El 15 de febrero Uruguay se convirtió en el trigésimo sexto país en firmar los «Principios para la cooperación en la exploración y la utilización civiles de la luna, Marte, cometas y asteroides con fines pacíficos», conocidos como Acuerdos de Artemis. Se trata de un texto legal internacional no vinculante promovido por el Departamento de Estado y la agencia espacial NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) de Estados Unidos que echó a andar durante el 71.º Congreso Internacional de Astronáutica, celebrado virtualmente en octubre de 2020. Los primeros países adherentes fueron Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.
La firma de estos acuerdos pasó desapercibida para la opinión pública, la prensa y los partidos políticos, pero conviene llamar la atención sobre el asunto pues la decisión no es inocente. Dicho de manera sintética: es llamativa la atención que han recibido las actividades aeroespaciales durante el actual gobierno, y, además, la firma de los Acuerdos de Artemis representa un nuevo paso del actual gobierno en el alineamiento del país con las orientaciones políticas de Washington.
El significado político-estratégico
Es necesario ubicar los Acuerdos de Artemis en su contexto para intentar desentrañar el significado político-estratégico del paso que dio la cancillería. En primer lugar, debe recordarse que la piedra fundamental del derecho internacional del espacio es el «Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes», más conocido como Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (OST, por sus siglas en inglés). Esta norma entró en vigor en octubre de 1967 y a partir de allí se fueron agregando otros acuerdos, convenios y tratados, casi todos negociados en el marco de las Naciones Unidas.
Puede afirmarse genéricamente que la lógica política del OST de 1967 es asimilable a la del Tratado Antártico, firmado pocos años antes, en 1959. En efecto, los Estados acordaron que el espacio ultraterrestre, los cuerpos allí existentes y sus recursos pueden ser explorados e investigados, pero nadie tiene el derecho de apropiarse de ellos y explotarlos en provecho propio. Las actividades en el espacio deben tener carácter pacífico y la responsabilidad corresponde a los Estados.
No es difícil comprender que a las imperfecciones originales del cuerpo de normas sobre derecho espacial desde sus mismos orígenes se deben agregar los cambios políticos y tecnológicos sobrevenidos desde su aprobación. No es extraño, entonces, que esos intersticios legales habiliten diversas iniciativas –una de ellas son, justamente, los Acuerdos de Artemis– e incluso la creciente militarización del espacio.
Baste con recordar que la actual configuración de las relaciones de poder está muy lejos del mundo bipolar de los años sesenta, los Estados con armas nucleares son nueve y hay cinco que han posado naves espaciales en la luna: la Unión Soviética, Estados Unidos, China, India y, en enero, Japón.
La mercantilización de la exploración espacial
Mientras el canciller Omar Paganini firmaba el documento de los Acuerdos de Artemis con el administrador de la NASA, el módulo robótico Odysseus de la empresa Intuitive Machines iniciaba su estadía lunar. El aparato fue propulsado por un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, de Elon Musk, y, de las 12 cargas útiles que contiene, solo seis de ellas pertenecen a la NASA, que pagó 118 millones de dólares a Intuitive Machines por el servicio.
Dicha empresa privada es uno de los 14 proveedores seleccionados por la NASA para llevar cargas útiles a la luna a través de la iniciativa CLPS (sigla de servicios comerciales de carga útil lunar). Este programa busca que empresas estadounidenses lleven cargas científicas, de exploración y tecnológicas a la superficie y la órbita lunar, sin olvidar que las ambiciones se dirigen más lejos: a Marte y otros cuerpos celestes lejanos.
Los expertos en derecho espacial señalan que los Acuerdos de Artemis no contradicen los principios y el espíritu general del OST, sin embargo, alertan respecto a dos cuestiones. La primera es que, si bien el texto contempla aspectos como la irrupción de las empresas privadas en la actividad espacial, existen demasiadas omisiones respecto a los alcances de dichas actividades, que se suman a las que ya podían señalarse antes de la aparición de estos nuevos actores con sus lógicas mercantiles. Existe en tal sentido un conjunto de debates respecto a las denominadas prácticas ulteriores de los Estados, en un ámbito tan delicado como la explotación de los recursos en el espacio. Conviene recordar un hecho llamativo: el Acuerdo que Gobierna las Actividades de los Estados en la Luna y Otros Cuerpos Celestes de 1979 (o Tratado sobre la Luna) ha sido ratificado por menos de 20 Estados (Uruguay lo hizo en 1981 y Arabia Saudita se retiró en enero de 2024). Entre las ausencias más notables están Estados Unidos, Rusia y China. Dicho tratado consagra el espacio y los cuerpos celestes como herencia de la humanidad, reafirma que su exploración y explotación solo puede llevarse a cabo con fines pacíficos y que sus recursos no pueden ser objeto de apropiación por Estados, personas u organizaciones de tipo alguno.
Uruguay y las actividades espaciales
La segunda cuestión a considerar es más concreta. Son las implicancias estratégicas para Uruguay de su adhesión a los Acuerdos de Artemis. Como resultado de la Enmienda Wolf, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2011, la NASA está impedida de celebrar cualquier acuerdo con el gobierno de China. Así, los Acuerdos de Artemis, a los que Rusia caracterizó como sesgados a favor de los intereses de Estados Unidos, parecen otro instrumento que contribuye a dinamitar multilateralismo. Ello expande la política exterior estadounidense de confrontación a una esfera en la que parecía predominar la cooperación. Es interesante señalar, sin embargo, que hasta ahora la NASA no ha roto su cooperación con Rusia pese a la guerra en Ucrania.
En este contexto y en febrero se registró un intrigante pedido público del diputado republicano, Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia, en el que solicitó al presidente Joe Biden la desclasificación de la información sobre una supuesta arma atómica espacial rusa. Como respuesta, el vocero del Consejo de Seguridad, sin negar la existencia de planes rusos de desarrollo nuclear en el espacio, negó que ellos representen amenaza de seguridad para nadie.
Un paraíso del newspace
Relevada brevemente la dimensión estratégica de la decisión uruguaya de adherir a los Acuerdos de Artemis, hay que detenerse en la dimensión doméstica del asunto. En efecto, luego de aprobar un decreto que crea la Junta Nacional de Política Espacial en febrero de 2022, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de creación de una agencia espacial como órgano desconcentrado de Presidencia (véase «Maniobras de vuelo», Brecha, 17-III-23).
En ambos organismos, el protagonismo es para las contadas empresas privadas del sector y el Poder Ejecutivo se reserva el monopolio de las decisiones. No es extraño, pues, que empresarios del llamado newspace –la movida de startups o compañías con financiamiento privado que está ocurriendo a nivel global desde 2001– se muestren entusiasmados. En efecto, Luca Estebenet, uno de los participantes del panel «Explorando horizontes: oportunidades en la industria newspace», del CUTI Business Forum, celebrado en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, afirmó: «Uruguay es un país para hacer negocios». Y, en efecto, el jefe de operaciones de la empresa estadounidense de remolcadores espaciales Epic Aerospace, instalada en Zonamérica desde 2021, precisó: «Tuvimos que aprender todo desde cero […] Uruguay sirve, nosotros llegamos sin tener historial y aquí los procesos, la comercialización y las ventajas fiscales y económicas gigantescas nos ayudaron a comenzar» (véase «Uruguay está listo para despegar en la industria aeroespacial», Uruguay XXI, 20-XI-23).
«Ya tenemos instaladas en el país empresas como Satellogic o Epic», festejó Alejandro Ferrari, representante de Uruguay XXI, en el panel. Como se recordará, Satellogic es una compañía llegada de Argentina a Zonamérica cuyo gerente de facturación en 2021 era Ignacio Gurméndez, hijo del precandidato colorado a la presidencia. La empresa trabaja directamente con el gobierno de Ucrania, Estados Unidos y los miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) negociando imágenes satelitales obtenidas por sus naves que formalmente pertenecen a Uruguay.
Todo indica que los Acuerdos de Artemis vienen como anillo al dedo para estos emprendimientos privados de los que Uruguay recibe escasos beneficios. Sin embargo, no parece sensato que estas actividades comerciales se desarrollen apalancadas por el Estado, después de un detenido análisis de las graves consecuencias económicas, políticas y de seguridad que estos negocios privados pueden acarrear a Uruguay y sus habitantes.
