La denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la construcción de dos patrulleras Offshore Patrol Vessel (OPV) apunta a un posible fraude y engaño de la empresa Cardama Shipyard (Francisco Cardama SA) contra el Estado. Sin embargo, el hilo conductor de la denuncia involucra a un hombre del riñón del Partido Nacional (PN): Fabián Martínez Massaferro.
Martínez es abogado, integrante de la lista 40 y hombre de confianza del senador y exministro de Defensa Javier García. Esas cualidades lo llevaron a integrar el gobierno multicolor: fue designado como director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), cargo que ocupó durante todo el período. Desde ese lugar tuvo un rol clave en la negociación con Cardama: participó de reuniones entre representantes de la empresa y oficiales de la Armada Nacional en España y en Uruguay, y estuvo sentado en la mesa cuando –el 15 de diciembre de 2023– se firmó el contrato que cerró el negocio. También fue quien recibió y aceptó, sin objeciones, la garantía de fiel cumplimiento otorgada por EuroCommerce Limited, que permitió viabilizar el negocio y que hoy es cuestionada por fraudulenta.
Su actuación quedó registrada en la documentación que fue incorporada en la denuncia penal, afirmó el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz: «Hay un acta firmada [por Martínez]. Recepcionó de parte de Mario Cardama las garantías de EuroCommerce» (La Diaria Radio, 29-X-25). La referencia a Martínez en la denuncia ya tuvo su primer impacto en la causa: la fiscal Sandra Fleitas –que salió sorteada para encabezar la investigación– solicitó derecho de abstención por su relación de amistad con el dirigente blanco; la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, aceptó el planteo, por lo que el caso pasó a estudio del fiscal Alejandro Machado, que accederá a la denuncia este lunes tras volver de su licencia y comenzará a delinear su estrategia de investigación.
La validez de la garantía y su aceptación están en el centro del debate jurídico y político. Tras firmar el contrato, Cardama estuvo 11 meses buscando una garantía bancaria para cerrar el negocio; más de media docena de entidades bancarias y financieras –incluido el Banco de Seguros del Estado– rechazaron su solicitud. Mario Cardama –propietario de la empresa– dijo que cuando estaba por vencer la última prórroga presentó avales de tres bancos europeos y que fueron las autoridades del MDN las que eligieron el de EuroCommerce (El País, 26-X-25).
La garantía tenía una vigencia de 12 meses. Cuando estaba por vencerse, el gobierno decidió ejecutarla –como preveía el contrato–. Allí se detectaron las irregularidades. Un informe del estudio jurídico británico Arnold & Porter determinó que EuroCommerce está en proceso de liquidación, que desde 2022 no tiene actividad económica, que su titular es un ciudadano ruso y que las autoridades británicas iniciaron el trámite para eliminarla del registro público de sociedades. Además, en la dirección de la empresa funciona una inmobiliaria. Por eso, el gobierno la definió, en conferencia de prensa, como «una empresa de papel».
Con el paso de los días se conocieron otros detalles. Minutos antes de la conferencia encabezada por el presidente Yamandú Orsi, Cardama envió un correo electrónico al MDN en el que anunciaba la renovación de la garantía por otro año: el aval era otorgado nuevamente por EuroCommerce. También señalaba que el gobierno anterior había aceptado documentos sin traducir, que no estaban apostillados ni tenían certificación de firma. Estas irregularidades habían sido alertadas en un informe del estudio Delpiazzo, contratado –y desoído– por las exautoridades.
Si bien la denuncia penal presentada por el gobierno apunta a un posible «fraude o estafa» contra el Estado, este conjunto de irregularidades podría incluir ilícitos –por acción u omisión– de las autoridades anteriores del MDN. Esto provocó la dura reacción de los dirigentes del PN, encabezados por el expresidente Luis Lacalle Pou, el exministro Javier García y los principales referentes del Espacio 40 y de Alianza País, como Sergio Botana, que defendieron la actuación de su gobierno.
También dio lugar al primer choque entre el presidente Orsi y su antecesor. En su primera salida pública desde que dejó el cargo, Lacalle Pou dijo que Orsi «se pasó de rosca» al anunciar la rescisión del contrato con Cardama y que fue «arrastrado a una operación política»; Orsi dijo sentirse sorprendido por la virulencia de estas declaraciones y señaló que habría esperado que el exmandatario se pusiera del lado del Estado uruguayo y no del lado de la empresa.
Otros dirigentes opositores, como Pedro Bordaberry y Guido Manini Ríos, apuntaron al impacto negativo de la rescisión del contrato con Cardama, ya que podría acarrear juicios millonarios contra el Estado y retrasar la llegada de las OPV para la Armada Nacional. Sin embargo, los dos dirigentes esbozaron críticas por la falta de controles del MDN al validar la garantía de Cardama.
En esa línea también se pronunció el exsubsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue, quien declaró en la investigación administrativa que lleva adelante la Oficina Nacional del Servicio Civil por la compra de las OPV. En declaraciones a Búsqueda (30-X-25), Elgue aseguró que las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama fueron una «decisión política» del exministro García y que el expresidente Lacalle Pou «estaba al tanto de todo».
En este marco, el gobierno continúa adelante con la idea de rescindir el contrato con Cardama. El argumento es que la garantía era un aspecto central del negocio: sin ella no hay contrato. Como se presume que la garantía es falsa y fue otorgada por una empresa fantasma o de papel, el contrato pasaría a ser inválido, lo que habilita al Estado uruguayo a reclamar la devolución de los pagos ya efectuados a Cardama: unos 32 millones de dólares.
