En un centro de detención juvenil, los sucesos rara vez siguen un guion. Son más bien estallidos que emergen de un tejido invisible de tensiones, miradas, silencios o gestos. Pretender analizar un incidente sin reconocer esa trama compartida es como mirar un espejo roto: la imagen siempre será incompleta, sesgada. El episodio del sábado lo confirma.
La designación de Jaime Saavedra como presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) significó, para muchos, un aire fresco. Su llegada, marcada por un perfil humanista cristiano y por la condición de outsider del mundo penal juvenil, generó expectativas. No venía de la burocracia del sistema, sino de la experiencia en el ámbito adulto, y eso le permitía plantear un discurso distinto, cargado de objetivos concretos y cercano a los estándares en la materia.
Desde el inicio, Saavedra puso el foco en la infraestructura de los centros de detención juvenil. Tras recorrerlos, no dudó en calificarlos como «inaceptables» y trazó una meta para 2026: los centros deberían ser modestos pero dignos. La dignidad, repetía, era el punto de partida para cualquier proceso de rehabilitación.
Su visión también apuntaba a transformar el enfoque del sistema. La privación de libertad debía ser el último recurso, mientras que la reinserción social, a través de la educación, el trabajo y el acompañamiento comunitario, debía convertirse en el verdadero objetivo. En ese sentido, defendió las sanciones no privativas de libertad como herramientas más eficaces para reducir la reincidencia.
La modernización del Inisa fue otro de sus compromisos. Habló de seguimiento individualizado, digitalización de procesos y profesionalización del personal. En paralelo, impulsó proyectos innovadores, como la instalación de empresas en la Colonia Berro, para que los adolescentes privados de libertad pudieran trabajar y aprender oficios, y así crear oportunidades reales de reinserción. Finalmente, subrayó la necesidad de articular esfuerzos con otras instituciones. Educación, salud y desarrollo social debían ser aliados estratégicos para construir una red integral de apoyo a los adolescentes en conflicto con la ley.
Pero todo ese discurso pujante de proyectos todavía por concretar se desmoronó tras el incidente en un centro de detención. Ante el hecho, el presidente del Inisa eligió llamar «delincuentes de poca monta» a los adolescentes involucrados, prometió que «sufrirán consecuencias en su vida cotidiana» y que procurará que se agraven sus penas. El gesto fue claro: mostrar dureza, transmitir control. Sin embargo, lo que se proyecta es otra cosa: estigmatización, exclusión y una peligrosa confusión entre gestión administrativa y potestades judiciales.
El lenguaje que reduce a los jóvenes a etiquetas niega la finalidad socioeducativa del sistema penal juvenil. La justicia para adolescentes no se construye sobre la humillación ni sobre la represión constante, sino sobre la responsabilización y la posibilidad de reintegración. La amenaza de endurecer sanciones desde la administración roza el límite del principio de legalidad y erosiona las garantías del debido proceso.
Decir que los adolescentes deberán «sufrir consecuencias en su vida cotidiana» abre la puerta a prácticas disciplinarias arbitrarias, degradantes, contrarias a los estándares internacionales que prohíben castigos crueles o inhumanos. La cárcel, con sus muros opacos, suele ocultar más de lo que muestra; por eso el lenguaje público importa tanto, porque anticipa la lógica que se aplicará puertas adentro. El discurso tribunero –ese que busca aplausos fáciles y réditos políticos– puede sonar fuerte en el momento, pero mina silenciosamente los cimientos de un sistema que debería estar orientado al desarrollo y la reintegración.
Un asunto que sorprende o es por lo menos llamativo radica en la presencia casi inmediata de la prensa. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién abre la puerta de la información en un espacio que, por definición, está cerrado? Esa pregunta revela que los muros del encierro no son tan herméticos como parecen: hay filtraciones, hay intereses, hay poder en disputa. Reducir lo ocurrido a una lectura superficial –un enfrentamiento aislado, una reacción espontánea– es ingenuo. En realidad, cada estallido es la punta visible de un iceberg de tensiones acumuladas u objetivos no explicitados. Lo que se ve es apenas el eco de lo que se trama.
Hace un tiempo –lo señalé en estas mismas páginas–1 me preocuparon las palabras de Saavedra, cuando de antemano sentenció futuros al hablar de gurises con un pasado de delitos pesados, cuando la función del sistema debería ser precisamente la contraria: establecer condiciones para abrir trayectorias posibles allí donde otros solo proyectan clausuras. El sábado volvió a asomar la misma voz y la inquietud se hizo más densa, porque no hablamos de la opinión de cualquiera, sino de quien dirige un instituto cuya razón de ser, por ley, es ejecutar medidas socioeducativas, garantizar un entorno seguro, respetar los derechos y trabajar por la reintegración a través de la familia y la coordinación interinstitucional.
Si lo dicho fue un arrebato, que se diga así, con la claridad de quien reconoce un error; si no lo fue, entonces esas palabras no son un desliz, sino una peligrosa política en germen que coloca a los adolescentes infractores en el lugar jodido del no futuro y los condena de por vida. El lenguaje empleado por una autoridad nunca es neutral: define marcos de interpretación, orienta prácticas y condiciona la forma en la que una institución concibe a las personas bajo su responsabilidad. Tal como señalaba Hannah Arendt, el ejercicio del poder se evidencia en la responsabilidad y los límites que decide imponerse. Cuando el discurso público comienza a naturalizar excepciones o a clasificar ciertas vidas como prescindibles, se configura un escenario de riesgo, en línea con las advertencias de Giorgio Agamben sobre la expansión de la excepción y de Achille Mbembe respecto de la distribución desigual de la protección.
No conozco personalmente a Saavedra; si así fuera, le diría –quizá con más cercanía que reproche– que las autoridades no pueden permitirse ese tipo de deslices. Su discurso modela prácticas, abre puertas o las cierra, y en ese gesto se juega la posibilidad de responsabilización y reparación. Si una administración se presenta con sensibilidad social, debe exigírsele coherencia entre palabra y acción; por eso corresponde una rectificación pública que restituya la dignidad de quienes están bajo custodia y que oriente la acción institucional hacia la acción socioeducativa y, como tantas veces remarcó Saavedra, la esperanza.
Véase «Lo intolerable», Brecha, 13-VI-25. ↩︎
(Luis Pedernera es especialista en temas relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.)
