Los réditos del poder - Semanario Brecha
La impunidad a sus anchas en el Perú de Boluarte y Fujimori

Los réditos del poder

La mitad de los congresistas peruanos son investigados por corrupción. Como respuesta, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido emprender una campaña de persecución contra la fiscalía, mientras el oficialismo conservador, con Keiko Fujimori a la cabeza, congela el principal espacio de memoria del país y blinda a los violadores de derechos humanos.

Keiko Fujimori Red social X de Keiko Fujimori

La hija mayor de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, quien concentra el poder político en Perú pese a que gobierna nominalmente Dina Boluarte, logró un objetivo más hacia la impunidad que persigue desde la década pasada. Dos de los tres magistrados que la juzgan junto con más de 30 coacusados –por organización criminal y lavado de activos– anularon las 34 sesiones del juicio oral que empezó en julio. Además, el Ministerio de Cultura despidió arbitrariamente este mes al director del centro cultural estatal donde convergen testimonios de las víctimas del período de violencia 1980-2000.

Las fuertes arremetidas del fujimorismo y sus aliados desde la segunda vuelta electoral de 2021 son posibles porque los políticos de derecha y extrema derecha investigados o procesados por corrupción han articulado sus intereses con personajes clave en el sistema de justicia y en el Ejecutivo. Boluarte y algunos de sus exministros enfrentan denuncias constitucionales por graves violaciones a los derechos humanos e investigaciones fiscales por corrupción. Nicanor Boluarte, hermano de la gobernante, está prófugo mientras es investigado por tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. En mayo de 2023, parte de la bancada de Vladimir Cerrón, un político leninista otrora aliado de Pedro Castillo sentenciado por corrupción, se trepó al pacto de votos a cambio de impunidad: colocaron como defensor del pueblo a un exabogado de Cerrón. Usaron la entidad para emplear a sus afines y en términos prácticos la desmantelaron.

El poder político y económico en Perú está lleno de personajes a quienes les conviene obstaculizar la acción de la Justicia. Por ello, han arreciado las campañas de desinformación y hostigamiento contra dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato que llevaron a juicio a la cúpula fujimorista y que en 2024 lograron la condena contra el expresidente Alejandro Toledo.

La actual fiscal general, Delia Espinoza, impide a los fiscales declarar a la prensa para defenderse de los bulos, así como informar sobre los juicios en los que representan a la sociedad agraviada. Y, peor aún, en diciembre formalizó contra uno de los fiscales del Lava Jato asediados, José Domingo Pérez, una investigación fiscal basada en denuncias de políticos de derecha y medios afines. El vocero del Ministerio Público fue consultado para este informe, pero se excusó de responder.

Espinoza está también presionada: más de 60 congresistas que pertenecen a las bancadas del régimen están bajo investigación fiscal por corrupción, y por ello el parlamento fustiga a los fiscales en general; además, el año pasado dos legisladores presentaron denuncias constitucionales contra Espinoza. La fiscal general interrogó a Boluarte la semana pasada por la undécima investigación fiscal: a la presidenta le incomoda responder a los interrogatorios, pero el ajustado presupuesto del Ministerio Público depende del Ejecutivo y del Congreso.

UN JUICIO ANULADO AL MARGEN DE LA LEY

El Tribunal Constitucional actual fue elegido en 2022 por el Congreso de mayoría fujimorista y sus aliados de derecha y extrema derecha. En julio del año pasado, cuando empezaba el juicio a Keiko Fujimori y casi 40 coacusados en el caso Lava Jato, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que los abogados de la cúpula fujimorista confiaban en el Constitucional para anular el juicio. Y ocurrió. En agosto, ese colegiado excluyó del proceso, por obstrucción a la justicia, a uno de los abogados más poderosos del país, Arsenio Oré. Y, en diciembre, excluyó al empresario y exministro fujimorista José Chlimper, acusado de organización criminal y lavado de activos. El argumento fue que el exsecretario general de Fuerza Popular no podía defenderse de una «acusación sorpresiva», pese a que el control de acusación duró más de tres años. Con esos insumos, los abogados de los 33 acusados restantes pidieron anular el juicio.

En la audiencia del 13 de enero, los jueces leyeron sus decisiones. Dos acordaron anularlo, una de ellas, la presidenta del juzgado, Juana Caballero. La jueza Nayko Coronado se opuso porque no se cumplía ninguna de las condiciones previstas por ley para suspender o retrotraer un juicio instalado, en fase probatoria, luego de 34 sesiones en las que habían declarado 35 testigos. Dijo que la anulación del juicio no tenía «fundamento normativo ni mandato judicial superior» y vulneraba los principios de legalidad y debido proceso. Explicó que la decisión del Tribunal Constitucional sobre Chlimper no tenía por qué hacerse extensiva a otros 33 acusados para quienes la acusación y el auto de enjuiciamiento señalaban imputaciones específicas individuales.

En este caso, Fujimori y los coacusados no solo tuvieron como aliado al Tribunal Constitucional. La magistrada Caballero no presidía el Tercer Juzgado Penal Colegiado en el momento en que fue convocado el juicio a Keiko Fujimori, sino la jueza Coronado, conocida por su rectitud. Caballero, en cambio, había sido investigada por liberar a una banda dedicada al narcotráfico: dicha pesquisa la archivó en 2023 un fiscal investigado por corrupción. Pero en marzo de 2024, sin motivo, Caballero fue trasladada al Tercer Juzgado que investigaría a Fujimori, y por antigüedad recayó en ella la presidencia de la sala y la conducción del juicio. El entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, fue entre 2022 y 2024 otro socio del régimen autoritario.

PODERES FÁCTICOS VERSUS EL DERECHO

Tras la anulación del juicio, los abogados de los acusados y de testigos –pero también Boluarte– cuestionaron a los fiscales del Lava Jato con el mismo guion. La mandataria dijo que no hay nadie preso pese a que los fiscales gastaron miles de soles en viajes a Brasil para tomar declaraciones y puso en duda el pago de la reparación civil adeudada por la empresa Odebrecht. «¿Esos viajes a Curitiba, a San Pablo, ese dinero invertido en nada de qué sirvieron a la población? A ver si estas nuevas autoridades de la fiscalía se ponen firmes con esos fiscales que no han hecho bien su labor», exclamó la funcionaria en una actividad pública el viernes pasado.

Boluarte ignoró que el equipo de fiscales del Lava Jato consiguió en octubre la condena por más de 20 años de prisión para el expresidente Toledo por recibir sobornos de Odebrecht relacionados con la construcción de una carretera. Luego de los dichos de la presidenta, la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó que cobró el 31 por ciento de la reparación civil impuesta a Odebrecht. La transnacional brasileña debe pagar al Estado peruano 610 millones de soles (164 millones de dólares), de los cuales, desde 2019, ha abonado 190 millones (51 millones de dólares). La procuraduría informó también que los intereses legales ascienden a unos 40 millones de dólares.

Consultado por Brecha, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado criticó a quienes se quejan del gasto estatal en ese litigio. «No toda batalla contra la impunidad termina bien. ¿Cómo va a terminar bien si quienes están procesados tienen el poder económico y el poder político? En Guatemala, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad [FEI] tuvo que exiliarse. La FEI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala gastaron millones más que en Perú y no continuaron porque no hubo buena fe de sus autoridades. Eso no descalifica la lucha anticorrupción contra los poderosos», explicó Maldonado. Para el abogado, la gran pregunta es si el Estado peruano está en capacidad de procesar a los poderosos. «Creo que no», afirmó. Maldonado sostiene que la anulación del juicio no es un asunto de debate jurídico. «Es una cuestión de poderes fácticos, no se trata del derecho. Si [los abogados de los enjuiciados] creían que la acusación era débil, ¿por qué se obstinan en dinamitar la fase del juicio con la complacencia de un tribunal?», agregó.

De manera similar, la jurista y profesora de Derecho Constitucional Beatriz Ramírez considera arbitrarias las decisiones recientes del Tribunal Constitucional que sirvieron para que el litigio retrocediera. «Han tomado decisiones que contradicen su propia jurisprudencia previa, por ejemplo, el criterio previo bastante asentado de que solo se pronunciaban en casos cerrados en el Poder Judicial», comentó Ramírez.

El fiscal José Domingo Pérez impugnó la anulación del juicio y el recurso fue aceptado el viernes 17, por ello una sala de apelaciones dirimirá finalmente la cuestión. Mientras tanto, Pérez sigue bajo ataque de los medios, políticos y turbas extremistas.

LA MEMORIA SELECTIVA SOBRE LA VIOLENCIA

En la década del 90, el régimen de Alberto Fujimori gobernó en alianza con las Fuerzas Armadas, pero entre octubre y noviembre de 2000, el autócrata y su asesor Vladimiro Montesinos huyeron del país debido a la difusión de videos que probaban la corrupción del gobierno. Entre 2009 y 2010, fueron sentenciados a 25 años de prisión a causa de las masacres cometidas por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado en ese gobierno. Luego fueron condenados por más delitos, como robo, enriquecimiento ilícito, secuestro y otros crímenes de lesa humanidad.

La alianza entre los grupos políticos conservadores y los militares se ha mantenido desde entonces. El fujimorista Fuerza Popular ha sido instrumento de los intereses de violadores de derechos humanos, proponiendo leyes de amnistía desde los años noventa hasta 2024, y ha buscado la excarcelación de militares condenados por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos en el período 1980-2000. Varios militares que actuaron en bases contrasubversivas son o han sido parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País.

En 2024, esos grupos han aprobado normas en el Congreso que eliminan la detención preliminar y la prisión preventiva de policías que hayan causado muertes con sus armas de reglamento y determinan la prescripción de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del orden (o por grupos terroristas) antes de 2003. Sostienen desde los años noventa que en Perú solo hubo terrorismo de parte de los guerrilleros y que los militares y los policías fueron «salvadores» o «pacificadores».

A inicios de enero, el régimen autoritario dio un paso más para la memoria selectiva. El Ministerio de Cultura despidió intempestivamente al historiador Manuel Burga, quien desde 2018 dirigía el Lugar de la Memoria (LUM), el principal museo y centro cultural dedicado al período de la violencia 1980-2000, que dejó unas 69 mil víctimas, el 75 por ciento de ellos civiles, indígenas y pobres. Burga no aceptó presiones en 2023 y 2024 de congresistas fujimoristas o aliados políticos ni de militares jubilados que querían un guion museográfico que consagrara a las fuerzas del orden como victoriosas y salvadoras, evitando mencionar las masacres de civiles.

El reemplazante es un arqueólogo próximo a Alianza para el Progreso, grupo político del gobernador regional César Acuña, que hace parte del régimen. El nuevo director encargado carece de experiencia en gestión, justicia transicional o memoria de la violencia. Tan pronto asumió, a través de terceros canceló sin motivo cada actividad programada para enero, quitó autonomía al personal del LUM para publicar en la web o las redes sociales y exigió entregar las contraseñas al Ministerio de Cultura. Una de las actividades canceladas era un recorrido guiado por familiares de ocho periodistas asesinados el 26 de enero de 1983 por campesinos en Uchuraccay, región Ayacucho. Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, terroristas de Sendero Luminoso asesinaron al presidente de esa comunidad y otro comunero a fines de 1982, porque se oponían a los subversivos. En enero de 1983, los uchuraccainos mataron a cinco terroristas y fueron felicitados por los militares y el presidente por su patriotismo. Tres días antes de que llegaran los hombres de prensa a Uchuraccay a indagar sobre otras matanzas, los campesinos recibieron la orden policial de matar a cualquiera que llegara a pie. «Los buenos llegan por aire», dijeron.

Este año tres exposiciones temporales iban a documentar la represión letal contra las protestas 2022-2023, las esterilizaciones forzadas en el régimen de Fujimori y los 40 años de Accomarca, una de las peores masacres cometidas por el Ejército, durante el primer gobierno de Alan García. Los organizadores y la prensa han pedido al LUM y al Ministerio de Cultura confirmar si las exposiciones siguen en pie, pero no tienen respuesta.

Juan Salazar trabajó durante un año en un documental sobre el LUM para proyectarlo al inicio de 2025, pero la nueva administración le cerró las puertas.

De todos modos, la memoria se abre paso por otras vías: por ejemplo, la comunidad de Huaynacancha (vecina de Uchuraccay) publicó en diciembre el libro 17 de mayo, el otro Uchuraccay. Memoria para el allin kawsay con la editorial Casa de Cartón. El texto recoge los testimonios recopilados en una asamblea comunal acerca de la masacre que causó Sendero Luminoso en 1983 después de que la población los rechazó. «Casi nadie nos conoce. Uno que otro estudioso dice apenas alguito, pero nada más. Por eso este libro lo contamos nosotros», refieren los autores. 

Artículos relacionados

Perú: La «beatificación» del dictador Alberto Fujimori

La muerte del fundador

El proceso contra Keiko Fujimori inicia con ella en lo más alto del poder

Juicio a una empoderada

La nueva presidenta en Perú y una crisis política que nunca acaba

El harakiri de Castillo

La derecha peruana insiste en desconocer los resultados de la elección

Reflejo golpista

La victoria en suspenso de Pedro Castillo

Con lo justo