La presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU), Estefanía Broggi, resumió en dos palabras sus sensaciones tras la media sanción del proyecto de descentralización de la Defensa Pública del Uruguay: «Alegría y emoción. Una inmensa alegría, de verdad», insistió. Dijo que comienza un proceso que permitirá mejorar el acceso a la justicia de miles de personas, de todas las edades, que utilizan cada año este servicio.
«Fueron muchos años de trabajo. Esto empezó a soñarse en 2005, y es bueno recordar el camino que hemos hecho, que es en búsqueda de mejorar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables», remarcó Broggi en diálogo con Brecha. Esas sensaciones quedaron claras con lo que pasó el día de la votación en el plenario de la Cámara de Senadores: más de 120 defensores públicos de todo el país colmaron las barras del recinto; muchos otros siguieron la transmisión por streaming, abocados a su tarea como defensores.
El proyecto aprobado –que pasará a estudio de la Cámara de Representantes– establece que la defensa pública tendrá independencia técnica en el ejercicio de sus funciones y que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. El servicio dejará de estar bajo la égida del Poder Judicial (PJ), pero mantendrá una relación permanente con ese poder, que tendrá a su cargo el nombramiento formal de los defensores. Una relación que genera dudas por sus efectos legales y prácticos, pero que desde ADEPU entienden que entra bajo el paraguas constitucional.
La descentralización, además, despierta resistencias en otros actores del sistema. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) expresaron reparos sobre el proyecto. Para estos sectores, la iniciativa supone un debilitamiento del PJ, que perderá, de un día para el otro, bienes y recursos humanos. Además, alertan sobre problemas prácticos que se avecinan: se preguntan qué sucederá laboral y económicamente con los más de 250 funcionarios judiciales que pasarán, muchos sin quererlo, al nuevo servicio.
DE LARGA DATA
La descentralización de la defensa pública no es un tema actual. Se puso sobre la mesa en 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio (FA), y volvió a escena en 2017 y 2022. El actual proyecto tuvo su génesis en la legislatura anterior, con el impulso del exsenador Charles Carrera, y fue revivido en este período por la bancada del FA. La exposición de motivos dice que «el acceso a la justicia es fundamental en un Estado de derecho» y que todas las personas «deben tener la posibilidad de ejercer ese derecho sin discriminación alguna independientemente de sus condiciones económicas».
Los apoyos a la iniciativa se extendieron a todo el arco político. El informe al Plenario lo realizó el colorado Andrés Ojeda, abogado penalista, quien –al decir de su colega Constanza Moreira– «trabajó intensamente en este proyecto». También fue defendido a ultranza por la nacionalista Graciela Bianchi, vocera de su partido durante el debate parlamentario. En su intervención, Ojeda dijo que la iniciativa acompaña la tendencia mundial sobre la descentralización de la defensa pública y que resuelve el problema endémico de su dependencia de la SCJ. «No es ni deseable ni jurídicamente sano que el órgano encargado de juzgar sea, al mismo tiempo, el que organiza y supervisa a quienes deben defender a los ciudadanos frente a su propio poder», afirmó.
El proyecto tuvo también el respaldo expreso del presidente Yamandú Orsi, para quien la descentralización facilitará el acceso a la justicia de las personas más vulnerables: «Gracias por fortalecer las instituciones que velan por ese derecho fundamental. Gracias a las y los defensores públicos que la pelean día a día», escribió Orsi en sus redes sociales.
«Fue muy satisfactorio escuchar la forma en que los senadores hablaban y reconocían nuestro trabajo», afirmó Broggi, que sostiene que el cambio traerá una efectiva independencia del servicio, lo que garantizará una mejor atención a la ciudadanía. «No corresponde que la defensa pública esté dentro del PJ, no sucede en ningún país. La descentralización es una necesidad», apuntó.
El proyecto fue aprobado por 29 votos en 30, y pasará ahora a estudio de la Cámara de Representantes. El único discorde fue el blanco Carlos Camy. El legislador dijo tener la convicción de que el proyecto es inconstitucional «por invadir la esfera de la SCJ». Este es uno de los argumentos centrales de sus críticos.
ALERTA JUDICIAL
En una nota enviada a la Comisión de Constitución y Legislación, la SCJ dejó escritas sus críticas al proyecto. El foco estuvo en dos asuntos: el traspaso de bienes del PJ a la nueva institución y la supuesta inconstitucionalidad del artículo 15, que establece el nuevo régimen de ingreso y designación de los defensores públicos.
La primera crítica tiene un sesgo económico. El proyecto dispone que el PJ traspasará a la Defensa Pública del Uruguay todos los bienes muebles e inmuebles que se utilicen hoy día para el funcionamiento del servicio. Para la SCJ, esta medida «afecta directamente la economía del Poder Judicial», ya que se lo priva de bienes que fueron «adquiridos, mantenidos y mejorados» con «recursos propios» a lo largo de los años.
Se trata –según la Corte– de un «impacto negativo y desproporcionado sobre un poder del Estado que ha sido históricamente postergado en términos presupuestales». De paso la SCJ advierte que tomará las «acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos»; en concreto, se amenaza con una demanda civil contra el Estado. El foco está en cuatro propiedades, cuyo valor estimado es de 5 millones de dólares.
Broggi consideró legítimo que el máximo órgano judicial defienda sus recursos, pero este asunto no puede ser una traba para aprobar la descentralización. «Es verdad que el PJ ha sido históricamente relegado a nivel presupuestal, pero es un tema que debe ser arreglado por la SCJ y quien corresponda –que no es ADEPU– y que no puede ser una causal para que el proyecto no salga», advirtió.
El otro embrollo surge por el artículo 15, que fija la designación y nombramiento de los defensores públicos. El proyecto establece que el ingreso de los trabajadores será por concurso, que el director de la Defensa Pública elevará los nombres al PJ y que la SCJ efectuará el nombramiento, en línea con el artículo 239 de la Constitución. Para la Corte, este artículo tiene visos de inconstitucionalidad. Broggi, en tanto, afirmó que el punto fue intensamente trabajado por los senadores y que existen informes jurídicos –como el del catedrático Max Sapolinski– que legitiman el esquema elegido. A su juicio, quedó claro que no se necesita una reforma constitucional para aprobar la descentralización. El proyecto, empero, genera otras críticas.
QUIÉN MANDA
En la comisión del Parlamento, la AFJU afirmó que comparte el espíritu del proyecto. Para el gremio de funcionarios administrativos, la independencia de la defensa pública es deseable y hasta necesaria. Sin embargo, el actual proyecto es malo y ofrece más problemas que soluciones, dijo su secretario general, Pablo Elizalde, a Brecha. Según Elizalde, la iniciativa supone un debilitamiento del PJ, ya que le quita recursos y potestades: «La Defensoría Pública no está funcionando bien, se necesitan más recursos, es cierto, pero esta no es la solución». Con este proyecto, entiende que se consagra un nuevo avance del poder político sobre el PJ: «Hay gente que está planteando que es una expropiación, se le expropian recursos al PJ para generar un órgano descentralizado, que, además, no tiene presupuesto», valoró.
En el gremio también existe preocupación por el futuro laboral del personal asignado a la Defensoría Pública. Se trata de unos 195 funcionarios administrativos y unos 68 actuarios y procuradores cuya situación no está contemplada, dijo Elizalde. En principio estos funcionarios pasarán en masa al nuevo servicio por seis meses, y después tendrán 90 días para optar entre quedarse o volver al PJ. Sin embargo, quedan en una situación administrativa vidriosa, y no se sabe exactamente cuándo sería su eventual retorno o su escala salarial, expresó Elizalde. También alertó que hay un sostén administrativo que hoy brinda el PJ y que no está contemplado en el nuevo diseño. «Vamos a algo práctico. ¿Quién pagará los primeros sueldos cuando entre en vigencia este nuevo organismo?», preguntó.
Desde la AMU, la gremial de los jueces, se tiene una visión similar. Marcela Sena, secretaria de la Comisión Directiva de AMU, aseguró a Brecha que su gremio no está en contra de la descentralización, que es un reclamo «totalmente legítimo» de los defensores y que no les corresponde pronunciarse sobre eventuales inconstitucionalidades o la situación de los funcionarios administrativos («que debe solucionarse»). Sin embargo, el presupuesto actualmente en discusión no dispone aumentos para el PJ y, al mismo tiempo, le quita recursos con la pérdida de inmuebles que podrían ser utilizados para oficinas judiciales, apuntó Sena. «A la Defensa Pública se le deberían otorgar recursos para alquilar o adquirir bienes, no se los pueden quitar al PJ. […] El poder político tiene que entender que el PJ necesita recursos, no podemos seguir trabajando como estamos haciéndolo», alegó.
Además, Sena apuntó a problemas prácticos, ya que hay varios inmuebles –como el de la Oficina Penal Centralizada y el Juzgado de Familia Especializado de la calle Rondeau– que tienen espacios y oficinas asignados a los defensores públicos. A su entender, si el proyecto se aprueba, esos espacios deberán quedar en el PJ: «No sería lógico que el PJ tenga que pagar los gastos de funcionamiento de otro organismo».
Para Elizalde, el principal problema es que el proyecto no contempla a los usuarios del sistema. «Solo se habla de crear una nueva institucionalidad, de trasladarla de un lado a otro, pero no se habla de cómo va a impactar en la población, no se está hablando de cómo mejorar la atención, de extender la Defensoría Pública a nivel nacional, a los barrios de Montevideo, no se habla de presupuesto. Se necesitan más defensores y eso implica más personal», afirmó.
MODELO URUGUAYO
El secretario general de AFJU dijo que, antes de aprobarse el proyecto sobre la Defensa Pública del Uruguay, se debería organizar un gran diálogo nacional que aborde la situación de todo el sistema de justicia. «Uruguay tiene que discutir qué sistema de justicia tiene y qué modelo quiere», afirmó, y estimó que –por ejemplo– hay algunas voces que buscan implementar el modelo chileno, algo con lo que AFJU no está de acuerdo.
«Uruguay es la única defensa pública que atiende todas las materias: civil, laboral, penal, de familias. Se ha mantenido siempre así; hay otros países donde solo atienden penal», explicó. La consagración de un servicio descentralizado, dijo, puede llevar a que la atención haga foco en lo penal y deje de lado las otras materias, porque el servicio dependerá del Poder Ejecutivo y quedará «a merced de las vicisitudes políticas. No digo que el gobierno actual quiera hacer esto, pero las construcciones institucionales no pueden pensarse para un solo período de gobierno, hay que tener una mirada de largo plazo», reflexionó.
Según Broggi, la implementación del modelo chileno –que incluye un sistema de defensores licitados1– no está sobre la mesa y la defensa pública continuará ejerciéndose en todas las materias. Explicó que hoy en día los defensores públicos atienden el 90 por ciento de las causas penales, pero que estas representan solo el 20 por ciento del total de asuntos analizados por el PJ, por lo que sería impensable dejar de atender otras áreas: «En ningún momento se planteó que todos pasáramos a hacer penal; no podemos dejar Familia Especializada y Violencia de Género sin defensores», remarcó la abogada.
«Lo que se busca es que la defensa pública sea reconocida, que tenga un director o directora que pueda pelear por el servicio, que tenga independencia técnica, presupuestal y administrativa, que brinde un mejor acceso a la justicia a los usuarios», alegó. Y apuntó que ADEPU pretendía que el cargo de director nacional fuera ocupado por un defensor público, pero que ese punto finalmente quedó de lado. La designación será resorte del sistema político. El director nacional ejercerá por un período de cinco años, con posibilidad de ser prorrogado por cinco años más.
- El modelo incluye defensores públicos y defensores particulares, que llevan adelante la defensa de personas de bajos ingresos por un valor tarifado, pagado por el Estado. ↩︎
