Pese a la innumerable cantidad de señales enviadas y a la insistente presión sostenida desde el frente interno, y sobre todo desde el externo, Guatemala no consigue aún encaminar su transición política de cara al próximo 14 de enero, fecha estipulada para que el nuevo gobierno electo asuma formalmente.
En el confuso y desgastante proceso se visualiza el cruce de numerosas agendas. La primera de ellas se ubica en el plano local. Allí se palpa el manifiesto hartazgo de una ciudadanía cada vez más movilizada y que busca hacer respetar su voluntad, mayoritariamente expresada en las recientes elecciones que otorgaron, por un amplio margen, la victoria a la fórmula del partido Semilla, con Bernardo Arévalo y Karin Herrera a su frente.
Pese a su diversidad étnica, en las recientes movilizaciones masivas que han tomado las calles del país se observa una manifiesta unanimidad en la necesidad de defender no solo al binomio electo, sino a la existencia misma de la democracia, pese a todos los matices y críticas de diversas organizaciones sociales hacia un sistema que en Guatemala ha sido fuertemente opresivo.
TRANSICIÓN EN SUSPENSO Y MOVILIZACIONES
En las últimas semanas, las acciones dirigidas por el Ministerio Público para obstaculizar el proceso de asunción de Arévalo no han cesado y, con ello, las muestras populares de repudio al accionar judicial se expanden. El 7 de setiembre, durante el partido entre Guatemala y El Salvador por las eliminatorias para el Mundial de fútbol, en el estadio Doroteo Guamuch, de la capital guatemalteca, la afición supo de la presencia en un palco oficial de Miguel Martínez, Miguelito, excomisionado presidencial del Centro de Gobierno, quien, se rumorea, es la pareja y confidente del presidente Alejandro Giammattei, lo que suscitó una serie de repetidos cánticos en su contra. Una semana después, el presidente descartó su habitual comparecencia pública con motivo del acto celebratorio de la Independencia Nacional, para el cual se limitó a grabar un breve video, evitando de esa forma una segura rechifla.
El 12 de setiembre, en un hecho inédito, funcionarios del Ministerio Público ingresaron al Tribunal Supremo Electoral y, en contra de la postura de este último organismo, de forma ilegal y abusiva abrieron varias urnas de la última elección en búsqueda de presuntas irregularidades. Esta y otras acciones de judicialización de un proceso electoral ya culminado, sesgadas fuertemente contra el partido que triunfó en los comicios, han empañado aún más el ambiente poselectoral. Ya el 1 de setiembre, Arévalo había denunciado un «golpe de Estado» en curso.
Las declaraciones del presidente electo, cada vez más directas, han tenido amplia repercusión internacional, así como su llamado a la movilización popular en apoyo a su partido. En ese contexto tuvieron lugar dos reuniones del proceso de transición entre Giammattei y Arévalo, junto con sus respectivos equipos de trabajo y la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La primera fue a puertas cerradas. La segunda supuso un acto público y formal con compromisos del mandatario saliente. Dos hechos no menores fueron muy ilustrativos del clima de desconfianza mutua: Arévalo desistió de aceptar el ofrecimiento de instalar sus equipos de trabajo en el Palacio Presidencial por temor al espionaje, y en las instancias no participó el vicepresidente en funciones, quien expresó que, habida cuenta de su actual enfrentamiento con Giammattei, él mismo haría su propio traspaso de información a la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Tras todo lo anterior, Arévalo pidió interrumpir el proceso de traspaso transicional de información presidencial y por medio de una carta solicitó variar la metodología de trabajo.
Las movilizaciones callejeras han continuado y el propio Arévalo pidió que el «pueblo» lo acompañara el lunes 18 al final de la tarde para hacer entrega de una solicitud de amparo en la Corte Suprema. El texto pide que «se restablezca el orden constitucional» y se proceda a «la destitución de la fiscal general Consuelo Porras», así como de otros funcionarios que, «traicionando la autoridad depositada en ellos por el pueblo, usan su poder para negarle a la ciudadanía el derecho a vivir en una democracia, a ser gobernados por las personas a quienes eligieron de forma libre y consciente». El llamado no fue en vano: miles de personas se movilizaron ese día en la capital exigiendo las renuncias solicitadas en el escrito.
En ese acto público, las palabras de agradecimiento del presidente electo, ya entrada la noche, estuvieron acompañadas por un espectro muy amplio de líderes y autoridades indígenas, entre ellas la premio nobel Rigoberta Menchú, pero también mujeres mayas de los pueblos poqomam, ixil, poqomchi y k’iche, y el cardenal Álvaro Ramazzini. No todo quedó ahí: el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) movilizó sus fuerzas por la diversa geografía del país y cortó una docena de rutas en defensa de la democracia. Las cámaras empresariales, que se han mantenido en silencio ante los ilícitos judiciales cometidos en esta transición y por los últimos gobiernos guatemaltecos, condenaron públicamente las formas empleadas por Codeca, una organización de base indígena, en una muestra más, y por cierto elocuente, de su racismo ancestral.
PRESIÓN INTERNACIONAL
En las agendas cruzadas no pueden quedar por fuera las sostenidas manifestaciones internacionales sobre lo que está ocurriendo en el país. El abanico de señales es amplísimo. A poco de celebrada la elección del 20 de agosto, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala ya había celebrado lo «bien organizada y transparente» que había sido la votación, en contraposición de la propaganda oficialista sobre un supuesto fraude; el 25 de agosto el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo ver su preocupación ante los intentos de «socavar» los resultados, en la misma línea que varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el chileno Gabriel Boric, quien conversó por teléfono con Arévalo y le expresó su solidaridad.
Desde Estados Unidos, la vicepresidenta, Kamala Harris, hizo pública una minuta de su extensa conversación telefónica en la que felicita al presidente electo guatemalteco, quien en los últimos días recibió personalmente a Patrick Ventrell, encargado de Negocios estadounidense en Guatemala, y al vicesecretario de Estado, Richard Verma. Esta semana, aprovechando sus respectivas comparecencias en la 78.ª Asamblea General de la ONU, el argentino Alberto Fernández y su par Luiz Inácio Lula da Silva expresaron su preocupación: «En Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado, que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas», explicitó el brasileño. Llegado su turno de subir al podio de la Asamblea General, mostrándose incómodo y alzando la voz en forma intempestiva, Giammattei respondió que en su país se asistía a un conjunto de «acciones de injerencia internacional innecesarias».
En las últimas semanas, dos sesiones del Consejo Permanente de la OEA abordaron la cuestión guatemalteca. Se escucharon sendos informes presentados por Almagro, quien fue crítico con las acciones intimidatorias de las autoridades judiciales, cuya legalidad calificó de «dudosa». En su oportunidad, el delegado dominicano, Josué Fiallo, advirtió no entender la lógica que operaba detrás del accionar del Ministerio Público guatemalteco. Más preciso fue el representante argentino, Carlos Alberto Raimundi, quien invitó a sus colegas a enfocarse en que esas acciones sí tienen una «lógica profunda»: la de un poder económico cuyos núcleos poderosos, por un camino «edulcorado» y «moderno», «diferente a los clásicos de otras décadas», siguen tratando de impedir el desarrollo de la soberanía de los países y constriñen de diversas formas nuestras «democracias tuteladas».
