«El crimen de Marielle Franco desenreda el largo hilo que liga el golpe de 1964 con el crimen organizado en Brasil», sostiene el sociólogo José Cláudio Souza Alves, que investiga la violencia urbana, la criminalidad y los grupos de exterminio en Río de Janeiro desde hace tres décadas.
La Policía Federal detuvo el domingo 24 de marzo a los tres presuntos autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco, seis años después del crimen. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó las detenciones que ponen broche a la investigación de la Policía Federal, y le corresponde ahora a la Fiscalía analizar todo el material y presentar cargos contra los sospechosos.
Una pieza clave fueron las declaraciones del expolicía militar Ronnie Lessa, acusado de haber sido el autor material del crimen de Marielle, que daban detalles de los implicados y de las negociaciones que llevaron a materializar el asesinato de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El informe policial, de 479 páginas, detalla las razones que llevaron a los hermanos Brazão (Chiquinho, diputado federal, y Domingos, miembro del Tribunal de Cuentas) a convertirse en los autores intelectuales del crimen.
Marielle se oponía a un proyecto de ley de acaparamiento de tierras presentado por Chiquinho al ayuntamiento de Río para regularizar parcelas en barrios donde operaban las milicias (grupos parapoliciales) y que se convertirían en bastiones políticos de la familia. Los hermanos se reunieron con Rivaldo Barbosa, el tercer detenido, que fungía como director de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro.
Entre los tres y el autor material, Lessa, acordaron cómo llevarían adelante el asesinato. Previamente infiltraron a un uniformado en la cúpula del PSOL para seguir los pasos de Marielle, quien trabajaba para organizar a los habitantes de los barrios populares para que no se sumaran a las adjudicaciones de terrenos de los que la milicia se había apropiado y se disponía a vender.
En el proceso participaron otras personas, entre ellos el diputado miliciano Ronald Alves, conocido como Mayor Alves. Poco antes del crimen, Rivaldo fue ascendido a jefe de la Policía Civil de Río, cargo que aún mantiene, de modo que los autores estaban protegidos por las autoridades policiales y contaban con un fuerte respaldo político institucional. Se sabe que Rivaldo planificó meticulosamente el asesinato y que luego hizo todo lo posible por encubrir a los hermanos Brazão, quienes conservan influencia en la Policía y tienen alto poder financiero.
La prisión de los autores intelectuales del crimen se produjo cuando ya muchos creían que no habría justicia, ya que varios sospechosos fueron muertos a tiros, como el jefe miliciano Adriano da Nóbrega, cercado por la Policía y muerto en Bahía en 2020 para no dejar cabos sueltos en la investigación.
Se trataba de un personaje clave en las relaciones entre las milicias, el crimen organizado, la Policía y la política carioca, pero también estaba vinculado al escándalo de corrupción del que es sospechoso un hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Como escribió en ese momento la periodista Eliane Brum, «el silenciamiento de Adriano da Nóbrega el pasado 9 de febrero muestra que Brasil es un país en el que los límites entre la ley y el crimen se han desdibujado a un nivel sin precedentes» (El País, 13-II-20).
Hasta ahí los hechos, en apretadísima síntesis.
«El caso de Marielle es una batalla ganada en medio de una guerra gigantesca, donde hay innumerables casos de disputas, asesinatos, homicidios, actuación miliciana brutal, desapariciones forzadas», valora el investigador Souza Alves (IHU, 1-IV-24). Nos recuerda que el crimen sucedió bajo intervención federal en la seguridad pública de Río de janeiro, bajo el comando del general Walter Braga Netto. Al asumir la seguridad de la ciudad, el uniformado nombró a uno de los dos artífices del asesinato de Marielle, «recordándonos las historias perversas del régimen militar y de los escuadrones de la muerte».
Domingos Brazão ya había sido citado en la comisión parlamentaria de investigación de las milicias en 2008. Forma parte del «clan Brazão», que opera en la zona este de Río controlando territorios, lo que les permite enormes ganancias en construcción civil, servicios de electricidad, agua, gato-net (la internet de los barrios populares), transporte clandestino y tasas de seguridad a comerciantes y empresarios. Es lo que un estudio de la Fundación Friedrich Ebert enuncia como urbanismo miliciano.
Al disputar territorios con las milicias, Marielle exponía su vida, del mismo modo que otros miembros del PSOL, como lo fue en su momento el diputado Marcelo Freixo. El esquema va desde el control territorial violento por las milicias hasta la complicidad policial que impide que avancen las investigaciones de sus crímenes y la cobertura política en la Asamblea Legislativa del estado, que termina legalizando sus maniobras.
La estructura miliciana existe en todo el país, siempre ligada a grandes intereses económicos, como el agronegocio, la minería y las constructoras, la tala ilegal y muchos otros negocios que la utilizan por su eficiencia sobre el terreno y sus lazos con las instituciones. De ese modo obtienen informaciones privilegiadas y protección, por lo que Souza Alves asegura que el Estado y la estructura miliciana son, básicamente, lo mismo y conforman una de las principales bases políticas de apoyo a Bolsonaro.
Parece evidente que el caso de Marielle es la punta del iceberg que remite al origen de las estructuras armadas ilegales durante la dictadura militar (1964-1985), bajo la cual operaron los escuadrones de la muerte que nunca fueron desmontados en democracia. Más aún, el general Braga Netto estuvo involucrado en el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando los bolsonaristas, acampados en las puertas de cuarteles en Brasilia, ingresaron por la fuerza a la Cámara de Diputados e intentaron tomar el Palacio de Planalto para derrocar al recién asumido Luiz Inácio Lula da Silva.
«Como estudio a los grupos de exterminio, sé que fueron creados en la dictadura militar a partir del golpe empresarial-militar de 1964, por lo que milicos y milicias establecen una relación muy fuerte entre sí, de modo que la relación entre la canalla asesina y los nobles generales es algo antiquísimo», remata el sociólogo.
Sin embargo, el presidente Lula no quiere tener el menor problema con los militares, quizá por el papel de las Fuerzas Armadas en su juicio y prisión. «La tutela militar sobre el gobierno civil permanece, no se ilusionen», dice Souza Alves. En efecto, Lula envió un mensaje a todos los ministerios para que no hubiera actos de memoria ni de recordación el 30 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de 1964.
