El síndrome de la frazada corta es mencionado insistentemente por las autoridades como razón de que todas las acciones gubernamentales no se puedan concretar por falta de financiamiento. Es que quien pretenda cubrirse con una manta corta necesariamente dejará fuera la cabeza o los pies, y en el invierno eso es causa segura de resfrío. La única medicina para evitarlo es munirse de lana y agujas y tejerle un buen suplemento a la frazada para que cubra todo lo que sea necesario cubrir.
En políticas sociales, la frazada son los recursos y lo que es preciso cubrir son las múltiples necesidades que afectan la calidad de vida de la gente; siguiendo el orden de las prioridades y compromisos de gobierno establecidos por el Consejo de Ministros el 25 de marzo: el crecimiento del empleo y de los salarios sumergidos; el enfrentamiento del crimen organizado en barrios y ciudades; el reforzamiento de la seguridad social, con especial atención en la infancia; el acceso universal a la vivienda adecuada y digna y a los servicios de infraestructura fundamentales. Esto se tradujo en 63 compromisos de gobierno, casi todos los cuales exigen aplicar recursos significativos. Recursos adicionales, porque la mayoría de estos objetivos requiere acciones que se contemplaban en los planes y políticas del gobierno anterior.
LA CONTRADICCIÓN ORIGINAL
Sin embargo, el presupuesto elaborado y ahora ya aprobado con votos de casi todos los partidos que integran el Parlamento –del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto en forma unánime, y de algunos blancos y colorados– tomó como punto de partida el presupuesto anterior y solo lo incrementó en 140 millones de dólares (menos del 1 por ciento, en un total de unos 20.000 millones, y con eso se pretende cumplir los compromisos contraídos.
Es cierto que en el Parlamento se reforzaron algunas partidas, especialmente para la educación y para atacar la pobreza infantil, pero fueron los mismos fuegos de artificio del presupuesto pasado: desvestir a un santo para vestir a otro sin que haya un incremento genuino de recursos y sin que esos incrementos sean sustanciales, a tal punto que no se mencionan en dólares (lo usual), sino en pesos, con lo que parecen mayores.1
No es que el equipo económico desconozca que las cifras no le cierran: está claro que todo lo que el FA en su campaña electoral y el gobierno en los compromisos de marzo se propusieron hacer no se puede con esos recursos. Solo cumplir con el primero de los compromisos sobre vivienda (asumir un incremento presupuestal sostenido para duplicar las inversiones) insumiría más de 200 millones de dólares. Pero todas las esperanzas del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y sus colaboradores se depositan en que el PBI del país crezca a porcentajes poco factibles, con lo cual los mismos gravámenes rendirían más. Pero si eso no pasa, habrá que esperar cinco años, hasta el próximo presupuesto, porque las autoridades económicas declaran que el aumento de impuestos está de antemano vedado, aunque el programa del FA no dice eso, sino más bien lo contrario («Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad», página 29).
EL 1 POR CIENTO AL 1 POR CIENTO
En ese contexto, el PIT-CNT propuso en el acto del Primero de Mayo que para financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente se imponga una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas (IPPF) que grave de manera importante a los más ricos, que popularmente se difundió como una contribución anual del 1 por ciento del patrimonio de las personas que poseyeran uno mayor a 1 millón de dólares. Esta versión simplificada, que parece carecer de matices, se ajustó al conocerse la versión definitiva de la propuesta, elaborada por una comisión consultiva de la central obrera.
Lo que se propone concretamente es aplicar una sobretasa a un impuesto ya existente, de carácter gradual, por encima de un mínimo no imponible de 1 millón de dólares y que, en las diferentes instrumentaciones que se han manejado, iría desde el 0,1 por ciento en la franja inmediata a dicho límite hasta el 1,5 por ciento para los patrimonios mayores a 11 millones de dólares. En dichas alternativas, el gravamen del 1 por ciento se aplicaría recién a patrimonios de entre 2 y 3 millones de dólares.
La propuesta fue presentada en un lugar tan simbólico como un repleto Paraninfo de la Universidad de la República. Entre los presentes estaba el subsecretario de Economía y Finanzas, economista Martín Vallcorba, que no había llegado a la puerta cuando ya estaba declarando que «el país no puede seguir discutiendo todo el tiempo sobre impuestos […]. Para el gobierno, la discusión termina en esta etapa, con la aprobación del presupuesto». Como si en una democracia alguien que no sea el pueblo mismo pudiera decidir qué se discute y qué no, y cuándo.
Días después, su jefe, el economista Oddone, remachaba en un programa de nombre sugestivo, Fácil desviarse (Del Sol, 11-XII-25): «Actualmente este tipo de impuesto no se aplica en ningún lugar del mundo», lo que rebatió la comisión consultiva, con múltiples y diversos ejemplos, al tiempo que pedía rigurosidad en los argumentos y evitar descalificaciones, cosa muy atendible, aunque algunos economistas tengan otras prácticas. Pero en realidad alcanzaría con un solo ejemplo, por su importancia: el impuesto existe y se aplica en Uruguay desde 1964, si bien sus tasas han disminuido desde más del 4 por ciento hasta el 0,1 por ciento. De lo que se trata ahora es de volver a aplicar tasas en serio.
LOS ESPANTAPÁJAROS DEL ECONOMISTA MUNYO
Ignacio Munyo es un habitué de radio y televisión. Director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (cargo antes ocupado por Ernesto Talvi) que apuesta a ser un soporte del pensamiento económico liberal, Munyo disparó también contra la sobretasa del IPPF, acusándola de «espantainversiones». Según él y otros colegas de parecido pensamiento, los grandes patrimonios, ante la amenaza del gravamen, huirían del país, lo que hoy es sencillo. Sin embargo, Andrés Blanco, integrante de la comisión consultiva, llama la atención sobre un detalle que parece habérsele escapado a Munyo y que conduce exactamente a la conclusión contraria: «El impuesto implica un “estímulo para la producción”, ya que solo se impone en el caso de los activos ociosos, es decir, aquellos recursos que una persona no utiliza de manera productiva», dijo (La Diaria, 27-XI-25). O sea, la manera más sencilla y productiva de escaparse del impuesto no es huir del país, sino invertir para no ser gravado.
ELOGIO DE LO INMODERADO
En entrevista con Brecha (12-VII-25), la experta argentina en tributación internacional Verónica Grondona afirma que «la propuesta del PIT-CNT es moderada y razonable». Seguramente tal afirmación suene para muchos tranquilizadora si se da por hecho que la moderación es una virtud. Más allá de la buena intención con la que, no dudo, fue atribuido el calificativo, a mí me suena insatisfactorio que ese sea el que la medida convoca. Porque la gravedad de los problemas que se pretende y quiere resolver invita a la audacia más que a la moderación.
Por eso creo que la propuesta sindical puede ser aún mejorada, sobre todo en dos direcciones: la disminución del mínimo imponible, dentro de una escala gradualista (por ejemplo, a los 150 mil dólares del impuesto base), para que alcance a los que tienen muchísimo dinero, pero también los que tienen mucho, y que las alícuotas crezcan más rápidamente, porque los recursos que se necesitan así lo exigen.
Si en una sociedad muy poca gente tiene mucha riqueza y mucha gente tiene mucha pobreza, como sucede en la nuestra, es claro que algo anda muy mal, porque desigualdad y democracia son casi antónimos. Por eso es necesario alargar la frazada: para poder cambiar esa realidad.
EPÍLOGO RETROSPECTIVO
En la Antigüedad, los alquimistas pasaban sus días y sus noches de claro en claro y de turbio en turbio, buscando la piedra filosofal que transmutara los metales en oro, y si el mundo no hubiera cambiado, todavía estarían buscándola. Pero sigue habiendo alquimistas: ahora se llaman economistas liberales y lo que buscan es que la inversión privada traiga la justicia social.
Mientras tanto, los señores feudales se enriquecían mes a mes poniendo impuestos en especie del 10 por ciento a sus siervos (y los reyes no hacían lo mismo con los señores feudales, simplemente porque estos eran quienes tenían los ejércitos). A pesar de que el mundo cambió, los señores feudales de ahora, conocidos como milmillonarios, siguen haciendo lo mismo, aunque ahora se llama tasa de ganancia.
- Las reasignaciones aprobadas en la versión que salió del Senado y fue finalmente aprobada son de poco más de 300 millones de pesos, o sea, unos 8 millones de dólares. ↩︎
