Con celeridad, el nuevo gobierno estableció una hoja de ruta para llevar adelante el diálogo social para el rediseño del sistema previsional (incluido el jubilatorio, que sufrió un durísimo ajuste en 2023). Ese proceso, prometido por el Frente Amplio en la campaña electoral, tendrá por lo menos tres escenarios en esta etapa y un cuarto posteriormente: el Parlamento, donde se incorporarán los actores políticos. Los tres primeros escenarios tendrán como ámbito la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social (CSPSS), creada en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por el decreto 86/2025,1 utilizando una figura incluida en la Constitución de la República.
La CSPSS estará integrada por un comité ejecutivo y un plenario, y además podrá convocar mesas temáticas especializadas con participación de técnicos y técnicas, actores públicos y representantes de sectores sociales y productivos. El Ejecutivo será responsable de «la conducción estratégica de la Comisión y de garantizar la ejecución de sus decisiones» (art. 6 del decreto) y estará integrado por representantes de la OPP, de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Social y de Salud Pública, así como del Banco de Previsión Social.
El plenario, por su representatividad, ámbito por excelencia del diálogo, estará a su vez integrado por el Ejecutivo y por representantes de las mesas temáticas y de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente, de los ministerios de Educación y Cultura, y de Industria, Energía y Minería, y de las organizaciones más representativas de trabajadores y trabajadoras, del sector empleador, jubilados y pensionistas, y de la promoción del derecho al cuidado y bienestar de las infancias. Asimismo, en cada etapa podrán integrar el plenario representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, del sector académico, de organismos estatales o paraestatales, de intendencias departamentales, del Poder Legislativo, etcétera.
Según declaraciones del nuevo director de la OPP, el economista Rodrigo Arim (La Diaria, 29-III-25), la idea es que, además, el diálogo «tenga cierta expresión territorial, que se traslade hacia distintos departamentos». Todavía no está claro cómo se hará esto: en el decreto, la única mención a lo territorial es la participación de las intendencias en algunas instancias plenarias, pero la palabra traslado sugiere que puede no desarrollarse totalmente en la capital. En todo caso, en un diálogo importa menos dónde se hace que quiénes participan.
¿Plazos? En no más de 30 días la CSPSS deberá aprobar un documento que contenga estructura, formas de participación, funcionamiento, ejes temáticos y otros ámbitos de trabajo relevantes del diálogo social. Y el 30 de abril de 2026 (con una eventual prórroga de no más de 45 días) se presentarán ante el Poder Ejecutivo los resultados y las propuestas que surjan.
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El «Diálogo Social», mencionado siempre con mayúsculas en el decreto y al que refiere el breve capítulo final de este, tiene por finalidad «impulsar los cambios que fueren pertinentes en la matriz de protección y seguridad social» (art. 3, d). Si bien los apelativos protección y seguridad social no se definen en el decreto y el primero no es tan usual, el literal a del artículo 3, de objetivos de la CSPSS, señala la intención de «garantizar […] el acceso equitativo a un conjunto de prestaciones que aseguren niveles mínimos de bienestar para la población a lo largo de todo el ciclo de vida, fomentando la compatibilización de la vida laboral y familiar, en especial en lo relativo a cuidados y género».
¿Qué incluye esto? La lista puede ser amplia y ampliable, pero debería contener, por lo menos, el trabajo, los salarios, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, las jubilaciones y pensiones, y los cuidados. Y todo ello transversalizado por la equidad de género, generaciones, razas, etnias, capacidades, lugares de residencia y toda otra distinción que pueda ser discriminatoria.
Para discutir todo esto, llegar a «acuerdos lo más amplios posibles» y definir cómo implementarlos hace falta, sin duda, mucho más que el año que va hasta el 30 de abril de 2026. Porque se necesita crear nuevos instrumentos, mejorar otros existentes y modificar sustancialmente algunos que en vez de apuntar en la dirección deseada van en la opuesta, como la reforma jubilatoria de 2023 del gobierno multicolor. Y los tiempos para hacer estas cosas no son los mismos, por lo que sería bueno establecer plazos diferentes.
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Sobre cuestiones como la atención a la infancia, la implementación de cuidados o la universalización del acceso a la educación, es posible que sea muy sencillo ponerse de acuerdo en enunciados generales. La cuestión es hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se debe llegar y cómo se financia. Y ahí hay dos visiones totalmente distintas que fueron confrontadas en las recientes elecciones y que, aun con las dificultades para evidenciar sus diferencias, fueron resueltas a favor de las estrategias sociales solidarias, desechando la teoría de los malla oro, que apuesta a fortalecer a los más fuertes para que a los más débiles pueda llegar algo de lo que sobra. Sobre esto, el problema no es ponerse de acuerdo, porque los que tienen «la sartén por el mango, y el mango también», como decía María Elena Walsh, no van a aceptar entregar el mando. El problema es crear la hegemonía de los más, aunque sean los más débiles.
La reforma del sistema jubilatorio y la necesidad de revertir los graves pasos atrás que el país dio con la reforma de Luis Lacalle Pou y de Rodolfo Saldain son un buen ejemplo de esto. La población puso ahora en el gobierno a una fuerza política y por lo menos a 50 diputados y 17 legisladores que piensan que esa reforma es mala y que ese no es el camino (como pensaba el propio Lacalle cuando se comprometió en la campaña de 2019 a no subir la edad de jubilación).
Es que, por más abierto y fructífero que pueda ser el diálogo social, sobre esto no va a haber acuerdo: quienes aprobaron esa reforma están convencidos de que lo que les conviene es que los costos los paguen otros, y así lo establecieron: el supuesto déficit de la seguridad social (que así llaman a la cobertura que hace el Estado, por mandato constitucional, del descalce entre aportes y prestaciones) se va a cubrir haciéndoles aportar cinco años más a los trabajadores y cobrar cinco años menos a los jubilados, y además una jubilación menor a las ya muy escasas actuales. Todo para que las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) hagan su negocio.
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El plebiscito para derogar la reforma no resultó aprobado, pero casi la mitad del país lo apoyó y el resto no lo rechazó, sino que no se pronunció. Aunque para el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill, el tema esté laudado porque no fue aprobado en el plebiscito de 2024 (Montevideo Portal, 29-III-25), eso no lo dice la Constitución ni ninguna ley; por si hiciera falta un botón de muestra, en la propuesta de Jorge Larrañaga Vivir sin Miedo se plebiscitó en 2019 la habilitación para hacer allanamientos nocturnos, no fue aprobada y se volvió a presentar en 2024, por el mismo sector del mismo partido, y nuevamente fue derrotada.
La disposición de la Ley de Urgente Consideración (LUC), n.º 19.889 (art. 74) que modificó la ley sobre estupefacientes, que se entiende redundó en un aumento de un 26 por ciento en el número de mujeres en prisión en el año siguiente a su aprobación, fue objeto de un proyecto de ley presentado por los senadores colorados Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz para disminuir las penas establecidas. Y eso pese a que esa medida estaba en uno de los 135 artículos de la LUC que se sometieron a plebiscito para su derogación en 2021 (que no fue aprobado). El proyecto colorado tampoco, pero solo porque no contó con los votos de la coalición gobernante.
Los ejemplos pueden seguir y llegar hasta el plebiscito montevideano del aumento de 1 vintén en el boleto del transporte en 1951 (en ese caso, el que contrapuso lo resuelto fue el gobierno departamental, que después de derogado el aumento por plebiscito lo volvió a imponer poco después, como una nueva medida).
O sea, como dice el propio O’Neill en la información referida, estas cosas no se escriben en piedra.
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El PIT-CNT ha llamado «expropiación de vida» lo que hizo la reforma jubilatoria multicolor a los trabajadores activos y pasivos, a quienes se arrebataron cinco años de su existencia. En realidad, no es una expropiación, porque en las expropiaciones se indemniza al expropiado. Es mucho más duro: es una confiscación.
No hace falta discutir un año para terminar con esa confiscación. La mayoría así lo quiere, en la población y en el Parlamento. Se pueden devolver esos cinco años ya.
Y, ya que estamos, tampoco hace falta esperar un año para dotar al Sistema Nacional Integrado de Cuidados de los recursos que necesita para ser lo que se quiso que fuera y es necesario que sea: en pocos meses se discutirá el presupuesto quinquenal y ese es el instrumento idóneo para reparar el error, «para que no se muera de olvido», como cantaba Pablo Estramín.
- El decreto fue aprobado el 25 de marzo de 2025, en reunión del Consejo de Ministros. En el encabezado aparecen los 14 ministerios existentes, pero, curiosamente, hay solo 13 firmas: falta la del ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Oddone. ↩︎
