En Uruguay, el sistema penal juvenil ha sido horadado poco a poco por el sistema político respecto a las garantías que presentaba el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), sancionado por la ley 17.823. La voracidad de los políticos, desde hace por lo menos cuatro períodos de gobierno, ha ido destruyendo lo bueno que tenía el CNA con propuestas efectistas atizadas por la inseguridad y el miedo como forma de lograr visibilidad pública.
Podemos mencionar, en este sentido, las leyes 18.777, 18.778 y 19.055, que durante la era progresista introdujeron modificaciones en el CNA. Y también la 19.889, Ley de Urgente Consideración (LUC), que hizo lo propio durante la última administración.
Dichas normas han afectado seriamente lo que en la doctrina se denomina respuesta penal específica, parte de un principio del derecho internacional según el cual los menores de 18 años son personas en desarrollo y por lo tanto la respuesta penal requiere de un plus de protección y garantía adicional, diferente a las de los adultos. La LUC continuó la tendencia de las leyes anteriores y aumentó las penas, eliminó los beneficios de suspensión condicional del proceso, profundizó el camino iniciado en las administraciones pasadas; la detención preventiva es la regla y no la excepción, y la mantención de los antecedentes penales de los adolescentes al cumplir la mayoría de edad determina consecuencias durísimas para los afectados.
La «Observación general 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil», adoptada por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es el documento elaborado por este órgano en su función de interpretación oficial de la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí se solicita que los Estados consideren elevar la edad de comienzo de la responsabilidad penal específica a una edad no menor a 14 años. Asimismo, pide limitar las penas máximas de detención (que no sean muy elevadas y sean siempre revisables) y afirma que el mantenimiento de los antecedentes sea una medida realmente excepcional y de registro interno, para que no hagan más gravoso el castigo y la respuesta penal.
El comité exhorta especialmente a los Estados a avanzar en hacer de la excepcionalidad y la brevedad de la privación de libertad realmente la regla (artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño). También demanda que se cree un sólido sistema de medidas no judiciales, como la mediación, la justicia restaurativa y la desviación, acompañado por un sistema robusto de sanciones no privativas de libertad.
La evidencia internacional es contundente: los sistemas construidos sobre la privación de libertad, el endurecimiento de penas y el no reconocimiento de la respuesta penal específica solo amplifican la violencia que dicen querer controlar. Además suponen mayores costos para los Estados y no contribuyen a resolver el problema, sino todo lo contrario.
He tenido la oportunidad de acompañar al Servicio de Paz y Justicia y a la Organización Mundial Contra la Tortura a una visita de monitoreo de los centros de detención de la Colonia Berro. He visto la infraestructura de los centros de detención en un estado deplorable, que necesitan urgentemente ser acondicionados, y lugares que están muy lejos de su finalidad educativa. Invitaría a los legisladores a visitarlos y les preguntaría si dormirían tranquilos al dejar a sus hijos o nietos en esos lugares una noche.
Con el endurecimiento de la respuesta penal contra los adolescentes, Uruguay los ha colocado en una situación de desigualdad jurídica en el trato penal con respecto a los adultos. Esta situación es patente, por ejemplo, en la preceptividad de la detención preventiva. Me ha sorprendido ver en los centros a adolescentes de diferentes edades conviviendo en un mismo espacio, así como a otros que ya tienen sentencia junto con aquellos con cautelares. Esto pone claramente de manifiesto el grado de desigualdad jurídica en el que están los adolescentes, a los que se los priva de la aplicación de garantías más beneficiosas, de las que sí gozan los adultos.
Un capítulo especial merece el aumento de las penas, que se elevaron a diez años con la LUC, una situación que seguramente reproducirá a mediano plazo lo que se vive en el sistema penal adulto.
En esta materia, poco sabemos sobre la agenda de la nueva administración. Pero debería estar meridianamente claro que es necesaria una revisión urgente de la cuestión penal adolescente: derogar las leyes que ampliaron la capacidad criminalizadora y proponer un abanico de propuestas en las que la cárcel no sea el eje y la principal respuesta para revertir la situación. Se debería orientar una reforma con eje en normas y estándares internacionales.
También debemos dejar de construir mitos temerarios sobre los adolescentes. Dejar de verlos como una amenaza y dejar de pronosticar lo peor. Esa narrativa del «enemigo adolescente» solo refuerza prejuicios y justifica políticas punitivas. En este sentido, me sorprendió escuchar, de parte del actual presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, sobre «agujeros negros» y la imposibilidad de pronosticar futuros (El Observador, 9-VI-25).
He visto a las autoridades saludar, volver a saludar, agradecer una y otra vez a los funcionarios que, «con compromiso, se entregan a una tarea compleja y muchas veces desbordante», pero nunca he escuchado una sola disculpa dirigida a los adolescentes y a sus familias por mantenerlos en lugares donde la indignidad es la regla.
Algún día tendremos que asumir la verdad con honestidad: esos centros ruinosos, sucios, convertidos en depósitos de personas bajo la lógica de «tranca, tranca y más tranca» son responsabilidad directa del Estado. No son accidentes ni fallos aislados, sino el resultado de decisiones políticas. Y, mientras no lo reconozcamos, seguiremos reproduciendo un sistema que estructuralmente viola derechos.
Las características y la dimensión de la temática hacen de nuestro país un ámbito más que propicio para avanzar en la línea de aquellos Estados que han fortalecido sus sistemas preventivos, de abordajes no judiciales y de robustas sanciones no privativas de libertad con eje en la comunidad y en la reparación del daño.
Es urgente que, como sociedad, nos pongamos de acuerdo sobre mínimos comunes básicos de lo que es intolerable. Que los adolescentes permanezcan encerrados casi todo el día en una celda, que pasen frío porque las ventanas de sus celdas no tienen vidrio, que reciban medicación psiquiátrica para soportar el encierro, que no exista un plan, que lo socioeducativo sea un evento excepcional y que la impunidad sea la regla ante el maltrato y la tortura deberían, desde hace mucho tiempo, estar en la lista de lo que consideramos intolerable.
Luis Pedernera es experto independiente en temas relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
