De las 80 preguntas que integraron el cuestionario del censo de 2023, 33 referían a la vivienda. La encuesta quiso establecer, incluso, si los hogares se calefaccionan con electricidad, o con leña, o con supergás, o con gas por cañería, o con querosén, o con gasoil, o con fueloil, o de algún otro modo, o de ninguno.
A pesar de que el margen de error del relevamiento duplicó el habitual, la abundancia de la información reunida seguramente permita componer un diagnóstico bastante robusto del estado de situación de la vivienda en el país.
El procesamiento de estos datos ya ha dado algunos frutos. En la edición de Brecha del 7 de febrero, por ejemplo, el ingeniero Benjamín Nahoum, con más de medio siglo de experiencia en la materia, ofreció un análisis acerca de las 322 mil viviendas desocupadas que encontraron los censistas (véase «Datos y relatos sobre las “viviendas desocupadas”», Brecha, 7-II-25). Doce días después, además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el índice de pobreza multidimensional, que ofreció datos sobre algunos indicadores relevantes vinculados a las condiciones habitacionales de la población. Uno de ellos expresa el porcentaje de hogares cuya vivienda se inunda cuando llueve, está en peligro de derrumbe o adolece de precariedades constructivas (techo liviano sin cielorraso, contrapiso sin piso o paredes levantadas con materiales de desecho). De acuerdo al reporte, estas carencias afectan al 17,4 por ciento de los hogares, es decir, a no menos de 609 mil personas o a uno de cada seis habitantes, por decirlo de modo más gráfico. El índice considera que existe hacinamiento cuando hay más de dos personas por dormitorio, problema que –según el INE– entonces estaría afectando al 12,9 por ciento de los hogares; esto es, a unas 451 mil personas o a una cada ocho. Por otra parte, los casos en que la tenencia de la morada se considera insegura (porque se la ocupa sin permiso o el terreno donde se la levantó es ajeno o bien es un préstamo del patrón) representan el 7,9 por ciento; es decir, 276 mil personas o una de cada 12.
Por cierto, habrá viviendas materialmente precarias que a la vez sean estrechas para la cantidad de gente que las habita y estén en suelo irregularmente ocupado, pero estos tres conjuntos no necesariamente coinciden. O, dicho de otro modo, debe de haber hogares hacinados y a la vez sin los papeles en regla, más allá de aquel 17,4 por ciento que reside en casas físicamente frágiles.
No parece nada aventurado entonces afirmar que debe de haber un 20 por ciento de los hogares que sufre, por lo menos, alguno de los tres problemas que releva el índice. O, para que quede más claro: en Uruguay, por lo menos una de cada cinco familias enfrenta problemas serios de vivienda.
Poco después de que el INE presentara sus datos, apareció más información relevante: habría en Uruguay 667 asentamientos, de los cuales el 71 por ciento está en Montevideo y Canelones. Casi la misma cifra que se anunció cuando en 2006, a la salida de la crisis económica más grave desde la recuperación de la democracia, se llevó a cabo el primer conteo. Ese año la suma daba 672 y las estimaciones siguientes sugirieron que se estaba consiguiendo disminuir su número: en 2011 la lista incluía 615 y en 2017, 607.
Los investigadores siguen afinando sus cuentas y el panorama se irá definiendo más precisamente antes de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presente el próximo plan quinquenal de vivienda junto con el proyecto presupuestal del gobierno, pero a esta altura, mientras el Parlamento considera la rendición de cuentas, las líneas principales del dibujo parecen ser esas: alguna precariedad habitacional afectando a una de cada cinco familias y el asentamiento irregular como potente válvula de escape.
No es todo. El diagnóstico que durante la campaña electoral del año pasado divulgó el espacio de organizaciones sociales y actores académicos La Vivienda en Diálogo, por ejemplo, sugería que el cuadro completo debería incluir a los miles de inquilinos de pensiones irregulares, a las miles de personas en situación de calle y las miles de plazas que faltan en las cárceles para disminuir el infame nivel de hacinamiento.
Claudicación de cuentas
Los guarismos contenidos en la rendición de cuentas presentada por el Poder Ejecutivo el lunes no dejan mucha duda sobre la causa fundamental de estos resultados. Aunque durante el último año de la administración coalicionista el MVOT ejecutó casi todo el presupuesto que tenía para usar (el
97 por ciento), sus erogaciones representaron apenas el 1,86 por ciento de los gastos de la administración pública. En Defensa Nacional, por ejemplo, se gastó el 2,41 por ciento.
En realidad, fue todavía menos, porque el inciso 14 que identifica al ministerio incluye algunos pesos que se emplearon en ordenamiento territorial. Estrictamente en vivienda se emplearon 14.237 millones de pesos o 354 millones de dólares (a la cotización promedio de 2024), aproximadamente el 0,44 por ciento del PBI. Es decir, ese nivel está por debajo del 0,5 por ciento que según Nahoum caracterizó «la atonía en las inversiones públicas en vivienda» de los últimos 35 años (véase «Ahora, se trata de caminar», Brecha, 11-IV-25).
Las planillas que detallan los efectos materiales de esa inversión en cada uno de los programas del ministerio dan cuenta de esa atonía. Los únicos rubros en que la cifra de unidades nuevas entregadas en 2024 excede el millar es en el que refiere a las cooperativas (1.584) y a las de aquellos agrupados bajo la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (1.529). En 2024 las viviendas nuevas construidas en el marco del programa de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) fueron 832. Como esas planillas muestran lo construido desde 2022, es posible advertir que en casi todos los programas la productividad ha sido declinante.
En algunas líneas de trabajo, como la de concesión de préstamos para «autoconstrucción asistida en terrenos privados de origen público» (normalmente pertenecientes a gobiernos departamentales), el resultado es cero, como cero ha sido el número de convocatorias realizadas por el gobierno saliente de la Comisión Asesora de Vivienda, instancia de participación de la sociedad civil en el diseño del plan quinquenal de vivienda.
Hay cifras especialmente patéticas en la rendición. Un convenio suscripto el 22 de diciembre de 2022 entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas asignó recursos al loable objeto de «facilitar el acceso a la vivienda en alquiler con subsidio para hogares con niños a cargo de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad habitacional». Solo se consignan cuatro contratos de alquileres de esas características en 2024. Pero hay otras razones para este sobrio desempeño. El miércoles, a raíz de la pregunta que al respecto le dirigió una colega de TV Ciudad durante una rueda de prensa, la ministra Tamara Paseyro asumió la existencia de cinco edificios terminados entre 2020 y 2023 destinados a pasivos, pero que seguían deshabitados por no haberse cumplido el trámite llamado recepción provisoria de obra.
En obra
En los primeros días del nuevo gobierno, la presencia pública del MVOT fue descollante. Sus responsables asumieron significativamente sus cargos en el antiguo asentamiento de Campo Galusso, en La Unión, y la entonces ministra Cecilia Cairo expuso el entusiasmo con el que abordaba su rol en múltiples medios y su convicción de que el Ejecutivo conducido por Yamandú Orsi honraría el compromiso programático de duplicar la inversión histórica en vivienda.
La renuncia que se vio obligada a presentar el 17 de abril y su sustitución por Paseyro –a quien Cairo había designado para conducir la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana– fueron acompañadas de una conducta mucho más discreta en el ámbito de los medios. Sin embargo, el cambio de estilo no parece tener consecuencias respecto a los propósitos efectivos de la cartera, que no da señales de abdicar de los siete compromisos adoptados en la sesión del gabinete del 25 de marzo. El principal de ellos: la búsqueda de incremento presupuestal. Incluso parece dispuesta a añadir obligaciones.
«Estamos instalando un espacio, que voy a encabezar, para evaluar la ley de vivienda promovida. Lo van a integrar también la Dirección Nacional de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda, además de los técnicos del ministerio. Queremos hacer un examen profundo de los niveles de inversión y de empleo que generó desde 2011, pero –sobre todo– determinar si ha sido útil como ley de acceso a la vivienda. Y, en ese marco, estudiar si hacen falta cambios en la norma y cómo instrumentarlos. En ese mismo grupo queremos evaluar también el programa Entre Todos, una iniciativa dirigida a los sectores medios que ha tenido un impacto medianamente positivo en el interior del país, pero que no ha despegado en el área metropolitana. Lo que es claro es que, sea a través de Entre Todos o por intermedio de un nuevo programa, el ministerio va a ofrecer una propuesta para estos sectores medios que tienen capacidad de pago, pero no tienen capacidad de ahorro», argumentó al semanario el subsecretario de la cartera, Christian Di Candia.
También el senador oficialista Óscar Andrade –presidente de la Comisión de Vivienda del Senado– apuntó sobre la ley de vivienda promovida, pero desde un ángulo ligeramente distinto. «La ley intenta que el sector privado invierta en zonas donde, en principio, no le sería rentable invertir. Y ha mostrado que te puede levantar un barrio. Pero al levantar un barrio hace también que otros vecinos ya no puedan vivir ahí porque levanta el precio del metro cuadrado promedio. Por eso precisás, al lado de la ley de vivienda promovida, un conjunto de políticas agresivas que apunten a otra parte de la población, la que no puede pagar 100 mil dólares por un apartamento», argumentó en su diálogo con el semanario.
En este sentido, el legislador subrayó la importancia de dos de los tres proyectos presentados por la bancada frenteamplista durante el período pasado, desarchivados en este y puestos a consideración de la comisión que preside. Se trata de aquel que busca abreviar el proceso de expropiación de aquellos inmuebles vacíos cuya deuda con los organismos estatales alcanza o supera su valor catastral y el que propone duplicar la base de cálculo del impuesto al patrimonio en aquellos que permanecen desocupados durante períodos excesivos (véase «Que huela a nuevo», Brecha, 16-VIII-24).
Pero la fundamentación de Andrade no apuntó a que la demanda habitacional existente se resuelva directamente mediante la puesta a disposición de los inmuebles desocupados. Así como Nahoum en el análisis referido al principio de esta nota, el legislador reconoció la existencia de una tasa de desocupación «friccional» que el mercado de la vivienda necesita para funcionar normalmente y que cifró en un
6 por ciento del stock, lo que, sumado a las viviendas de ocupación temporal, en construcción o ruinosas, hace que el número de viviendas efectivamente vacantes se reduzca sustancialmente.
«Lo que digo», sostuvo, «es que, siendo un porcentaje menor, el impacto es muy potente. En una experiencia piloto, durante este período, la Intendencia de Montevideo logró recuperar unos 80 padrones y unos 60 se pudieron ceder a cooperativas de vivienda. Esto representó una solución habitacional para 1.025 familias. ¿Me explico? Un trabajo realizado por compañeros en Lavalleja plantea que en Minas podrían recobrarse 40 padrones. En una ciudad como Minas, si vos lográs colocar en la ciudad consolidada no 40, sino seis cooperativas, vas a generar un impacto enorme. Entonces, no se trata de hacerse con decenas de miles de padrones vacíos o abandonados que podría haber, sino de recuperar –a nivel nacional– entre el 3 y el 5 por ciento de la zona urbana consolidada para pensar políticas de recuperación de la ciudad», explicó. «Porque, además, aunque vayas en la dirección del incremento del presupuesto, lo que creo que es una variable imprescindible, si eso va acompañado de un incremento del precio del suelo urbano, podrías quedar obligado a responder a la demanda social construyendo en la periferia. Y esa es la historia de la fragmentación social que ya sabemos dónde conduce», añadió.
Pero ¿el compromiso de duplicación del presupuesto en vivienda sigue en pie a pesar de la incertidumbre del escenario económico internacional, de las deudas inesperadas por la nueva administración o del imprevisible desenlace de la «solución» de la quiebra de la caja de profesionales? «Hay un compromiso asumido de incrementar el presupuesto con el objetivo de alcanzar su duplicación en relación con los programas dirigidos a la población en situación de emergencia, a las cooperativas, al MEVIR y a aquellos deciles de la población que, teniendo capacidad de pago, no tienen posibilidad de ahorro previo. ¿Esto qué significa? Que en el correr del quinquenio vamos a ir teniendo un aumento sostenido que tienda a la duplicación. ¿Está el compromiso de duplicar? Sí, no de un día para otro, pero está», ratificó Di Candia.
«Está en el programa. Estuvo en la presentación que hizo el Ministerio de Economía en la Comisión de Hacienda de Diputados hace un mes», insistió, terminante, Andrade. Veremos.
