Poco a poco, en Uruguay se ha activado el debate sobre cómo relanzar el crecimiento económico y cómo abordar el problema del desarrollo, luego de diez años de cierto estancamiento. En estos contextos, un planteo que siempre cobra fuerza es el que pone el énfasis en la ampliación de beneficios tributarios y de otra índole a los sectores más ricos, sobre el supuesto de que esto va a producir una mayor tasa de inversión.
Uno de los dispositivos específicos en esta dirección es el régimen de vacaciones fiscales. Se trata de un mecanismo que ofrece beneficios tributarios fundamentalmente a individuos de alto patrimonio, en particular extranjeros de la región, para que opten por la residencia fiscal en el país. En 2020, con la aprobación de la ley 19.904, el esquema fue ampliado y reformulado, de modo que permite optar por diez años de tasa cero sobre rentas provenientes de activos en el exterior o por una tasa permanente reducida del 7 por ciento.
Días atrás, en respuesta a un pedido de informes del diputado del Frente Amplio Bruno Giometti,1 el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), proporcionó los primeros datos disponibles sobre esta política. Allí se informa que, desde 2020 (año en que entra en vigencia la ley) hasta la fecha, se han adherido al régimen 2.313 personas y la gran mayoría (2.271) optó por no tributar sus activos acumulados en el exterior durante diez años. La mayor cantidad de solicitudes se registró en 2020 (con 670) y en 2021 (con 616). Más de la mitad (1.229) declaró domicilio fiscal en el departamento de Maldonado, seguido de Montevideo (con 749) y Canelones (con 136). Es probable que buena parte de los adheridos al régimen sean argentinos, aunque la DGI señaló que no dispone de información sobre la nacionalidad de los beneficiarios.
Respecto al patrimonio declarado y a la recaudación generada, la DGI informó que solamente 287 beneficiarios son alcanzados por el impuesto nacional que podrían tributar por sus activos radicados en Uruguay (es decir, el impuesto al patrimonio), dado que solo ese número supera el mínimo no imponible. En estas 287 personas, el patrimonio promedio se situó en torno a los 585 mil dólares, correspondiente principalmente a inmuebles. El resto, cerca de 2 mil personas, no tributa este impuesto por distintos motivos. En 2024, la recaudación total estimada por este concepto fue de unos 300 mil dólares, lo que implica un aporte promedio cercano a 1.000 dólares anuales por beneficiario alcanzado.
Es notorio que 300 mil dólares es una cifra marginal dentro de la matriz tributaria uruguaya. Si se evalúa únicamente por su aporte fiscal directo, el impacto de la política es insignificante. Podría suponerse una recaudación adicional asociada al consumo y a otras transacciones que estas personas realizan en Uruguay, pero no existen estimaciones al respecto. También podría asumirse que el régimen busca que los beneficiarios, al radicarse en el país, comiencen a realizar parte de sus inversiones aquí. Sin embargo, sobre estos posibles efectos tampoco hay un análisis de impacto. Por lo tanto, los números que se obtienen a partir del pedido de informes indican al menos resultados magros en términos de recaudación. Los efectos favorables o desfavorables que pueda tener en términos de dinamización de posibles inversiones son más difíciles de ponderar.
Este régimen de vacaciones fiscales se suma a una amplia gama de exoneraciones tributarias orientadas a la promoción de la inversión, sobre las cuales persiste la interrogante de su verdadera utilidad y potencia. El debate sobre una estrategia nacional de desarrollo –más amplia y ambiciosa que la sola búsqueda de una mayor tasa de crecimiento– aparece como una necesidad cada vez más urgente.
Los límites de las herramientas que únicamente despejan trabas y profundizan beneficios a los sectores de mayor patrimonio son notorios y muestran que esta vía difícilmente pueda sostener por sí sola un rumbo de desarrollo consistente. Una estrategia nacional implica enfrentar el desafío de que efectivamente inviertan en el territorio quienes pueden hacerlo, sin perder de vista que el desarrollo no es un asunto exclusivo del empresariado ni de quienes toman decisiones de inversión, sino del conjunto de las fuerzas sociales. Poner esta cuestión en el centro del debate puede ser el giro necesario para pensar un horizonte de desarrollo más sólido y menos dependiente de incentivos tributarios con resultados inciertos.
Rodrigo Alonso es economista. Diputado suplente por el Espacio 1001, Frente Amplio.
Juan Geymonat es docente del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Udelar.
- La respuesta puede consultarse en https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/institucional/informacion-gestion/pedidos-informes/regimen-vacaciones-fiscales. ↩︎
