En la previa a la marcha del domingo por el Día Internacional de la Mujer, buena parte del debate sobre las desigualdades de género estuvo centrada en la pertinencia de la consigna que este año eligió la coordinadora Vía al 8M –integrada por unas 30 organizaciones, entre ellas el PIT-CNT–: «8M antimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán». La consigna fue cuestionada por referentes sociales y políticas que entienden que el foco de la igualdad de género fue desviado, para priorizar reivindicaciones ajenas a la problemática. El presidente Yamandú Orsi, en su discurso ante la Asamblea General de esta semana, a un año de iniciado el gobierno, no hizo casi alusión a la temática, con solo dos excepciones: las menciones al alcance de un «máximo histórico» en la tasa de empleo femenina –con 19 mil nuevos puestos de trabajo para mujeres– y a la incorporación del Élida 360, herramienta informática para mujeres víctimas de violencia de género. Para tener un panorama completo de las acciones del gobierno en esta materia, habrá que esperar al lunes, cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presente su propia rendición de cuentas de lo actuado en este primer año de gestión. Su directora, Mónica Xavier, adelantó a Brecha que se anunciará cerca de un 80 por ciento de cumplimiento de las 90 prioridades que se planteó el Poder Ejecutivo para todos sus ministerios, entre otras acciones (véase entrevista).
Mientras las autoridades hablan de priorizar la violencia doméstica en la agenda de género del Poder Ejecutivo, los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que se encargan de los Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia –nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga)– se declararon en conflicto este jueves en el marco del no pago de salarios. A esto se suma la convocatoria que las organizaciones sociales se quedaron esperando, de parte del gobierno, para establecer una hoja de ruta conjunta que atienda esta problemática. El compromiso lo habían asumido las autoridades en setiembre del año pasado, tras la demanda de la sociedad civil organizada a raíz del resonado caso del doble infanticidio en Río Negro.
TRABAJOS DE MUJER
En el PIT-CNT lamentaron los problemas salariales que atraviesan los trabajadores tercerizados del MIDES, que se prolongan desde hace varias administraciones. «Es muy triste que no se cuide a quienes cuidan», sostuvo la vicepresidenta de la convención de trabajadores, Carolina Spilman, quien aseguró que se está trabajando para «destrabar este tema». En diálogo con Brecha, remarcó la importancia de fortalecer la autonomía laboral de las mujeres ante una brecha salarial de más del 20 por ciento y salarios sumergidos –entre 200 mil y 300 mil mujeres ganan menos de 25 mil pesos–. Aunque aclaró que no cuestiona las cifras, Spilman consideró que «habría que ver las características» de los empleos femeninos destacados por Orsi esta semana. «La creación de nuevos puestos de trabajo es muy importante, pero apuntaría a su calidad», señaló.
En tanto, subrayó que la propuesta de gravar al 1 por ciento de la población más rica del país para destinarla a la pobreza infantil «también tiene que ver con el género», ya que el cuidado es una responsabilidad que recae en las mujeres –un 70 por ciento de los trabajos de cuidado no remunerado lo hace la población femenina, apuntó–. En esta línea, cabe recordar que el presidente anunció el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, en articulación con políticas de primera infancia, salud y vivienda, y la optimización del sistema de transferencias para hogares con niños y adolescentes. Todos estos puntos serán tratados en el encuentro de mujeres y diversidades sindicalistas que el PIT-CNT hará este fin de semana y que se prepara para recibir a más de 250 referentes de todo el país. A modo de reflexión, Spilman, también responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual de la convención sindical, aseguró que «en materia de género nos quedamos cortísimos, se ve en el discurso del presidente, falta un montón; desde el gobierno se dice que no comparten la propuesta de gravar al 1 por ciento más rico, pero tampoco presentan una propuesta alternativa».
MESA VACÍA
A principios de setiembre del año pasado, luego de la confirmación de que los hermanos Francisco y Alfonsina, de 6 y 2 años, habían sido asesinados por su padre, Andrés Morosini, que se arrojó con ellos en un auto al arroyo Don Esteban, en Río Negro, múltiples organizaciones sociales y feministas autoconvocadas se concentraron frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de medidas concretas para la prevención de futuros casos. A raíz de las manifestaciones, las autoridades recibieron a algunas de las referentes. De la reunión participaron el Inmujeres, la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo. Aunque se prometió la instalación de una mesa de trabajo con la participación del movimiento feminista para la elaboración de políticas públicas, la convocatoria nunca llegó.
Valeria Caggiano, integrante de la Intersocial Feminista que participó de la instancia, aseguró que no sorprende demasiado el olvido de este compromiso, ya que es un asunto que «no aparece jerarquizado por miedo a los costos políticos que se pagan al incluir estos temas en la agenda», e indicó que habrá que aguardar a conocer la rendición de cuentas del Inmujeres para ahondar en las acciones tomadas. Consultada por Brecha, Caggiano indicó que también participó, junto con otras referentes de los movimientos feministas, de los diálogos de cara al Plan Nacional de Seguridad Pública. Al respecto, expresó que se trató de una instancia en la que realmente pareció haber una «escucha genuina» por parte de las autoridades, aunque desconoce cuáles son los elementos en materia de género que se incluirán en el plan.
HECHA LA LEY
En tanto, en el ámbito legislativo sigue pendiente la prometida «reactivación» de la bancada bicameral parlamentaria, que auguraba el abordaje de discusiones de larga data, como la posibilidad de establecer una ley de paridad de género. Natalia Fernández, abogada especializada en derechos humanos, mujeres e infancias, y una de las coordinadoras de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, subrayó en conversación con el semanariola importancia de fortalecer la agenda legislativa de género. En esa línea, identificó «retrocesos», como la ley de tenencia compartida aprobada durante el período anterior, que «quita garantías a las infancias, al exponer a los niños a la violencia de progenitores que ejercen violencia doméstica», y los cambios establecidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) para delitos menores, que se tradujeron en un aumento significativo de la población carcelaria femenina en los últimos años, en buena parte por delitos de microtráfico. «Hay mujeres con más años de condena por unos gramos de droga que la pena de tres años de prisión que le dieron al hombre que abusó sexualmente de su hija de 7 años», cuestionó, en referencia al caso ocurrido en Colonia que se hizo público esta semana. Si bien el progresismo se comprometió a modificar la LUC y derogar la corresponsabilidad en la crianza, por ahora no ha habido avances claros en ninguno de esos puntos.
Fernández valoró la iniciativa que promueve la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, así como la que busca regular la violencia digital contra mujeres basándose en la recientemente aprobada Ley Modelo Interamericana de la Organizaciones de los Estados Americanos, una discusión que la vicepresidenta Carolina Cosse se comprometió a impulsar en el ámbito parlamentario. Aun así, remarcó que, además de trabajar en proyectos a futuro, hay que cuestionarse la falta de presupuesto de la normativa existente. La ley de violencia basada en género, dijo, en ocho años sigue sin contar con los recursos necesarios para su plena aplicación, que implica, por ejemplo, la creación de nuevos juzgados especializados.
La abogada, que trabaja además en los dispositivos de respuesta de atención a víctimas de violencia, indicó que, si bien desde el Inmujeres se habla de «refuerzos», las consultas por situaciones de violencia han aumentado y «no hay una realidad institucional que pueda cubrir todos los casos». A esto se suma la situación que atraviesan determinados territorios «donde la inseguridad ha ganado la calle», y la protección de las usuarias adquiere otra complejidad.
