El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación ante la indagatoria interna dispuesta por el Ministerio del Interior para investigar las fuentes del periodista Eduardo Preve por publicaciones periodísticas sobre el uso del dispositivo conocido como El Guardián y otros casos que involucran a la Policía.
El trabajo habría estado a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, y no fue solicitado por la Fiscalía, según informó el periodista en la radio M24. En cambio, el episodio sí está en conocimiento del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, desde el día 9 de noviembre de 2023.
La pesquisa incluyó el acceso a la ficha del periodista en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, la búsqueda de posibles informantes y las llamadas que realizó y recibió a través de su dispositivo móvil. También se buscaron las publicaciones de Preve en redes sociales en relación con una noticia divulgada a través de la red social X (ex-Twitter) respecto al robo de las grabaciones de intervenciones telefónicas hechas con el dispositivo El Guardián en el marco de la investigación del asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978. Además, se solicitó analizar vínculos visibles del periodista con personas cercanas a la Dirección de Inteligencia Policial, así como medidas que implican a sus familiares directos.
Para Cainfo, los hechos denunciados son de extrema gravedad porque implican una amenaza seria a la libertad de expresión, un derecho que es considerado como pilar fundamental de la democracia por convenciones y tratados internacionales suscritos por Uruguay.
En ese marco, la reserva y la confidencialidad de las fuentes son un elemento esencial en la labor periodística, en especial cuando implican el control de la actividad de organismos y funcionarios del Estado. La reserva de las fuentes es un derecho contemplado en nuestra legislación y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos: «Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».
Por lo tanto, utilizar la inteligencia del Estado para revelar las fuentes de información, además de implicar un abuso del poder estatal, tiene un efecto inhibitorio sobre posibles fuentes que estén en conocimiento de hechos de interés público, así como de periodistas que pueden divulgarlos.
Esta noticia se difunde pocos días después que el ministro Martinelli dijera en una actividad pública organizada por la embajada británica, el viernes 1 de marzo, que las filtraciones periodísticas de información «erosionan el Estado de Derecho y la calidad democrática». «Tener información es tener poder», añadió Martinelli.
Según el Principio 13 de la misma declaración, «los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
En la Interpretación del Principio 13, se añade que «el Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
Cainfo llama a las autoridades a investigar el caso, instando a los demás poderes del Estado a aclarar los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan ante esta grave violación a la libertad de expresión y al abuso del poder estatal.
