En las últimas semanas volvió a tomar estado público la discusión sobre un impuesto al 1 por ciento más rico del país. En paralelo, se conoció el informe del UBS (Union Bank of Switzerland), que muestra un crecimiento del número de millonarios en nuestro país. En este marco, es de orden recordar que la acumulación y la concentración de riqueza remiten directamente a cómo se distribuyen los principales activos económicos en nuestra sociedad. Por ello, no está demás traer a colación aspectos importantes de la estructura de propiedad uruguaya que ayudan a explicar las características de la riqueza concentrada.
Cuando miramos la estructura de propiedad de la economía uruguaya, observamos una creciente extranjerización del aparato productivo y financiero. Según datos de 2015, de las 100 empresas privadas más grandes del país, 55 pertenecían a capitales foráneos. Además, estos capitales también tenían incidencia en otras nueve. La foto de inicios de la década del 90 es bien distinta, casi inversa.
En algunos sectores, los datos no admiten discusión. Con excepción de la banca pública, el resto de los bancos son extranjeros. En el caso de las exportaciones de bienes, pasaron de estar controladas en un 70 por ciento por capitales nacionales a inicios del siglo XXI a una situación opuesta en el presente. Los ejemplos podrían seguir con muchos sectores más de la economía.
La forma en que están construidos los datos sobre el 1 por ciento más rico de Uruguay y sobre los millonarios toma solo a residentes en el país. Deja por fuera a una gran parte de la riqueza generada a escala nacional, pero de propiedad extranjera. Porción que, como vimos con anterioridad, no es nada despreciable. En tal sentido, los impactos recaudadores de un potencial impuesto a la riqueza pueden incluso estar subestimados.
El desplazamiento del capital nacional del control del aparato productivo parece un fenómeno instalado y creciente. Durante el siglo XX, el capitalismo uruguayo se caracterizó por el liderazgo de algunas familias que tendían a controlar empresas en distintos sectores de la economía. Pocas de esas empresas eran cotizantes en la bolsa, por lo que se trataba de empresas cerradas que se transmitían y heredaban de generación en generación. Este capitalismo familiar, común en Latinoamérica, es parte de la explicación de los concentrados niveles de desigualdad patrimonial existentes. Buena parte de la riqueza fluye y se hereda en un círculo reducido de familias. Si bien es cierto que la muerte divide el patrimonio, la herencia de estas familias no son solo activos económicos, es pertenencia a determinados círculos, inclusión en determinadas redes sociales, y capacidades de crear y multiplicar riqueza mucho mayores a las de otros sectores de la sociedad. Por otro lado, la dispersión de la herencia tiende a neutralizarse por el fenómeno de la unión entre semejantes y entre familias con magnitudes patrimoniales similares.
Más allá de estas dinastías, el podio de la riqueza uruguaya siempre tuvo lugar para nuevos jugadores, generalmente provenientes de actividades profesionales y de dirección de empresas. Este trayecto muestra cómo, a partir de empleos de altos ingresos fundados en cargos de dirección o en el ejercicio de una experticia (médicos, contadores y abogados, por ejemplo), se produce un ahorro que es transformado en propiedad de diversos activos. A menudo, el origen social de estos sectores profesionales condice con el de los grandes y medianos propietarios. Pero existen en este segmento casos de ascenso social que sirven de abono al relato meritocrático y que suelen presentarse como la generalidad cuando se trata de discutir el asunto.
Pese al declive relativo de los nacionales en la posesión patrimonial, el número de millonarios uruguayos crece, lo cual nos muestra que la incidencia cada vez mayor del capital foráneo que desplaza a los capitales nacionales no necesariamente ha redundado en el empobrecimiento de los locales, sino que supone su reconversión a otras actividades. Entre ellas, la compra y la colocación de capital en forma de activos financieros fuera del país y actividades más de índole rentista. Este tipo de activos (inmuebles urbanos, rurales, depósitos e instrumentos financieros) tiende a incrementar su valor en el largo plazo, entre otras cosas.
Pero en este cuadro general, lo que parece claro es que el despliegue del aparato productivo, la generación de empleo, los saltos de productividad y el crecimiento genuino dependen cada vez menos de los millonarios nacionales, por lo que no es claro que el gravamen de este sector de residentes tienda a incidir negativamente sobre aquellas variables.
¿Y EL PODER POLÍTICO?
Un problema no menor es quiénes procesan la discusión y cómo están representados en la arena pública los distintos segmentos y grupos sociales.
De acuerdo a las declaraciones juradas de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), en 2023 y 2024, de un total de 35 senadores que circularon por la Cámara (y sobre los cuales existen datos), siete (el 20 por ciento) reunieron patrimonios de más de 1 millón de dólares. Esto los ubica dentro o muy próximos al 1 por ciento más rico del país. Otros que no llegaron estuvieron muy cerca.
Se trata, en su totalidad, de políticos vinculados al Partido Nacional, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto. Los datos pertenecen a la legislatura anterior, ya que no existen actualizaciones para la nueva composición del Senado, pero es presumible que no existan cambios significativos en relación con la proporción de este segmento en el total de la Cámara Alta.
El dato no puede extrapolarse linealmente al conjunto del sistema político, pero sirve para advertir acerca de la sobrerrepresentación de este segmento. Este aspecto muestra, a su vez, la capacidad de incidir en la formación del debate y la opinión pública, así como su facilidad de acceso e incidencia en círculos altos de poder político y social.
Una mirada a la estructura patrimonial de este grupo de parlamentarios millonarios nos puede servir para adelantar algunas hipótesis y tendencias de la composición de una parte de este segmento que concentra la riqueza en nuestro país.
En primer lugar, destaca en la estructura patrimonial de estos individuos la riqueza en forma de inmuebles. Solo en dos casos el patrimonio se presenta en forma mayoritaria como participación y propiedad de empresas. Este aspecto muestra que no todos los millonarios tienen su riqueza en forma de activos productivos, sino que buena parte de ella es atesorada en forma de inmuebles, por lo que no necesariamente entra dentro de la circulación de capital que origina nuevo empleo, demanda de insumos, etcétera. No podemos generalizar conclusiones de aquí. Es presumible que, conforme avancen los niveles de concentración de riqueza, buena parte de ella tenga la forma de control de empresas y capital, además de inmuebles.
No obstante, estos pocos casos parecen mostrar que una parte de los sectores de riqueza elevada mantiene cierta impronta rentista.
Otra característica de este grupo de parlamentarios es la tenencia de inmuebles rurales además de urbanos. Este es un movimiento bastante típico en los sectores de altos ingresos. Si bien el agro no es de los sectores más rentables de la economía ni donde necesariamente se encuentra la principal acumulación de capital del país, sí constituye un resguardo seguro para la inversión. Asimismo, por el tipo de activo de que se trata, lejos de depreciarse, tiende a incrementar su valor, al tiempo que ofrece una renta. De allí que, más allá del origen de los ingresos, nuestros ricos tienden a tomar, más acá o más allá, ropajes ruralistas.
Es claro que los millonarios no constituyen un sector homogéneo, pero su cercanía social e intereses tienden a unirlos en torno a algunos aspectos. La historia ha demostrado que la defensa y la reacción de estos sectores han servido mucho para amalgamarlos y cohesionarlos. Pese a su relativo perfil bajo y a su reducido número, su incidencia en la discusión pública es notoria y tiene varios canales de llegada. Sus intereses inmediatos y particulares aparecen con la forma del mismísimo interés general. Tienen mucho terreno ganado para resistir.
Son varios aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar un gravamen de los sectores con elevada riqueza en el país, y esto exige de nuestra parte creatividad, seriedad en el planteo y un debate con altura para la disputa del sentido común instalado.
Juan Geymonat es Magíster en Historia Económica. Docente e investigador del programa en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
