Las instalaciones del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y la Prefectura Nacional Naval, ubicados en el puerto de Montevideo, fueron centros de detención ilegal en los que se sometió a decenas de personas a «actos tortuosos». Sus funcionarios «trataron de forma inhumana, cruel y degradante a decenas de hombres y mujeres que allí se hallaban recluidos en condiciones deplorables, bajo hacinamiento y aislados entre sí en ilegítima privación de libertad, sufriendo diversos actos arbitrarios y recibiendo importantes lesiones en sus cuerpos que trascendieron a todo el decurso de sus vidas».
Ante esto, la fiscal Sabrina Flores solicitó el procesamiento con prisión de nueve exoficiales de la Armada, incluidos el excomandante en jefe Tabaré Daners y los capitanes de navío Alex y Federico Lebel, hijos del contralmirante Óscar Lebel, fallecido en 2016, quien fuera destituido durante la dictadura. También fueron imputados los oficiales Felipe Viacaba, Fernando Lecumberry, Víctor da Silva, Héctor Corbo, Obdulio Amaro y Arturo Dini Olivera, exmédico militar en el FUSNA que fue expulsado del padrón del Sindicato Médico del Uruguay en el año dos mil (véase «El olvido imposible», Brecha, 11-XI-11). Para todos se pidió el cierre de fronteras. Además, la fiscal solicitó la extradición de Fleming Gallo –exintegrante del Partido Comunista que participó activamente en la represión y la tortura de sus antiguos compañeros– y del capitán de navío Jorge Tróccoli, la averiguación de paradero de los oficiales José Luis Pasadore y Eduardo Laffite, así como la citación a indagatoria de Walter Videla.
El expediente se abrió en 2012 tras la denuncia presentada por dos dirigentes sindicales. Los denunciantes y otras víctimas –hombres y mujeres– relataron los tormentos sufridos durante su cautiverio: «Pregunto por qué fui detenido y nadie me contesta. Entonces se me ocurrió cantar La marsellesa, […] lo que siguió fue una tremenda biaba de patadas y piñazos que me dejaron semiconsciente», narró uno de ellos.
«En muchas oportunidades fui castigado, una de ellas al sonar las sirenas un 25 de diciembre […]. Me dejaron inconsciente de una gran paliza que recibí, me dejaron en el patio durante toda la noche y durante un mes a rigor sin colchoneta. Esas sanciones a rigor eran habituales.» «Lo que me hicieron a mí no se les hace a los detenidos, parecen cosas de la Edad Media», afirmaron. Los testimonios señalan la participación en los interrogatorios con torturas del vicealmirante Hugo Márquez, jefe de la Armada entre 1977 y 1981. Para Flores, «en un número importante de dichos tormentos (golpizas, plantones, caballete, picana eléctrica, submarino y colgamientos) se excedió ostensiblemente el abuso de autoridad contra los detenidos, para lesionar y/o poner en riesgo la propia vida de las víctimas».
Esta no es la primera imputación contra Daners, quien fue comandante en jefe de la Armada entre 2004 y 2006, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En 2022, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó su procesamiento por torturas en el FUSNA contra seis ex presos políticos; afirmó que Daners –como juez sumariante– fue «una pieza clave en la represión desplegada en dicha unidad militar», ya que «con su silencio» avaló las confesiones obtenidas bajo torturas y que fueron utilizadas como prueba por la justicia militar para condenar a los detenidos (véase «Daners, Fleming y la tortura en el FUSNA», Brecha, 12-IV-22).
El FUSNA –dependencia creada en 1972– tuvo un rol relevante en la represión dictatorial, como centro clandestino de detención y tortura y por su vínculo con la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina. Allí operaba la Computadora, una agencia interna creada en 1976 que funcionaba en dependencias del S-2 (inteligencia militar) cuyo objetivo era sistematizar la información de los interrogatorios a los detenidos y analizar la situación de las organizaciones políticas consideradas enemigas, que incluyó la captación de colaboradores entre los detenidos (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).
