Área desprotegida

Las organizaciones de activistas y científicos que vienen resistiendo la creación de una frontera petrolera en el mar territorial uruguayo tienen la certeza de que más temprano que tarde el Ministerio de Ambiente (MA) avalará las prospecciones con cañones que emiten señales sonoras de la misma intensidad que una erupción volcánica en las aguas uruguayas. Cuatro empresas de sísmica y cinco grandes consorcios de petroleras transnacionales buscan el aval definitivo del actual gobierno para explorar en casi todo el frente oceánico uruguayo rocas submarinas que podrían contener yacimientos de petróleo y gas. Los contratos entre el Estado y las industrias de altísimo poder de lobby fueron firmados durante la administración pasada y ofician de razón formal esgrimida por la administración de Yamandú Orsi para entregar el ansiado okey.

El futuro aval ya había sido adelantado en una elíptica entrelínea por el responsable del MA, Edgardo Ortuño, pero una respuesta, nada menos que de la Dirección Nacional de Cambio Climático (Dinacc), instaló en la nutrida red de ciudadanos que intentan desarticular la quimera petrolera la convicción de que la autorización es inminente. Esta dirección, que lideró la posición de Uruguay y de otros países del sur en la conferencia de Naciones Unidas en Belén, en el estado de Pará (COP30), les dio a las organizaciones ciudadanas prácticamente la misma respuesta que viene dando ANCAP. La decisión se encamina a ser política, y todos los aspectos técnicos se subordinarán a ella. No hay matices, por lo menos en público, entre el organismo encargado de distribuir combustibles fósiles –ANCAP– y aquel que, en cambio, tiene que velar por la biodiversidad y asegurar un modelo de desarrollo no predador y acorde a los compromisos internacionales firmados por el país –el MA–. No hay diferencias sustanciales entre la larga respuesta que la petrolera estatal envió a la Institución Nacional de Derechos Humanos (que había exhortado al ente a detener este proceso) y la más resumida y remitida por la oficina liderada por la socióloga María Fernanda Souza: la Dinacc.

En contraste con la postura más combativa asumida en la (una vez más) frustrante COP30, para esa dirección del MA la búsqueda del petróleo y el proceso de «descarbonización» iniciado por Uruguay no son incompatibles: «Los compromisos ambientales, planteados en un recorrido de mediano y largo plazo, requieren transiciones ordenadas y responsables», puede leerse en la respuesta número 16 a las preguntas enviadas a Uruguay hacia la COP: Diálogos con la Sociedad Civil. Luego se alega que «estas acciones» se desarrollan en el marco de la política energética vigente, aprobada en 2010 por todos los partidos políticos, con horizonte a 2030. Exactamente el mismo argumento que esgrime ANCAP sobre una política aprobada hace ya 15 años, cinco años antes del Acuerdo de París y en épocas en que no se conocían los pésimos indicadores de incremento de la temperatura media del planeta a causa de las emisiones con gases de efecto invernadero. Se trata además de un acuerdo interpartidario que, varios gobiernos después, no es vinculante, pero que, por las dudas, se promete sustituir por un texto similar con horizonte a 2050.

Sin embargo, lo que encendió las luces amarillas –o naranjas– es el párrafo en el que se vuelve a aludir a la «larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos» del país y se dictamina: «En principio se prevé se respeten los contratos de exploración firmados y por tanto se continúe con las actividades previstas en los mismos». Esta enunciación –pronunciada desde el MA– evidencia que la decisión será política y que por ende las empresas de prospección sísmica, primero, y las petroleras, después, lograrán la autorización ambiental previa (AAP) para explorar y perforar en las mismas zonas que los biólogos y la academia especializada –e incluso el gobierno anterior– han determinado que son áreas prioritarias de conservación.

Frente a esta respuesta, la Asamblea Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma), dos de las organizaciones más activas en la resistencia a esta actividad extractiva –categorizada como de alto riesgo ambiental, con la letra «c», por el MA–, resolvieron presentar una acción Judicial para detener la autorización. La demanda solicita a la Justicia una medida cautelar de «no innovar», que prevenga la ejecución de «daños graves e irreparables» mientras se sustancie un juicio civil ordinario en el que se demanda la anulación de los contratos firmados con ocho empresas: las petroleras Shell, Chevron-CEG, YPF (ahora asociada con la italiana ENI) y APA, y las ejecutoras de las prospecciones: Searcher, PGS, CGG y APA (todas citadas a declarar). En el escrito de más de 50 páginas, los demandantes argumentan que los contratos son ilícitos porque violan todo el ordenamiento público ambiental y constituyen un ejemplo de uso abusivo del derecho (véase recuadro), además de incluir nutrida información científica y jurisprudencia internacional sobre estas prácticas.

ALERTAS CIENTÍFICAS

Las organizaciones sociales llevarán como testigos en el eventual juicio a prestigiosas y autorizadas voces del ámbito académico. Es el caso de Omar Defeo, director del Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) de la Universidad de la República y profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, y de la bióloga del Centro Universitario Regional Este Paula Laporta, una experimentada científica que también participó en monitoreos de fauna en rondas exploratorias anteriores lanzadas por ANCAP.

Recientemente, Defeo ha llevado el tema a la prestigiosa revista Science. En un artículo en el que participa como coautor, junto con Nelson Rangel-Buitrago, que lleva el sugestivo título de «Proteger los mares de Uruguay de la política», el oceanógrafo advierte que los estudios sísmicos se llevarán a cabo en áreas propuestas como áreas marinas protegidas, «lo que amenaza cañones submarinos y puntos críticos de biodiversidad» (sí, los mismos que, tal como señala la demanda judicial, fueron mostrados en toda su dimensión en la expedición Sub-200 del Falkor). «Si bien a menudo se justifican por sus potenciales beneficios económicos –consigna la carta– estas actividades están en conflicto con los compromisos climáticos de Uruguay alineados con el Acuerdo de París y corren el riesgo de aumentar las emisiones. La exploración en alta mar también perturba las pesquerías […], ya afectadas por el calentamiento oceánico, y degrada la vida marina a través de la perturbación acústica, la destrucción del hábitat y la contaminación. Los planes de exploración amplifican las vulnerabilidades ecológicas y socioeconómicas existentes, en particular dentro del punto crítico de calentamiento del Atlántico sudoccidental, y entran en conflicto con la matriz energética diversificada del país y sus compromisos de larga data en materia de sostenibilidad.»

Las advertencias de Laporta son también elocuentes. La docente, que dirige Yaqu Pacha –filial de la Organización para la Conservación de Mamíferos Acuáticos en América del Sur–, se embarcó en monitoreos de fauna entre 2012 y 2014, época en que ANCAP y las petroleras multinacionales gozaron del mar uruguayo como una zona liberada, ya que no existía ninguna regulación de la actividad y las empresas no estaban siquiera obligadas a presentar estudios de impacto ambiental (fue recién en 2017 cuando Uruguay le otorgó a esta actividad la categoría más peligrosa). «Lo que hacen esas empresas es tomar unas medidas que están bien vistas a nivel internacional, pero que los que estamos por dentro del tema sabemos que no son eficientes. Empiezan a producir el sonido de una forma gradual, entonces comienzan encendiendo los cañones que tienen menor potencia y los van agregando hasta que llegan al momento cuando están todos funcionando a full. Cuando están por llegar a una nueva transecta, unos 20 minutos antes, vuelven al soft start, como le dicen, al inicio suave. Eso haría alejar a los animales cercanos, pero no es mitigar, es avisar que va a empezar un impacto, ¿no?» La repercusión es especialmente perjudicial para los grandes mamíferos marinos (como los cetáceos, cuya supervivencia está estrechamente ligada al sonido) y las tortugas, aunque existen estudios que prevén efectos sobre peces e incluso el zooplancton (base de las cadenas tróficas). Todo esto sin considerar los impactos globales de la propia explotación petrolera en sí, que implica daños ambientales de todo tipo.

La función de los observadores de fauna marina en los barcos tampoco haría la diferencia. Se suelen incorporar dos o tres técnicos que observan en turnos y no simultáneamente, que no dan abasto para cubrir visualmente las horas diurnas sin agotarse. Laporta tiene entendido que en 2024 el MA habría actualizado una guía que obligaría a parar las máquinas de los buques de exploración a 1.000 metros en vez de 500 metros de la visualización de un ejemplar, pero este nuevo protocolo no se ha divulgado aún (se infiere que se hará público concomitantemente con la AAP).

Otra advertencia descrita por Laporta, también divulgada por otros científicos críticos, es la falta de estudios previos de los ecosistemas antes, durante y después de las exploraciones: «En las campañas anteriores no se hizo un estudio real de impacto ambiental y comportamental del sonido emitido sobre estos animales: no sabemos cómo ellos se distribuyen, cómo usan el lugar, dónde están ubicados, cuántos hay. Tampoco sabemos lo que ocurre durante la prospección, porque lo que podemos saber es qué vemos, dónde los vemos, a qué distancia del barco están. Pero esa información disponible desde las campañas pasadas nunca nadie la analizó con profundidad. Y tampoco sabemos nada del después de la sísmica, o sea, qué pasó».

Laporta también explica que Uruguay no ha realizado nunca, a pesar de cuatro rondas lanzadas por ANCAP, estudios de varamiento de los mamíferos marinos. A pesar de que en momentos en que se hicieron prospecciones se detectaron animales muertos, no se hicieron estudios de la causa de fallecimiento y no se cuenta con veterinarios especializados. En tiempos de tierna sensibilidad mediática con mamíferos que vienen a parir a las costas uruguayas, solo hay acciones puntuales con algún caso específico, pero no existen políticas de Estado sólidas respecto a la fauna marina. Todo esto mientras los portales del Ministerio de Turismo promocionan en el exterior el avistamiento de cetáceos y otros animales marinos en las costas uruguayas.

Otras voces que también han hecho públicas sus advertencias académicas han sido el referente de la Asociación Oceanográfica Uruguaya Marcos Sommer, los biólogos Javier Sánchez Tellechea (integrante del ICO, especializado en bioacústica) y Andrés Milessi (de Mar Azul Uruguayo), y el director de Recursos Acuáticos entre 2010 y 2017 Daniel Gilardoni (quien también testificará en el eventual juicio), junto con el puñado de científicos que participaron en las audiencias públicas sobre los proyectos.

EL GRAN HERMANO BRASILEÑO

Entre los argumentos a los que se aferra el MA en conversaciones informales aparece el supuesto ejemplo de Brasil, donde desde hace años se hacen exploraciones offshore. Sin embargo, la extensión de la frontera petrolera hacia la cuenca del Amazonas, debido al eventual agotamiento de las reservas del denominado presal del litoral sudeste, provocó intensas controversias en la izquierda brasileña. Varios medios del país del norte publican que el instituto regulador del ambiente de Brasil –el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA)– autorizó la perforación de un pozo en las aguas profundas de Amapá bajo la enorme presión de Rui Costa, el jefe de gabinete del gobierno de Lula (Sumauma, 20-X-25) y que esta decisión supuso un fuerte golpe para el liderazgo brasileño en la famosa cumbre de cambio climático, que, como es usual, no ha supuesto ningún golpe de timón. Por el contrario, Brasil, en alianza con los países petroleros del mundo árabe y sus socios de los BRICS, como Rusia, bloqueó cualquier mención al papel perjudicial de los combustibles fósiles en las declaraciones.

En un reciente dossier del Observatorio del Clima brasileño, editado por la expresidenta del propio IBAMA Suely Araújo, se subraya que «es necesario limitar al máximo la expansión de la producción de petróleo, que choca con la realidad de la crisis climática y con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía […]. No se puede ser líder climático y “Estado petrolero” al mismo tiempo», criticó Araújo. Algo similar ha planteado la investigadora Sabrina Fernandes quien, en una columna para The Intercept, cuestionó la postura de Brasil como uno de los diez países con mayor aporte al calentamiento global y, por lo tanto, deudor de reparación climática hacia aquellos con una contribución mucho menor (véase «Las contradicciones de la COP30 en Brasil», en Jacobin Lat).

A pesar de las ostensibles discordancias entre la imagen exterior e interior de Brasil en lo ambiental, la bióloga Laporta remarca las enormes diferencias entre la capacidad de monitoreo del gigante norteño versus esta banda oriental: «Antes que nada, Brasil ya tiene petróleo desde hace mucho y tiene una superficie marina incomparable con la nuestra. Nosotros estamos entregando el 60 por ciento de nuestra zona económica exclusiva. Ya la prospectaron en una buenísima parte en las campañas anteriores y no encontraron nada. Todos los pozos fueron secos». Por otro lado, en Brasil –ilustra– desde hace diez años hay investigación científica de calidad, financiada por la propia Petrobras: «Implementaron sistemas de monitoreo enormes, con cientos de personas relevando 1.500 quilómetros de playa a lo largo del litoral para revisar los varamientos y ver la causas; formaron centros de investigación y de rehabilitación de fauna marina. Estamos a años luz de ellos». En ese país hay científicos embarcados antes, durante y después de la exploración sísmica. Cabe recordar que en Uruguay el único barco de investigaciones disponible, el Aldebarán, está inactivo desde 2020 por falta de mantenimiento.

Otras voces han señalado las incongruencias estratégicas de abrir la puerta a una actividad que Uruguay difícilmente pueda financiar. El exdirector de Energía Ramón Méndez ha advertido que fácilmente habría que obtener 10.000 millones de dólares para extraer petróleo de las bravas profundidades uruguayas a un precio no competitivo con el crudo producido en Oriente Medio, en un escenario en el que tarde o temprano bajará el consumo y en el que ya existe una monumental sobreoferta («En el jardín de los pulpos», Brecha, 12-IX-25). No es nada complejo encontrar reportes de prensa que documentan este hecho: «La Agencia Internacional de la Energía hablaba hace unas semanas de un superávit de producción casi inédito, después Bank of America Merrill Lynch aseguró que el petróleo flotante […] estaba aumentando rápidamente. Ahora el Banco Mundial avisa de que cada vez hay más cargamentos de crudo que no encuentran comprador», alertaba a mediados de este mes El Economista bajo el título «Una avalancha de petróleo sin precedentes empieza a tomar forma en el horizonte del mercado».