El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este lunes el estado de excepción en el país por grave conmoción interna y para que las fuerzas armadas tengan «todo el respaldo político y legal en su accionar», tras varios amotinamientos en centros penitenciarios en medio de un aumento de la violencia carcelaria.
El mandatario aseguró que la medida persigue que el Estado retome «el control» de los centros de detención, hoy en manos de grupos de delincuencia organizada. Mientras, se reportaron motines simultáneos en prisiones de Quito, Cuenca, Portoviejo y Machala.
El estado de excepción, con una duración de 60 días, incluye, además del despliegue militar de las fuerzas armadas y policiales, la suspensión del derecho a la libertad de reunión y a la inviolabilidad de domicilio, así como la restricción de la libertad de tránsito, todos los días, desde las 23 horas hasta las 5.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores confirmó que los reclusos retuvieron a servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en cinco cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos grabados en diferentes lugares en los que grupos de personal penitenciario claman por su vida mientras, encapuchados, los amenazan con cuchillos. Los guardias leen en el video un comunicado en el que se pide a Noboa que «no envíe tropas a las cárceles que sean escuadrones de las muertes». «Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y, por favor, vele por nuestras vidas, por nuestra seguridad», agrega el mensaje.
Noboa descartó cualquier posibilidad de negociación con las organizaciones delictivas que operan en las prisiones y presentó la necesidad de reformar las leyes penales, si bien no ofreció detalles al respecto. Además, anunció que construirá dos prisiones de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena. Desde 2021, las matanzas dentro de las cárceles de Ecuador han dejado por lo menos 460 reclusos muertos. En los centros penitenciarios hay (oficialmente) 31.321 reclusos.
Por su parte, la organización feminista antipenitenciaria Mujeres de Frente manifestó que responsabiliza «al gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia, acorraladas entre fuegos cruzados en cárceles donde las armas no pueden ingresar sino con autorización de funcionarios estatales».
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La prensa venía informando de motines en diversos centros de reclusión del país, pero fue el escape de prisión este domingo de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, lo que puso en jaque y abrió un boquete en la política de seguridad del mandatario. Macías cumplía una condena de 34 años de prisión por asesinato y delitos relacionados con la delincuencia organizada. Luego de operativos e intervención en la cárcel regional de Guayaquil, las autoridades no logran dar con su paradero.
En agosto, un grupo de presos de la penitenciaría del Litoral y de la cárcel regional de Guayaquil había protestado por el traslado a una prisión de máxima seguridad de Macías, después de que el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que había denunciado amenazas de muerte por parte de Fito, fuera asesinado a tiros al término de un mitin celebrado en Quito. Cientos de reclusos subieron a los techos del centro penitenciario y mostraron pancartas con mensajes como «Queremos el regreso de Fito», «Fito no es botín de la política» o «Queremos paz, regresen a Fito».
El delincuente, que estudió en la cárcel para obtener el título de abogado, gozaba en prisión de privilegios. Desde su celda protagonizó el año pasado el videoclip de un narcocorrido en su honor cantado por su hija. El video de «El Corrido del León», del grupo identificado como Mariachi Bravo, dejaba ver al capo de Los Choneros con sombrero y leyendo un libro en el pabellón de la cárcel. Según reportes de prensa, Los Choneros cuentan con al menos 8 mil hombres.
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Desde que ascendió al poder, Noboa prometió una política de «mano dura» para atender la ola de violencia que azota al país y anunció la construcción de megacárceles –como las que ha levantado su homólogo Nayib Bukele en El Salvador– y una reforma carcelaria.
A principios de año, decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Nacional, creada en 2022 por su antecesor, Guillermo Lasso, y envió a la Corte Constitucional 11 preguntas de una consulta popular a celebrarse en marzo próximo para saber qué opina la sociedad respecto de la incorporación plena de las fuerzas armadas en el combate a las bandas criminales. La primera pregunta dice: «¿Está usted de acuerdo con que las fuerzas armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?». No esperó la respuesta: tras los motines de esta semana, militarizó el país.
«Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer», advirtió, al tiempo que acusó a estos «grupos narcoterroristas» de pretender «amedrentar» a las autoridades, en el entendido de que cederán ante sus demandas. Indicó que por esa razón el gobierno emprendió acciones «que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años».
Desde la opositora Bancada Ciudadana, que integra entre sus filas al correísmo, se afirma que la fuga de Fito «muestra nuevamente la emergencia del sistema penitenciario, que lleva seis años de desmantelamiento», y que «el Estado perdió el control de las cárceles y las controlan las mafias y bandas de criminales».
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Los homicidios entre 2018 y 2023 crecieron en Ecuador en casi 800 por ciento al pasar de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado –de la Pan American Development Foundation, vinculada a la OEA (Organización de los Estados Americanos)–, el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador, y ha dinamizado otros delitos conexos, como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos. Las organizaciones criminales en el país acentuaron su búsqueda de dominio territorial a partir de la pandemia de covid-19, modificando profundamente el panorama delictivo, tanto en el posicionamiento criminal en los territorios como en lo relativo al tráfico internacional de drogas y armas, lo que aumentó las disputas de poder por las plazas de microtráfico en las ciudades portuarias.
(Publicado originalmente en Estrategia.la, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Brecha publica fragmentos a partir de la versión reproducida por Rebelión. Titulación propia.)
Vacío de poder y cocaína
Crisis de Estado
Álvaro García-Mayoral
Ecuador atraviesa una crisis interna de inéditas dimensiones, donde lo que está en juego resulta ser la propia supervivencia del Estado. La democracia ecuatoriana enfrenta una situación de excepción como consecuencia de una crisis de seguridad que se torna insoportable a partir de 2021. Y es que Ecuador en 2016 estaba situado como el segundo país más seguro de la región, mientras que para 2023 se ubicaba ya como uno de los más peligrosos del continente.
Este aumento de la inseguridad se manifiesta fundamentalmente en dos niveles: por una parte, la crisis carcelaria que sufre el país, factor que en esta ocasión ha actuado como detonante tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, de una cárcel en Guayaquil. Por otro lado, la intensificación de la delincuencia y de las actividades relacionadas con el narcotráfico ha ocupado una presencia exponencial en el país en un espacio muy breve de tiempo, intensificando la violencia en las ciudades costeras del país y penetrando de forma masiva en el tejido social ecuatoriano, con especial incidencia en Guayaquil, ciudad costera donde conviven más de una decena de bandas criminales vinculadas a la actividad del narcotráfico.
Para comprender las causas de esta crisis de seguridad, resulta clave entender el creciente papel que ocupa Ecuador como exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Históricamente, el país no había sido productor o exportador de cocaína, sin embargo, las cadenas logísticas del narcotráfico se han alterado convirtiendo a Ecuador en una «autopista» para la exportación de toneladas de esta droga.
Este factor coincide con una gestión política de la mano de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), que, en un intento por reducir el tamaño del Estado ecuatoriano, han ocasionado en las regiones costeras del país un vacío de poder. Es ahí donde reside la disputa que está en juego estas semanas y que puede ubicar al Estado ecuatoriano bajo un riesgo existencial. Ante la dimensión de esta crisis, los partidos políticos de la oposición, incluido el correísmo, han mostrado su firme apoyo al decreto aprobado por el presidente Daniel Noboa, en el que elaboran un plan de acción que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, declara el estado de excepción, moviliza a las fuerzas armadas e identifica a una serie de grupos del crimen organizado como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes».
La aprobación de este decreto originó una respuesta por parte de estos grupos criminales, expresada mediante la irrupción armada en un medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil, o por medio de balaceras, explosiones o saqueos en las principales ciudades del país. Dichos grupos armados se han convertido, con el nuevo decreto, en objetivos militares, y a partir de ahí queda por ver la capacidad real de las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas para sofocar esta ola enorme de violencia y reducir lo máximo posible la capacidad de actuación del narco.
El Estado ecuatoriano parte unido política y militarmente, y un elemento que puede jugar a su favor es la escasa cohesión interna de sus beligerantes, en tanto el enfrentamiento y la animadversión entre bandas han sido una constante en el desarrollo de la actividad del narco en el país. Precisamente esta fragmentación puede ser otro de los puntos fatales para que se produzca un enquistamiento del conflicto. Y es que se sabe que en Ecuador operan una multitud de organizaciones criminales –22 fueron señaladas en el decreto– y que muchas de ellas cuentan con un sistema de financiación e instrucción externo procedentes fundamentalmente de México, lo que dificulta la labor de identificación y rastreo de los líderes de estas bandas.
Otra de las dificultades que puede enfrentar el Estado ecuatoriano es la posible vulneración de derechos humanos y la cantidad de víctimas mortales que se pueden dar si se produce un estancamiento en las operaciones. Además, la crisis carcelaria del país no permite concebir a las prisiones como un lugar desde donde se pueda garantizar el cumplimiento de las penas, lo que de nuevo trae a debate la cuestión de la extradición, procedimiento que fue rechazado por la ciudadanía ecuatoriana en un referéndum en febrero de 2023.
Con todo, esta crisis será una prueba relevante para los organismos de integración y cooperación regional que históricamente han sabido dar respuesta a crisis internas, incluso en Ecuador, pero que actualmente se encuentran en un proceso de reestructuración. De esta manera, se verá en las próximas semanas si organismos como la OEA, la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) –recientemente revitalizada– la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o la Comunidad Andina serán capaces de llevar adelante una intervención conjunta o si la ayuda internacional provendrá de las relaciones bilaterales.
La previsión es que este conflicto pueda intensificar también el proceso de militarización que está viviendo la región, con unas fuerzas armadas extraordinariamente bien valoradas por la ciudadanía y consideradas como la única institución capaz de garantizar el orden y la seguridad de los diferentes países.
(Publicado originalmente en El Salto. Brecha reproduce fragmentos.)
