A pocas horas del comienzo de las festividades navideñas, el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) aprobó, por mayoría, el borrador del decreto reglamentario de la nueva ley de medios (n.º 20.383). La resolución se adoptó por mayoría, por dos a uno, con el voto contrario del director en representación del Frente Amplio (FA), Pablo Siris, quien cuestionó la celeridad del proceso y la ausencia de informe técnico-jurídico que avale su contenido.
En efecto, el 16 de diciembre el organismo regulador recibió una nota de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria en la que se le pedía elaborar un borrador del decreto para ser estudiado por el Poder Ejecutivo. Dos días después, un grupo de trabajo de la URSEC –cuya designación no fue aprobada por el directorio– presentó el texto que finalmente fue aprobado por los directores oficialistas cinco días después, el 23, a tapas cerradas, sin debate. Ese mismo día, el expediente fue enviado a la Dinatel para su eventual aprobación.
Según Siris, el problema radica en la celeridad más que en el contenido: «Lo negativo es la propia ley». «Es una normativa que al no tener informe termina siendo caprichosa y apresurada […]. Yo hice mis observaciones en contra, y la respuesta [de la mayoría] fue que se la habían pedido. Ninguno de los temas de fondo fue considerado», afirmó. Además, señaló como inevitable que en el próximo gobierno exista un «redebate» sobre algunos aspectos de la ley (MVD Noticias, 14-I-25).
La posibilidad de introducir cambios a la ley de medios es compartida por la bancada frenteamplista. Si bien aún no existió un intercambio formal entre los legisladores –en virtud del receso de verano–, «este es uno de los temas que estarán sobre la mesa como prioridad», confiaron fuentes legislativas a Brecha. Sin embargo, el corazón de la norma, el ingreso de los privados en el multimillonario negocio de la venta de servicios de internet, parece difícil de desandar. Las empresas ya tienen «derechos adquiridos».
PODER CONCENTRADO
Gustavo Gómez, director de Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia) y exjerarca de la Dinatel en el segundo período del Frente Amplio, evaluó que la mayor sorpresa pasa por la rapidez del proceso de reglamentación, ya que en cuanto a su contenido «no hay nada que rompa los ojos». Sin embargo, el texto aprobado por la URSEC tiene algunas incongruencias con la ley de medios aprobada por la coalición multicolor y algunos aspectos en los que se avanza más que los límites dados por la propia norma.
Entre otras cosas, el borrador crea una nueva licencia de servicios de comunicación audiovisual («licencia E»), fija un nuevo tipo de sanción para los licenciatarios (la revocación parcial del uso espectro) y otorga al Poder Ejecutivo la potestad de ampliar por vía administrativa el área de servicio para las empresas de televisión paga alámbrica (los cableoperadores).
Para Gómez, esto último excede «la ley y las reglas de juego», ya que habilita, por ejemplo, que una empresa que tiene una licencia de televisión por cable para Montevideo pueda ampliar su servicio hasta Paso Carrasco, La Paz o Delta del Tigre, por vía administrativa, sin tener que pasar por un llamado público para brindar el servicio y afectando la competencia con los cableoperadores de esas localidades. «Y como esto no tiene límite puede ser cualquier cosa», afirmó Gómez a Brecha.
Una de las incongruencias entre el borrador de URSEC y la ley está referida al control societario de los medios de comunicación. La nueva ley amplió los límites de propiedad de medios porque estableció que las personas físicas, personas jurídicas o grupos económicos podrán tener hasta cinco licencias de radio en la zona metropolitana y seis en el resto del país, un cambio que benefició a los tres grandes grupos empresariales del espectro radial uruguayo, Carve, Magnolio y Sarandí (véase «Los dueños del dial», Brecha, 11-X-24).
Sin embargo, la reglamentación de la URSEC no hace ninguna referencia al concepto de grupo económico, que es clave en el objetivo de evitar la formación de oligopolios en los medios de comunicación. «Es un olvido llamativo. Incluso Cabildo Abierto y el Partido Colorado insistieron mucho para que se mantuviera este concepto. El reglamento no avanza en nada en cómo se determina la existencia de un grupo económico. Se viola el espíritu del legislador», analizó Gómez.
Otra incongruencia es la reincorporación de las consultas y audiencias públicas en los llamados para adjudicar licencias de servicios de comunicación. «Yo estoy de acuerdo en que haya consultas y audiencias públicas –puntualizó el especialista–, pero los legisladores que apoyaron esta ley no lo querían. En forma expresa, eliminaron todo principio de participación ciudadana y de transparencia en la adjudicación de las licencias. O sea, la reglamentación va en contra del espíritu de la ley.»
Además, la URSEC omitió avanzar en asuntos que son estrictamente reglamentarios. Por ejemplo, el borrador define claramente el concepto de música de origen nacional para que se cumpla con el mínimo de 30 por ciento fijado por ley para las radios de Montevideo y el área metropolitana, pero no avanza en la regulación prevista para los canales de televisión abierta. Por ley, al menos el 60 por ciento de la programación total emitida por los canales de Montevideo y la zona metropolitana «deberá ser de producción o coproducción nacional», pero la URSEC no define qué significa o qué se entiende por producción audiovisual nacional. «Se perdieron la posibilidad de fijar las reglas de juego, y sin reglas claras la URSEC no podrá controlar», lamentó Gómez. Tampoco existe una definición sobre los derechos de la audiencia ni quién controla o sanciona los abusos que cometan los medios, por ejemplo, en los contenidos difundidos durante el horario de protección al menor.
DERECHOS ADQUIRIDOS
Los primeros beneficiados en recibir la licencia clase B –para transmisión de datos y venta de internet– fueron los cables de Montevideo (Monte Cablevideo SA, TCC y Nuevo Siglo), propiedad de los tres canales privados de televisión abierta, que tenían una sentencia de inconstitucionalidad a su favor de la Suprema Corte de Justicia (véase «Una gauchada», Brecha, 17-VI-22). Más tarde, un artículo de la rendición de cuentas de 2022 desmanteló el monopolio de ANTEL en el servicio de transmisión de datos creado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o ley SCA y les abrió a los privados las puertas a un negocio de más de 500 millones de dólares.
En las últimas semanas, el gobierno continuó con el otorgamiento de licencias a los cableoperadores del interior; los últimos beneficiados fueron Cable Visión Soriano SA y Bella Vista SRL (Paysandú). Al cierre del año, en tanto, la URSEC otorgó media docena de habilitaciones para que empresas con licencia autorizada comiencen a prestar el servicio. Según informó Búsqueda (16-I-24), más de 50 empresas de televisión por cable obtuvieron la licencia y 15 ya están brindando el servicio de internet. Entre quienes brindan servicio están los cables propiedad de Cablevisión-Flow (del grupo argentino Clarín) en Salto, Rivera y Paysandú. Los cables de Montevideo ofrecen, por ahora, el servicio en el barrio La Blanqueada, con la posibilidad de extenderlo a otras zonas de la capital.
En este escenario, el gobierno electo deberá transitar con cautela si pretende impulsar eventuales cambios en la ley de medios. La coalición de izquierda podría intentar negociar nuevos márgenes sobre la concentración de empresas –reduciendo la cantidad de licencias habilitadas para los medios–, reflotar el pago de un canon por uso del espacio radioeléctrico, reincorporar a la sociedad civil en las tareas de controlar sobre la adjudicación y la transferencia de licencias o prohibir la propiedad de los medios de comunicación en manos de extranjeros. Se tratan, todas ellas, de medidas tendientes a evitar la concentración y favorecer la democratización del sistema de medios en Uruguay, que podrían ser aprobadas si se obtuvieran los consensos en el ámbito legislativo.
En entrevista con MVD Noticias, Siris apuntó que todos estos temas son relevantes: «En democracia debería preocuparnos mucho que haya algunos pocos grupos empresariales muy gordos y que el resto de los medios esté penando por una pequeña [cantidad de] publicidad oficial». Pero la adjudicación de licencias clase B a los cableoperadores parece improbable de revertir. «El daño ya está hecho», resumió un dirigente frenteamplista a Brecha.
Todos los actores coinciden en que el nuevo modelo de negocios producirá beneficios directos para el sector privado e impactará en las arcas públicas. En su momento, el director de ANTEL en representación del FA, Daniel Larrosa, estimó que habilitar la participación de privados en el negocio de venta de internet provocaría pérdidas de entre 50 y 76 millones de dólares por año para ANTEL, es decir, un tercio de las ganancias del ente de las telecomunicaciones (véase «La joya de la corona», Brecha, 17-IX-21). Como forma de atenuar las pérdidas, el gobierno apuntó a la firma de acuerdos para el arrendamiento de fibra óptica a los cableoperadores del interior, pero de momento no existe ningún acuerdo sobre la mesa, relataron fuentes de la empresa al semanario. Las empresas que están vendiendo el servicio lo hacen con sus propias redes o en acuerdo con Claro y Movistar, las dos competidoras de ANTEL en telefonía celular.
Gómez comparte que regresar al estadio anterior del negocio resultaría complicado: «Desde el punto de vista legal, el futuro gobierno puede modificar el actual decreto y, en caso de obtener los votos en Diputados, también podrá modificar una parte, toda o derogar completamente esta ley de medios. El problema está en las licencias otorgadas, no en la normativa. Ya se han generado derechos adquiridos». El experto indicó que las empresas beneficiadas tienen expectativas fundadas en cuanto a sus ingresos y algunas ya efectuaron inversiones para vender servicios de internet, por lo que, en su opinión, «no sería conveniente» revertir las licencias ya otorgadas en virtud de los juicios civiles que puede enfrentar el Estado. «El gobierno electo podrá no otorgar nuevas licencias o modificar la legislación hacia adelante, pero hacia atrás es difícil», insistió.
El foco de atención está ahora en qué pasará con las eventuales licencias de internet al hogar para los grandes jugadores del mercado: Direct TV, Claro y Cablevisión-Flow en Montevideo. Las tres empresas están interesadas en ingresar directamente al negocio y solicitaron acceder a la licencia clase B, pero hasta ahora el gobierno ha estado reticente en otorgarla. «El escenario más complejo para ANTEL sería que estas empresas extranjeras obtengan la licencia; estas empresas sí que mueven la aguja del negocio», valoró Gómez. En caso de que el gobierno no adopte una resolución en sus últimos 40 días de gestión, la decisión quedará en manos del presidente electo, Yamandú Orsi, que podrá trazar las líneas de la política de telecomunicaciones de los próximos años.
Esta decisión coincide con otro proceso que se desarrolla en forma paralela: este año, la Asociación Uruguaya de Fútbol licitará los derechos de televisión del fútbol uruguayo, que desde 1998 están en poder de la empresa Tenfield. En los últimos meses, el organismo rector del fútbol nacional mantiene negociaciones con diversos interesados en acceder al negocio, entre ellos, el Grupo Magnolio, en una negociación que incluye el holding de los canales de televisión privada de Montevideo –Saeta TV (Canal 10), Sociedad Televisora Larrañaga (Canal 12) y Monte Carlo (Canal 4)–, que aportarían capital, su infraestructura como cableoperadores y la licencia otorgada por el gobierno para vender internet (véase «Cotas de poder», Brecha, 20-IX-24).
Actores del gobierno electo siguen con atención este proceso, ya que la definición podría tener un impacto en todo el sistema y sobre todo en ANTEL, que vería cómo tres competidores –los cables de Montevideo que actúan en forma consorciada– se quedarían con uno de los negocios más redituables del país. Una muestra del valor del producto está en los números de la propia empresa estatal: el acuerdo entre ANTEL y Disney+, que tiene los derechos del fútbol uruguayo para el formato de streaming, alcanzó los 126 mil usuarios con contrato. En caso de que los cables de Montevideo avanzaran sobre el negocio del fútbol, sumarían un contenido clave a su grilla de programación, que podría distribuirse en paquetes con televisión por cable y servicio de internet. Un negocio redondo.
