El lirio amarillo (Iris pseudacorus) es una planta nativa del Viejo Mundo que entró a los humedales de Carrasco de la mano de quienes quisieron domar sus aguas construyendo canales e incluso soñaron desecarlo. La planta se aquerenció y prosperó. Pero lo hizo a costa de un vecino que siempre había estado ahí, la espadaña, Cyperus giganteus para los botánicos, piripiri-wasú para los guaraníes, que saben tejer esteras con su fibra. Cuando, hace 20 años, los biólogos Alejandro Brazeiro y Sebastián Horta publicaron su artículo «Bañados de Carrasco: un zoom en las invasiones biológicas», el lirio ya había logrado apoderarse del 90 por ciento del humedal.1
Cuando se comenzó a tomar conciencia del valor ambiental de aquel espacio que antes cargaba con todas las connotaciones negativas del término pantano, cuando se empezó a entender la necesidad de preservar su biodiversidad, el intento de controlar aquella planta invasora se topó con un obstáculo: «Muchos vecinos planteaban que es fenomenal esa flor amarilla que da», contó el arquitecto Juan Alves, del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República.
De alguna manera, esto ilustra cierta idea de la naturaleza con la que se ofrece convivir en los renders que publicitan las urbanizaciones cerradas, que ahora pululan en la zona. «Me interesan los flamencos, las garzas, pero sacame las ranas y los cangrejos», ironizó el arquitecto, en referencia a los paisajes que aparecen en las imágenes paradisíacas que promocionan proyectos inmobiliarios.
En la tesis de doctorado que prepara, Alves propone que «se viene dando un proceso de acaparamiento de los humedales, ecosistemas con funciones ambientales muy importantes, que estaban habitados por personas que habían encontrado allí recursos para vivir y pasaban bastante desapercibidas, pero que ahora empiezan a ser expulsadas para generar espacios de privilegio, espacios que prefiero llamar urbanizaciones cerradas y no barrios privados, porque creo que la idea de barrio está asociada a la de un espacio común, compartido, de intercambios, y no a los cercamientos que estas urbanizaciones establecen», explicó.
La historia que el arquitecto reconstruye empieza al oeste de Montevideo, al otro lado del puente de fierro sobre el pajonal de la canción de Zitarrosa, con la marina de Santa Lucía, inaugurada en 1992; «la primera urbanización privada náutica de nuestro país», según la presenta la página del Estudio Lecueder.
Desde allí, la pesquisa de Alves sobre estos cambios en el territorio se prolonga hacia el este, hasta el realojo de los pescadores del asentamiento El Placer, en la barra del arroyo Maldonado, donde está en curso la construcción de un «picódromo» sobre sus humedales. Humedales rellenados con los escombros salidos de la demolición del Kennedy, otro de los desplazamientos generados por esta «puesta en valor» del entorno de la avenida Aparicio Saravia, «un proceso en el que la contradicción marxista entre el valor de uso y el valor de cambio se resuelve siempre a favor del valor de cambio», observó el arquitecto.
Y en medio de ese trayecto está Santa María Eugenia, sobre el bañado de Carrasco, uno de los 50 asentamientos más populosos del departamento de Montevideo, con 771 habitantes, según los registros de la intendencia. Hace dos semanas Brecha narró cómo –tras un juicio iniciado hace una década– la empresa Monte Platino logró que los títulos de propiedad que obtuvo en 2010 valieran más que el derecho generado por las familias del barrio, que en algunos casos llevan medio siglo en el lugar (véase «Sobre el voto de obediencia», Brecha, 14-II-25).
Como la familia de Sonia da Silva, la fundadora. Su testimonio permitió que la nota sugiriera lo duro que había sido sostener en aquel páramo la ocupación ininterrumpida, pacífica y «con ánimo de dueño» que la ley exige para vivir en un sitio. Pero los argumentos de los vecinos fracasaron.
LA CAUSA
Leonardo Frontora, que integró la comisión creada cuando, en 2016, los vecinos empezaron a recibir las intimaciones de desalojo, resumió su visión del litigio caminando por el barrio la tarde del miércoles: «No se podía comprobar que hace más de 30 años que estábamos acá. Hicimos de todo. Yo me dediqué a conseguir los certificados de inscripción de los gurises en la escuela. Pero acá no había servicios y nunca pagó nadie nada. Entonces peleamos por la prescripción con cinco años de ocupación que hay en la ley de ordenamiento territorial [número 18.308]. Nos fuimos al centro con todo el barrio para plantear la situación, pero ya se sabe que el derecho de propiedad nunca se pierde, más si los dueños tienen las cuentas al día».
Los abogados de Monte Platino usaron también otro argumento en el alegato presentado el 1 de setiembre de 2016. La ley 18.308 también exige que el predio que los ocupantes reclaman tenga «aptitud de ser urbanizado de acuerdo con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable».
Y, como dice el alegato, «si se realiza la consulta en Cartografía de la Intendencia de Montevideo [IM], de los cuatro padrones objeto de autos, surge que se trata de zonas categorizadas como rurales y subcategorizadas como suelo rural de interfase». Esto significa que se trata de territorios sujetos a las restricciones establecidas en el decreto 34.870 de las directivas departamentales, que en su artículo decimotercero dispone que «el suelo categoría rural queda, por definición, excluido de todo proceso de urbanización y fraccionamiento con propósito residencial».
«Pero además», sigue diciendo la argumentación de los representantes de la empresa, «a juicio de la intendencia, dicha zona ni siquiera tiene atributo potencial de ser transformable». Las áreas con tal atributo, de acuerdo al mismo decreto, «podrán transformarse de su categoría original, hacia la indicada como categoría final mediante el correspondiente programa de acción integrada. Hasta que no tenga aprobación el programa de acción integrada que habilite la transformación del suelo, el mismo se mantendrá sometido a las determinaciones de la categoría inicial», insiste la norma.
Incluso las carencias soportadas por los vecinos de Santa María Eugenia se transformaron en una prueba contra su reclamo en la interpretación de las normas de ordenamiento de los abogados de Monte Platino. El artículo 284 de la ley de rendición de cuentas de 2013 había establecido que «no tendrán aptitud de ser urbanizados los predios que al menos no se encuentren dotados de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público».
Y, como añadía triunfalmente la pieza de los abogados, resulta que todo eso faltaba. No lo decía Monte Platino, lo decía el informe que el defensor del vecino había presentado en la causa con objeto de poner en evidencia las privaciones que padecía el barrio y los esfuerzos que se hacían para superarlas.
Será interesante ver cómo se adecua la retórica ahora que Santa María Eugenia ya no se interpone entre Monte Platino y su proyecto de construir en esos padrones una urbanización cerrada. Así se anunció que ocurría –al menos hasta julio de 2021– en la página de los desarrolladores Lamorte y Asociados.2
Como los abogados de la empresa ya demostraron que saben, ahora solo se trata de que la junta departamental apruebe un programa de acción integrada. Hay antecedentes sugestivos. El Programa de Actuación Urbanística del Sector 10, Norte de Camino Carrasco, aprobado el 21 de diciembre de 2000 y redactado, según rezan sus fundamentos, «a iniciativa de los propietarios del sector», transfiguró de rural a urbano o potencialmente urbanizable 458 hectáreas muy cercanas a Santa María Eugenia. Eso hizo posible que allí se desarrollaran las urbanizaciones privadas San Nicolás, Los Olivos y Ombúes del Polo.
LA COLMENA
Leonardo Frontora ya no vive en los padrones de Monte Platino, como lo siguen haciendo unas 200 familias bajo el régimen precario del comodato impuesto por la empresa.
El vecino tampoco pertenece a uno de los 61 hogares cuya reubicación fue priorizada por el convenio firmado el 31 de enero de 2020 entre el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la IM, por estar en un área inundable del asentamiento.
Leonardo y su familia se mudaron a un padrón contiguo a los de Monte Platino, a una de las 42 viviendas que hoy se agrupan bajo el nombre La Colmena. El nombre del conjunto tiene que ver con la forma hexagonal dada a las manzanas que lo componen. Cada hexágono se divide en seis solares separados por callecitas que nacen del centro de la manzana. Así, cada solar tiene jardín al frente y patio trasero; el de Leonardo y los suyos no es distinto.
La casa tiene 54 metros cuadrados y tres dormitorios; además del de la pareja, el de las «princesas» y el del «gurisito», que dice que es el «más despelotado», pero se ve bastante más ordenado que lo que cabe esperar de un varón adolescente. Paredes y techo son de isopanel, revestido de yeso por dentro y madera por fuera, y la casa tiene todas las ventanas que uno desearía. El sistema constructivo cuenta con el Certificado de Incorporación al Registro (CIR) que exige el Estado para asegurarse de que los sistemas no tradicionales cumplen con los requisitos de habitabilidad previstos por la ley.
No puede costar los 8.500 dólares que valen los módulos que tomamos como referencia en la nota de hace dos semanas. Después se nos diría que cada unidad costó 40 mil.
Lo diría el cura Juan Andrés Verde, quien explicó también que el suelo donde se levanta ese conjunto habitacional es de Cireneos, una asociación civil de «misioneros» que trabajan en este y otros barrios orientados por el sacerdote. «Nos donaron el dinero y lo compramos. La idea es que estas familias puedan obtener su título de manera análoga a lo que sucede en los realojos que realiza el Estado», dijo en conversación con Brecha.
Leonardo, en cuyo jardín sucedió la conversación, estimó que Verde empezó a visitar el barrio en 2017, a servir una merienda de chocolate y pastel. Hace tres años se mudó.
«Pero nosotros no vinimos a construir esto», puntualizó el cura. «Lo que queremos atender con Cireneos son las situaciones de precariedad habitacional más extremas. Primero ayudamos a tapar techos con nailon. Después conseguimos unos galponcitos de chapa en los que llegó a nacer algún bebé. Más adelante aparecieron los contenedores», enumeró.
El semanario objetó que había vecinos que se habían ganado el derecho al suelo y que esa lucha debió ser acompañada. «Estoy de acuerdo contigo», replicó Verde. «Y eso fue lo que hicimos, hasta que los asesores nuestros, Guyer y Regules, nos dijeron que no teníamos chance en esa lucha. De hecho, yo pedí para venir cuando me enteré de que el lanzamiento era inminente. Entonces hablé con el cardenal, que extendió la autorización para que pudiera instalarme como capellán. Quería acompañar esa realidad que se venía», narró.
La lógica de los hechos desembocaría luego en La Colmena. «Por eso hicimos esto. ¿Qué íbamos a hacer? Había un lanzamiento judicial inminente y no había una respuesta del Estado», argumentó el cura.
«Del realojo dispuesto en el convenio todavía no se dio una sola casa. Hay solo dos familias que recibieron viviendas de las que estaban para compra de vivienda usada», añadió Leonardo.
Pero Verde también apoyó la firma del comodato impuesto a las 200 y pico de familias que aún están en los predios de la empresa como condición para no verse inmediatamente desalojadas. El texto dice que el comodatario se obliga a abandonar el predio ante cualquier «solución habitacional» que se le ofrezca, sea pública o privada.
Para el cura, el sentido del documento es ganar tiempo, lograr que los vecinos tengan la tranquilidad de no ser molestados antes de que llegue una «solución definitiva». Preguntamos:
—Pero no dice «definitiva», dice «solución habitacional», cualquiera, pública o privada. Puede ser un ranchito de Techo dentro del bañado.
—Capaz que es un término infeliz, lo admito. Yo soy cura, no escribano, pero acá la idea es que sea una solución definitiva –respondió Verde, y en seguida tomó el grabador que nos separaba y pronunció alto y claro–: Te lo digo así para que se entienda: lo que quiero dejar claro es que acá una solución es con CIR o no es. Es así. Cortita. Le caiga al que le caiga.
