En 1974, la maestra Reina Reyes publicó Drama en la educación. Su prólogo comenzaba así: «El propósito que me anima al escribir este ensayo es luchar por una educación desalienante. Si, por limitaciones personales, no lo logro, disculpará el lector que lo que escribo tenga carácter de terapia para combatir la angustia que me crea la acentuada imposición de valores ajenos a la autonomía de la cultura en los pueblos de América Latina». El mismo impulso me alienta a titular este artículo al constatar el profundo daño que se ha hecho a la formación de los futuros educadores de nuestro país. No es cierto que los cambios que se han impuesto sean superficiales, intrascendentes y nominativos: la afectación ha sido profunda, radical y destructiva.
Reina indagó en las razones de la dramática situación de la educación en la dictadura de los setenta que hoy recobran vigencia: la falta de proteínas en la alimentación de los niños, el aumento de las desigualdades entre las clases sociales, el funcionamiento de las instituciones educativas, la escasez de fundamentos científicos para la labor docente, las carencias en la formación secundaria y la atención a los jóvenes, la persecución a docentes y estudiantes. Los últimos capítulos los dedicó a la formación superior, la formación permanente y la formación del educador, refiriéndose a esta última como la raíz del drama.
También hoy el drama de la educación radica en el deterioro, la desarticulación y la destrucción procesada en la formación de los educadores a partir de 2020. La «transformación educativa» afectó a todos los subsistemas de la educación pública, pero el más afectado ha sido la formación docente, lo que afecta al presente y tendrá consecuencias en educación inicial, primaria y secundaria.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se ha manifestado en contra de la existencia de una universidad de la educación «por ser fácil de colonizar políticamente». Hay que agradecerle este sincericidio intelectual en el que reconoce sus razones político-partidarias para oponerse a este reclamo histórico. Hay que avisarle al señor ministro que con universidad de la educación o sin ella la educación no es neutral, es un campo de disputa que busca un ideal de ser humano y un ideal de sociedad.
Si queremos educar personas libres, solidarias y autónomas, no alienadas –como planteaba Reina–, felices, defensoras de la cultura de la paz, activas en la democracia, con capacidad de analizar la realidad para transformarla, con capacidad de organizarse y trabajar colectivamente, con sensibilidad frente a las injusticias y las desigualdades, capaces de disfrutar del arte, la naturaleza y las creaciones humanas, capaces de defender y luchar por sus derechos, creativos y comprometidos con su tiempo, debemos impulsar esas mismas condiciones para la educación de nuestros educadores, y el ámbito ideal es una universidad que les permita desarrollar, en un entorno democrático, las funciones básicas: enseñanza con el correlativo aprendizaje, construcción de conocimiento mediante la investigación y aplicación-reconstrucción social del conocimiento mediante la extensión.
PÚBLICA, AUTÓNOMA Y COGOBERNADA
La idea del carácter universitario de la formación de los educadores tiene antecedentes: la iniciativa de Enriqueta Compte y Riqué en 1930 de crear una Facultad de Educación; la resolución del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de 1955 que aprobaba el claustro de los Institutos Normales como el órgano técnico y representativo de los órdenes docente, estudiantil y de egresados; la propuesta de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico en 1965 y el Plan Maggiolo en 1967.
La Asamblea Técnico Docente (ATD) de formación docente de 2001 plantea una carrera de cuatro años con docencia, investigación y extensión. En 2004, la ATD se denominó «Por una profesión docente superior», es decir, universitaria. En 2006, la ATD planteó la necesidad de crear una Universidad Nacional Autónoma de Educación. Desde 2008 se unificó la formación de los educadores mediante un proceso ampliamente participativo y democrático que culminó en la creación del Sistema Único Nacional de Formación Docente. Se comenzó en ese momento un proceso de transición a una formación universitaria. Se crearon seis comisiones; de ellas, una se ocupó de departamentalización, investigación, coordinación y extensión, y otra, de posgrados.
El nuevo diseño curricular puso énfasis en las ciencias de la educación con base en la ciencia social crítica, procurando la formación superior de profesionales de la docencia con una sólida formación pedagógica y en las materias a enseñar. Se instalaron los departamentos académicos y salas docentes locales y nacionales. Se financiaron proyectos de investigación de estudiantes y docentes, se concretó la titulación a partir de la defensa pública de la memoria de grado.
En 2010 se creó el Consejo de Formación en Educación (CFE) incorporando consejeros electos por el orden docente y el estudiantil. En 2014 se creó la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y las comisiones de carrera nacionales y locales, integradas por docentes, estudiantes y egresados de manera paritaria. En 2016 se creó el fondo CFE Investiga, en 2018 se creó el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación, un año más tarde, el Programa de Apoyo a la Extensión y en 2021, el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza Universitaria.
Todo este proceso de universitarización que hemos sintetizado en breves pinceladas constituyó un sólido trayecto hacia la educación superior. Como planteaba Reina, se buscaba la imprescindible fundamentación científica de la labor docente que se genera a partir de la tarea de investigación realizada por docentes y estudiantes.
EL PARÉNTESIS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
El proceso de desarticulación, desnaturalización y destrucción de los últimos cuatro años y medio abarcó diversas dimensiones: lo estructural, los fundamentos teóricos, lo académico y lo funcional; ellas operan en conjunto y producen una transformación que, contrariamente a lo que han señalado algunos actores de la actual oposición, es profunda y no consiste meramente en un superficial cambio de nombres.
En lo estructural, además de una significativa rebaja presupuestal, se afectó negativamente el proceso de democratización al eliminar de los órganos colectivos de conducción a los representantes electos por los docentes. Este cambio viene en un paquete promovido por los organismos internacionales de crédito y comercio.
En 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó el informe Revisión de recursos educativos-Uruguay, en el que se recomienda: «El primer paso que se debería tomar es concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas en un solo órgano que dirigiera el desarrollo de la política educativa. […] Una característica particular de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración conjunta institucionalizada del sistema educativo con los docentes. […] Por lo tanto, en la práctica, participan directamente del desarrollo de la política educativa. […] Esta participación directa de los docentes en la administración del sistema educativo es debatible, ya que, inevitablemente, existen intereses creados».
El señor ministro se alarma por una colonización inexistente, pero promueve entusiasta esta injerencia internacional en la política educativa nacional. También desde esos organismos se impone la visión técnico-instrumental basada en la educación por competencias para la formación del «capital humano». El Banco Mundial propone en sus «Competencias laborales en el siglo XXI»: «Para ser miembros productivos de la sociedad y estar aptos para el empleo, su educación los debe dotar de las destrezas que corresponden a las necesidades del mercado», y «los empleadores quieren trabajadores que posean conocimientos técnicos, destrezas comunicacionales, capacidad de trabajo en equipo y habilidades de análisis de problemas a través del pensamiento crítico».Esta última expresión, usada como señuelo, resignifica el sentido que las ciencias sociales dan al pensamiento crítico como herramienta transformadora y lo reduce a la tarea de «análisis de problemas». La exigencia de adhesión de las autoridades al Plan de Política Educativa Nacional viola la autonomía de los entes de enseñanza consagrada desde la época vareliana.
DESTRUCCIÓN ACADÉMICA
Se aprueban documentos contrarreloj, se desconoce la opinión de las salas docentes, de la ATD y de los estudiantes. Hay imposición, autoritarismo e improvisación para cumplir con plazos políticos. La orientación impuesta en el plan 2023 minimiza la formación en ciencias de la educación; desaparece el estudio pedagógico del sistema educativo, se reduce a un semestre la formación en historia de la educación y filosofía de la educación. También se desnaturaliza y desvirtúa el papel de la pedagogía al definirla como la «armonización de conocimiento y reflexión»: se pasa de dos cursos anuales a uno, con lo que se elimina el análisis pedagógico de las políticas educativas y el conocimiento profundo de la producción pedagógica nacional. Todo esto a pesar de que la pedagogía ha ocupado un lugar relevante en la formación de los educadores en Uruguay. En 1878, Francisco Berra, pedagogo que colaboró con José Pedro Varela, comenzaba así su curso: «“¿Cuál es el fin que debo realizar?” Esta debe ser la primera pregunta que ha de hacerse la persona que emprenda el magisterio».
Otra característica clave del actual período es la privatización. Las instituciones privadas de formación en educación son las únicas que otorgan título universitario, se las beneficia con becas del Estado, se les otorgan lugares de influencia en las definiciones de política educativa. Estas instituciones ganan espacio colonizando el campo de la educación con propuestas neoliberales y conservadoras.
Además, se instaló un sistema de acreditación que otorga el título de licenciado en Pedagogía con una prueba de múltiple opción que no tiene una coma de pedagogía.
Es insultante que el histórico reclamo de nivel universitario para la formación docente se sustituya con un mecanismo que no atiende las funciones propias de la tarea universitaria. La pregunta es: ¿qué funciones se evalúan con la prueba de acreditación impuesta por el Ministerio de Educación y Cultura y diseñada en Colombia para otorgar el título?
También se detuvo el proceso de universitarización, al desmantelar los cinco institutos académicos cuyos coordinadores fueron cesados. Tampoco han sido convocadas las salas docentes nacionales que, con los departamentos, dieron pasos en la construcción de comunidades académicas, abrieron líneas de investigación, hicieron publicaciones, abrieron oportunidades de posgrados.
Las Comisiones Nacionales y Locales de Carrera, compuestas por representantes de los tres órdenes, se descontinuaron y dejó de funcionar la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. En sustitución se impuso el plan 2023, que tiene algunas características muy negativas:
En oposición al plan 2008, en el que participaron 2.000 docentes, lo elaboró un reducido número de «expertos» que, como se pudo comprobar, usaron hasta el plagio para su elaboración. Se redujo la presencia de las ciencias de la educación; se introdujo el aprendizaje por competencias, mecanicista, acrítico y alienante; se crearon unidades de docencia directa que obligan a los docentes a elegir materias para las que no se formaron ni concursaron con el fin de completar una carga horaria de entre diez y 40 horas.
En lo funcional, este año se han hecho 300 llamados abreviados, mecanismo excepcional para la designación de docentes interinos, en los que el director de instituto elige a los aspirantes que presenta. La paradoja es que se llamó a concurso a direcciones de institutos consolidando efectividades que, si bien son a término, obstaculizan la posible instalación del cogobierno. Se ha apelado a la designación directa de mentores, dinamizadores y asesores como responsables de la estructuración e imposición del nuevo plan fuera del ordenamiento escalafonario. Se ha afectado negativamente la situación funcional de centenas de docentes que han quedado sin horas por efecto del cambio curricular.
A su vez, se produjo una caída de casi un 47 por ciento en la cantidad de estudiantes que se inscriben por primera vez en las diferentes carreras de formación docente. De ellos, muchos abandonan en el primer año. Reina Reyes abre las palabra finales de su libro con esta idea de Bertolt Brecht: «Lo penoso abre caminos».
PROPUESTAS PARA ABRIR CAMINOS
Las primeras medidas del próximo gobierno deberían tender a recuperar la autonomía de los entes de la educación y el clima de participación. Para ello habría que analizar la modificación y la derogación de varios artículos de la ley 19.889. La Universidad de la Educación requiere una ley orgánica breve que deje a sus órganos la tarea de definir los títulos de grado y posgrado que otorgará y determine su estructura académica y funcional sobre la base de los actuales institutos y centros del CFE. Para ello se debería crear una comisión a partir de la ATD del CFE, con participación de las otras ATD, que establezca los lineamientos generales con los asesoramientos y los apoyos que necesite. También debería contar con el aporte de las actuales consejerías electas del CFE y los representantes gremiales de docentes, funcionarios y estudiantes.
Esa universidad debería estar atenta a que en formación docente el contexto de producción y el contexto de reproducción se superponen, y debería operar en condiciones de igualdad con las otras existentes, no tutelada por otros entes autónomos ni el Poder Ejecutivo. La planificación, coordinación y complementación deberá posibilitar la práctica docente y nutrirse de la elaboración democrática y participativa del Plan Nacional de Educación.
En lo inmediato, habría que explorar alternativas para sustituir un consejero político por un egresado en el CFE y darle la mayor autonomía posible. El derrotero hacia el logro de una universidad de la educación es inevitable, tardará más o menos, pero es seguro. Para ello, una herramienta fundamental es el Movimiento Nacional a Favor de la Formación Pública y Universitaria de Docentes y Educadores Miguel Soler, creado en 2021.
