EL CONTEXTO
La condición de pobreza de niños, niñas y adolescentes no depende de ellos, sino que les es impuesta por el entorno en el que viven. En particular, por las condiciones económicas, sociales y culturales de sus padres y sus familias. Teniendo en cuenta que quienes generan los ingresos son adultos, mayormente de entre 25 y 39 años (y en su mayoría mujeres), es necesario analizar los problemas estructurales.
Es claro que las transferencias monetarias son importantes. Es claro que deben mejorarse en el corto plazo, que debe rediscutirse su alcance, que deben unificarse todas las políticas de ingreso tendiendo hacia una renta básica para hogares con menores de 18 años y que para ser una verdadera política de ingresos deben eliminarse las condicionalidades. Pero no está allí el corazón de la política de erradicación de la pobreza infantil. Por ello, este trabajo se centra en los hogares cuyo jefe o jefa de hogar tiene entre 25 y 39 años, e incluye a la mayoría de los menores de 12 años y a buena parte de los que tienen entre 13 y 17 años.
Las principales características de los hogares con adultos de 30 a 39 años se ven en el cuadro (las conclusiones son iguales para el tramo de 25 a 29 años). Los datos nos muestran que esos hogares pobres presentan las siguientes características:1
1. Predominio de inserción en trabajo informal (no registrado en seguridad social) y un mayor desempleo.
2. Condiciones de vivienda peores que la media de este tramo de edad en múltiples indicadores.
3. Prevalencia de jefatura femenina en los hogares.
4. Prevalencia de hogares monoparentales femeninos y extendidos mayoritariamente de base monoparental.
5. Además (algo que no aparece en el cuadro), una menor culminación de ciclos educativos.
Las bases programáticas del Frente Amplio (FA) abordan estas problemáticas y proponen varias líneas de solución. En esta nota abordamos algunas de esas líneas concretas.
LAS POLÍTICAS LABORALES
El eje estructurador es la inserción laboral. Es clave un diseño de políticas activas que aspiren a garantizar la demanda de empleo, en un contexto de un mercado que tiende a sustituir trabajo por capital en sus diferentes formas. Dichas garantías, en el terreno de las políticas activas, son los mecanismos de subsidio desde el Estado al sector privado. Pero dichos subsidios por sí solos no garantizan que haya una expansión de la demanda y menos aún que esta se oriente hacia los sectores con mayores dificultades de inserción. Para ello es necesario:
1. Un monto importante de subsidio como porcentaje del salario pagado (el que será siempre, al menos el laudo de la rama).
2. Que se mantenga a lo largo de cierto tiempo y vaya descendiendo gradualmente.
3. Que sea diferencial, según las condiciones de las personas. Podríamos incluir cinco variables combinadas de menor a mayor grado de vulneración, como la edad (jóvenes y adultos), el género (mujeres y varones), la etnia (afro y blancos), el nivel educativo alcanzado y una referencia al tiempo sin empleo registrado en la seguridad social.
4. Una exigencia de capacitación para el o la trabajadora durante los primeros seis meses del subsidio, con costos compartidos entre la empresa y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Y, obviamente, dos condiciones adicionales:
1. Que el empleo subsidiado sea un incremento de plantilla y no una sustitución de trabajadores subsidiados por los que ya estaban.
2. La devolución de la totalidad de los subsidios si las personas son despedidas en un plazo posterior o igual al tiempo que duró el subsidio.
Al mismo tiempo, es necesaria una política de empleo público que acompañe la inserción de este segmento de la población y que garantice el derecho al trabajo.
LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA
El programa del FA es claro en cuanto a la prioridad presupuestal y la política que debe tener la vivienda en el próximo gobierno, y lo expresa en la necesidad de duplicar el presupuesto vigente. Para esto son necesarios un shock de inversión pública en vivienda (en especial bajo la forma de cooperativas) y el desarrollo de mecanismos de acceso a las viviendas que concentren el esfuerzo en subsidios a la demanda y no a la oferta. Esto implica que el acceso debe ser independiente de la capacidad adquisitiva de las personas. Con ese fin debe promoverse un sistema en el cual las personas paguen como máximo un porcentaje de sus ingresos y el resto sea subsidiado por el Estado. En Uruguay ya hay antecedentes de ello en la propia ley 13.728 (Plan Nacional de Vivienda), en un intento frustrado de la ley 14.105 de mayo de 1973 (Fondo Nacional de Viviendas) y en la ley de subsidios a la demanda habitacional, de 2018.
Pero el acceso no debe agotarse en la compra, sino que deben diseñarse sistemas de subsidio al alquiler (en algunos casos, con opción a compra), en especial para jóvenes que quieren acceder a su primera vivienda. Para esto es clave lo definido en las bases programáticas, según lo cual «se creará un sistema de alquiler social regulado en precios y plazos paralelo al actual. Quienes opten por él, recibirán estímulos estatales (subsidios, garantías, préstamos para mejoras) y complementariamente se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social».
LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS
El eje central de las políticas educativas respecto a la inclusión social es garantizar la culminación de los ciclos educativos de los adultos y la permanencia en el sistema formal de niños y adolescentes. Es lo que las bases programáticas llaman «consolidar mecanismos de protección de las trayectorias». Al mismo tiempo, es necesario que puedan ascender en la trayectoria del sistema educativo y adquirir habilidades que les permitan una mejor inserción laboral, dada la concentración actual en ramas de baja calificación.
Para esto es necesario diseñar (retomando en parte los programas vigentes hasta 2019 y la estrategia de 2012 llamada «El país acompaña a sus jóvenes») un conjunto de programas, con fuerte concentración en la enseñanza media-básica, que permitan la revinculación con el sistema educativo y abran posibilidades mayores de inserción laboral. Esto se complementa con los procesos de formación profesional incluidos en la estrategia laboral antes mencionada.
EL SISTEMA DE CUIDADOS
Es evidente que las políticas de acceso al trabajo pueden encontrar una restricción en la posibilidad de salir a trabajar, determinada por el cuidado –en particular– de niños y niñas. Para ello hay que profundizar en el sistema de cuidados de hijos con una doble perspectiva. En primer lugar, continuar los cambios regulatorios hechos entre 2011 y 2012 sobre licencias de maternidad y paternidad y estímulos a la corresponsabilidad en el cuidado, con «mecanismos de licencias exclusivas para varones». En segundo lugar, con una inversión que amplíe la oferta pública de cuidados de uno y dos años, y que universalice la de tres años.
EL FINANCIAMIENTO
Claramente, estas políticas, en los cuatro niveles, requieren financiamiento. Así lo reconocen las bases programáticas, que proponen diversas alternativas. Es claro, a mi juicio, que no iniciaremos el gobierno con restricciones para desarrollar estas políticas. La situación fiscal, financiera y de deuda nos muestra condiciones posibles para desarrollar con rapidez e integralidad este conjunto de políticas que son prioritarias.
1. Este trabajo se basó en los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares de 2023, procesados por Lucía Rijo y Federico Araya. Sin su contribución, este desarrollo conceptual no hubiera sido posible. También se basó en el aporte de una conversación con Matías Brum, a partir de una nota suya en Razones y Personas. Gracias a ellos.
