El intendente de Artigas, Pablo Caram, es un hombre poderoso. Con el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou y del hoy candidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, administró el departamento como su feudo personal. Las últimas elecciones internas consolidaron su imagen: su lista 2525 obtuvo 9.266 votos, el 71,9 por ciento del total de votos del Partido Nacional (PN) y más del doble que el Frente Amplio. Su fortaleza llevó a que definiera el nombre de su sucesora: la diputada Valentina dos Santos, su sobrina. Pero sus planes quedaron en stand-by.
Esta semana, Caram y Dos Santos fueron condenados por el escándalo en el pago irregular de horas extras en la comuna de Artigas, que también involucra a Rodolfo Caram –primo del intendente y exsecretario general de la comuna– y su esposa, Stefani Severo. La indagatoria del fiscal Federico Rodríguez determinó que Severo cobró, entre setiembre de 2021 y diciembre de 2022, 1,4 millones de pesos en horas extras y compensaciones irregulares; su esposo utilizó su posición de jerarquía para que esos pagos no quedaran registrados en la contabilidad. El matrimonio fue condenado por fraude.
El intendente, en tanto, fue condenado por un delito de «omisión del funcionario público de denunciar delitos». El fiscal consideró que Caram sabía sobre los pagos irregulares antes de que el tema saliera a la luz pública y que se presentara la denuncia penal, pero no hizo nada para evitarlo. En tanto, Dos Santos fue juzgada por «usurpación de funciones», ya que se autoadjudicó el cargo de directora general. Desde su puesto como diputada decidía quiénes ingresaban a la intendencia, en qué cargo, los límites de horas extras, las personas cesadas, las modificaciones contractuales, entre otras resoluciones. Los beneficiados eran punteros políticos o militantes de la lista 2525. Ninguno será enviado a prisión, ya que el acuerdo judicial sustituye la pena por libertad vigilada y trabajos comunitarios.
Con las cartas sobre la mesa, Dos Santos renunció al PN, mientras que el exintendente Caram solicitó ser sometido a la comisión de ética partidaria. El embrollo se produce porque Caram buscará ser electo diputado en octubre, mientras que Dos Santos pretende asumir el mando de la comuna –eso estaba previsto para hoy viernes–, lo que genera controversia en distintos ámbitos, incluso en filas blancas.
Los delitos imputados por la Fiscalía no incluyen la prohibición para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el artículo 80 de la Constitución establece la suspensión de la ciudadanía por sentencias que impongan pena de prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos. Según fuentes consultadas por Brecha, la Corte Electoral solo puede actuar en caso de ser notificada por el Poder Judicial; en ese caso, la suspensión de la ciudadanía es inmediata. Mientras eso no ocurra, Dos Santos y Caram gozan de todos sus derechos como ciudadanos.
El pago irregular de horas extras no fue la primera causa penal abierta por la gestión de Caram. En 2018, un edil colorado denunció irregularidades en el proceso de adjudicación de millonarias licitaciones de obra pública a tres empresas vinculadas directa o indirectamente con funcionarios de la comuna, entre ellos, el secretario general y ahora diputado Emiliano Soravilla. La junta anticorrupción concluyó que el intendente cometió faltas éticas en ese proceso, pero la indagatoria penal –a cargo del fiscal Raúl Iglesias– no avanzó. Cuando Caram se disponía a ser citado en esa causa, recibió el respaldo expreso del entonces presidente electo, Lacalle Pou, que participó del Carnaval de Artigas a su lado. «¿Qué opino sobre el tema de fondo? Es conocido cuál es mi respaldo al intendente Caram», dijo Lacalle Pou (véase «Nubes negras», Brecha, 28-II-20).
También fue acusado de nepotismo por designar en cargos jerárquicos a varios integrantes de su familia, incluida Dos Santos, que en el período anterior ejerció como directora general, un cargo creado para la ocasión, y que seguía ostentando desde su banca en el Parlamento (véase «Un gobierno entre todos», Brecha, 9-II-18).
Este jueves, Álvaro Delgado dijo sentirse triste, amargado y frustrado, «con sensaciones raras», por la situación, y valoró la decisión del partido al aceptar la renuncia de Dos Santos: «En esto hay que ser muy firme, lo que está mal, está mal […] es una irregularidad que no comparto. A uno puede gustarle o no gustarle, pero la decisión de la Justicia hay que acatarla». Además, planteó que «no es lo más adecuado» que asuma como intendenta, pero como ya no pertenece al PN no se puede incidir en su decisión: «Lo que vaya a hacer es a título personal». El presidente Lacalle Pou, en tanto, prefirió el silencio.
