encontraron una cantidad de adolescentes varones y mujeres3 que superaba la cantidad de camas disponibles, lo cual obligaba a que muchos de ellos durmieran en el suelo. La mayoría llevaba más de un mes en el centro y había casos que alcanzaban un año de permanencia. El informe detallaba: «En todas las situaciones plantearon desconocimiento del contenido y la duración de la medida de protección por la cual habían ingresado al sistema. En especial destacaron la incertidumbre y angustia que les generaba no saber cuál sería su destino» (oficio 442/2018). También se destacaba la «presencia de rejas en todos los espacios», «humedades en techos y paredes de todo el edificio», «filtraciones de la grasera», «todas las aberturas en mal estado con vidrios internos y externos rotos», «cámaras de vigilancia que no funcionan y baños en estado de deterioro». En ocasión de la visita, se observó que, como consecuencia del abandono de la planta baja, «se acumuló basura y se inundó esa planta, lo que ocasionó la proliferación de roedores. En la visita se verificó la presencia de olores desagradables provenientes de la basura acumulada en los patios del subsuelo». Además, faltaban utensilios de cocina, los baños carecían de desagüe y no daban abasto, faltaba ropa de cama, artículos de higiene y vestimenta. De los 62 trabajadores del centro, 10 tenían certificación médica, 4 habían sido trasladados y 12 tenían contratos precarios. Al respecto, el MNP destacaba: «Desde la coordinación del centro se informó que se registra un alto grado de ausentismo en los funcionarios, derivado de las malas condiciones laborales y la desmotivación». El equipo fue enfático en relación con la situación de encierro de los adolescentes, que ante situaciones de desborde eran amenazados con ser internados en las clínicas psiquiátricas. Luego de aquel informe público del MNP, el Tribal fue intervenido: la dirección del centro, junto con varios funcionarios, fueron desplazados (véase «A puerta cerrada», Brecha, 27-IV-18).
En agosto de 2021 el MNP envió un oficio al directorio de INAU en el que se informaba que se había constatado en el Tribal «falta de recursos humanos, tanto técnicos como de atención directa»; «deterioro de las condiciones edilicias y de su equipamiento»; «escasas estrategias efectivas para abordar las situaciones de consumo problemático de drogas», y «prácticas de castigo a los adolescentes consistentes en dejarlos fuera del centro» (oficio 29/2021). Pasaron casi dos años. En el informe de mayo de 2023, respecto a aquellos señalamientos de 2021, el MNP recordó: «A la fecha del presente informe, el MNP no cuenta con una respuesta oficial del INAU».
Ya en marzo de este año la INDDHH había recibido dos nuevas denuncias sobre la situación del centro. En la primera se señalaba que había un grupo de adolescentes que dormían «encerrados en un dormitorio», pues, debido a la violencia reinante en el establecimiento, se consideraba que corrían riesgo. También se aludía a «vulneraciones referidas a la alimentación y la atención en salud mental». La segunda denuncia alertaba sobre malos tratos hacia los adolescentes, «a partir de acciones policiales desplegadas en la interna del centro y la expulsión por parte de los funcionarios/as de los adolescentes al exterior del establecimiento».
CERO BOLA
Luego del extenso informe del 18 de mayo, los tiempos de reacción del INAU no alcanzaron a conformar al MNP. Por tanto, una cuarta visita se llevó a cabo el 1 de junio. El reporte fue enviado al directorio del INAU al día siguiente, el 2 de junio, junto con un oficio con el rótulo de «urgente». Allí se destacaba que, al momento de la última visita, «aún no se habían adoptado medidas para preservar la integridad física ni psicológica de los adolescentes». Por si fuera poco, se denunciaba que «se habían profundizado las situaciones de violencia y desprotección»; se repetían «situaciones de enfrentamiento a golpes entre pares, porte y utilización de armas caseras, y varios episodios de quema de colchones dentro del centro».
En uno de los pasajes del oficio, se lee: «La noche anterior a la visita, se confirmó que un adolescente había sufrido lesiones –a partir de colchones que habían sido incendiados en el centro– que requirieron asistencia médica». El equipo de la visita también dejó registro de que «en reiteradas ocasiones se requiere la presencia de la Policía para intervenir». Y resumió que, a esa altura, se había «profundizado la escalada de violencia en el centro, por lo que persisten los riesgos con relación a la integridad física, mental y posiblemente la vida de adolescentes y el personal».
El oficio también detallaba que «se observó caos y descontrol, así como la ausencia de referentes adultos que brindaran contención en la atención directa». Según el informe, los funcionarios que los recibieron «desconocían el número de la población atendida, así como dónde se encontraban los adolescentes en ese momento»; tampoco supieron responder nada en relación con las medidas que tendrían que haberse aplicado para la mejora de la gestión. «En los últimos días», se afirmaba, «se verificaron bajas en el personal por licencia médica y traslados en los turnos matutino y vespertino. Desde agosto de 2021, se constata que el personal técnico y de atención directa es totalmente insuficiente, situación que se ha agravado».
El MNP dispuso un plazo de 72 horas para que el INAU adoptara las siguientes medidas urgentes: «Traslado inmediato de la totalidad de la población residente en el Centro de Breve Estadía de varones»; «cierre temporal del Centro de Breve Estadía de varones de Montevideo hasta realizar una intervención que garantice la protección y la integridad de los adolescentes que ingresan al sistema de protección especial», y envío de «un informe al MNP que dé cuenta de las actuaciones realizadas por INAU a partir de este oficio». Nada de esto ocurrió.
«EN TÉRMINOS RELATIVOS»
El MNP volvió a visitar el centro a principios de agosto y las condiciones no eran mejores. Fue la última visita. Días antes, el 31 de julio, una delegación del INAU fue recibida por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja. En medio del tratamiento de la rendición de cuentas, la diputada Cristina Lustemberg introdujo la siguiente pregunta, dirigida a Pablo Abdala, presidente del instituto:
—En recientes informes de la INDDHH, se ha recomendado el cierre inmediato, por ejemplo, del centro de breve estadía Tribal, como consecuencia de la falta de condiciones básicas y mínimas para restituir los derechos de los adolescentes. Sin embargo, desde hoy hemos visto que se ha desestimado ese planteo. ¿Qué acciones concretas va a destinar el INAU ante las sistemáticas recomendaciones de esta institución respecto a la situación de emergencia en los centros de breve estadía? ¿Se cuenta con recursos para dichas acciones?
Los informes no se conocían entonces y nadie los había mencionado públicamente. De todos modos, a su turno, Abdala no eludió el asunto:
—La señora diputada Lustemberg preguntaba por la denuncia –llamémosle así– de la INDDHH referida al centro Tribal. Debo formular una precisión: no llegó a haber una denuncia de la INDDHH; para que la haya, debe haber un pronunciamiento del Consejo Directivo de la INDDHH. Lo que hubo fue un informe del MNP, muy antojadizo, muy discutible, que no comparto en lo más mínimo, que la directora Jimena Fernández –que es una de las directoras del Consejo Directivo de la INDDHH– gentilmente hizo llegar como adelanto o como informe al INAU, pero que después el Consejo Directivo no aprobó.
Si se tiene en cuenta el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –al que el Estado uruguayo adhiere–, el MNP debería ser un órgano independiente, ajeno a los intereses políticos y al control de la INDDHH, con lo cual el Consejo Directivo de esa institución no estaría facultado para vetar la publicidad de los informes. Sin mencionar ese aspecto, el presidente del INAU tomó aire y continuó:
—Entre otras cosas, no lo aprobó porque nosotros, por supuesto, intervinimos inmediatamente y proporcionamos toda la información; es evidente para todos las dificultades notorias –obviamente, nadie las ignora–, el desafío que representa la puerta de ingreso de adolescentes –¡si lo sabrán las administraciones anteriores!–, con los problemas que tuvimos en el viejo centro Tribal, con respecto al cual estamos todavía aprobando sumarios, sanciones y destituciones de trabajadores que en aquel momento vulneraron los derechos de los adolescentes.
Finalmente, refiriéndose a la situación actual del Tribal, dijo:
—Tiene enormes desafíos y dificultades, pero que, desde un tiempo a esta parte, desde la intervención oportuna de la dirección de los centros 24 horas, y a partir de la asunción, hace dos o tres meses, de una nueva conducción, está en un proceso de cambio y de mejora continua, en términos relativos, pero de mejora continua.
Los otros integrantes del Directorio del INAU presentes ese día –Natalia Argenzio (Frente Amplio) y Aldo Velázquez (Cabildo Abierto)– no emitieron opinión. Cuando los integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH Marcos Israel y Carmen Rodríguez asistieron a la Comisión de Presupuestos el 4 de agosto, tampoco fueron cuestionados al respecto por los legisladores.
1. Estudio de población y de capacidad de respuesta en sistema de protección 24 horas de INAU: relevamiento de recursos humanos y de niños, niñas y adolescentes atendidos, INAU, Unicef, 2021.
2. En 2019 los trabajadores de Casa del Sol denunciaron una situación de desborde y hacinamiento, a tal punto que los trabajadores se declararon en conflicto y decidieron no admitir más ingresos al sistema, forzando una reacción de las autoridades (véase «Niños en el horno», Brecha, 31-VI-19).
3. En aquel momento los adolescentes varones y mujeres aún se encontraban conviviendo en el mismo centro. En 2019 se creó una puerta de entrada exclusiva para adolescentes mujeres: el centro Magnolia.
