Mientras las cárceles uruguayas siguen llenándose de adolescentes y jóvenes pobres, el delito de tortura –especialmente contra adolescentes privados de libertad– permanece en la impunidad. Organismos internacionales, como los comités contra la Tortura, de Derechos Civiles y Políticos, y de los Derechos del Niño de la ONU, han alertado, repetidamente, desde hace por lo menos 15 años, sobre las graves deficiencias en la legislación local y la selectividad del sistema penal, que criminaliza a los más vulnerables mientras que omite investigar a los responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
A pesar de que Uruguay cuenta con la ley n.º 18.026, que tipifica en su artículo 22 a la tortura como delito autónomo, el Comité contra la Tortura de la ONU señaló en 2022 que su definición es insuficiente.1 Dicho artículo no incluye los fines específicos (intimidar, coaccionar, obtener información o confesiones), omite la motivación discriminatoria como elemento clave del delito y excluye actos de tortura contra terceros (no solo la víctima directa).
Esta ambigüedad legal abre puertas a la impunidad. El Estado uruguayo no ha cumplido con las recomendaciones internacionales para ajustar su legislación a los estándares de la Convención contra la Tortura y eso se aprecia claramente cuando las instituciones, en especial la Justicia, deben responder frente a la tortura y el trato cruel inhumano y degradante. Nos sobran dedos de las manos para contabilizar cuántas veces se responsabilizó penalmente a funcionarios por malos tratos o tortura a adolescentes en centros de detención.
Mientras la tortura queda sin castigo, las últimas administraciones han impulsado reformas regresivas en el sistema penal juvenil bajo el argumento de la «inseguridad»: penas de hasta diez años de privación de libertad para adolescentes; eliminación de beneficios como la suspensión condicional del proceso; detención preventiva como regla, no como excepción; condiciones inhumanas en centros de detención, denunciadas reiteradamente.
LA DEUDA PENDIENTE: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN2
Las recientes noticias y la impunidad histórica que ha caracterizado al Estado uruguayo dejan al descubierto el vacío y la soledad en la que se encuentran las víctimas de tortura, en especial los adolescentes detenidos y sus familias.
Una buena señal sería la creación de una comisión independiente que investigue casos de tortura y malos tratos en centros de detención de adolescentes, que incluya responsabilidades estatales (por acción u omisión) pasadas y presentes. Esta comisión debería, además, establecer: reparación integral para las víctimas (económica, psicológica y simbólica); tipificación clara del delito de tortura y desarrollo de mecanismos de reparación; reforma urgente del sistema penal juvenil, priorizando medidas no privativas de libertad y un enfoque socioeducativo; capacitación y formación a quienes deben investigar para determinar responsabilidades judiciales en la materia.
En el comienzo de una nueva administración, Uruguay debe dirimir entre seguir criminalizando a los más vulnerables o garantizar la justicia para quienes han sufrido tortura y violencia institucional.
- «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Uruguay» (documento CAT/C/URY/CO/4), octubre de 2022. ↩︎
- Chile acaba de crear la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para investigar los abusos de niños y niñas ocurridos en el Servicio Nacional de Menores bajo protección del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una reciente decisión contra Chile, solicitó información sobre esta comisión. ↩︎
