A veces las discusiones públicas parecen nuevas, pero no lo son. El debate sobre la reforma de la salud mental en Uruguay es un ejemplo.
Las modificaciones introducidas a la Ley de Salud Mental (ley 19.529) en la última ley de presupuesto reabrieron una discusión que el país había saldado –al menos en el plano legislativo– en 2017, y provocaron tal preocupación en ámbitos institucionales y sociales que el rumbo de la reforma volvió a la agenda.
En distintos momentos de la historia la sociedad uruguaya se propuso revisar críticamente las instituciones que durante décadas estructuraron la respuesta al sufrimiento mental sobre la base del encierro y la forma en la que se organiza la atención en salud mental en general.
Ya en 1972 un primer Plan Nacional de Salud Mental planteaba la necesidad de transformar el sistema. Ese proceso quedó interrumpido por el avance autoritario y el golpe de Estado. Años más tarde, en 1986, en el contexto de la recuperación democrática, el país retomó esa discusión y volvió a proponer la integración de la salud mental al sistema general de salud, junto con el desarrollo de dispositivos de atención comunitaria que redujeran el peso de las internaciones prolongadas. Se reactivó también un proceso colectivo impulsado por diversos sectores de la sociedad, organizaciones de familiares, la Universidad de la República y distintas sociedades científicas y gremiales. En ese marco, el Ministerio de Salud Pública elaboró el Plan Nacional de Salud Mental de 1986, un documento que cuestionaba el modelo centrado en el hospital psiquiátrico y proponía avanzar hacia formas de atención más integradas al sistema de salud y a la vida comunitaria.
Lo decía con claridad: «La propuesta para dar prioridad a los objetivos planteados implica el desarrollo, como estrategia para su logro, de un modelo asistencial centrado en la comunidad e integrado en el sistema sanitario general, que rompa radicalmente con la marginación del enfermo mental implícita, en mayor o menor grado, en el actual modelo centrado en los hospitales psiquiátricos».
Treinta y un años después, la Ley de Salud Mental de 2017 logró recoger buena parte de esos principios y los convirtió en norma jurídica. La ley estableció un cambio de paradigma, que consistía en pasar de un sistema basado en el encierro a un modelo centrado en los derechos humanos, la inclusión social y la atención en dispositivos vinculados a la comunidad.
Entre sus disposiciones centrales, estableció el cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes, así como la prohibición de crear nuevas instituciones de ese tipo. Esa prohibición determinó que, entre 2017 y fines de 2025, no ingresaran pacientes a las ex colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, espacios que cambiaron su denominación a Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos).
Según advirtió recientemente la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el nuevo texto modifica el artículo 38 de la ley: elimina la prohibición expresa de internar personas en establecimientos asilares existentes y extiende el plazo para su cierre hasta 2029.
Para la INDDHH, el cambio alteró un aspecto central del sentido original de la norma, que fue fruto de un amplio proceso de discusión social y legislativa. Con intención de reparar el error, el 17 de marzo de 2026 ingresó al Senado un proyecto de ley firmado por legisladores y legisladoras de todos los partidos que propone restablecer la prohibición eliminada.
La discusión no parte de cero. El país ya debatió por extenso el modelo de atención en salud mental y adoptó, mediante ley, un enfoque orientado a superar la lógica del encierro asilar y encarar nuevos rumbos.
El encierro no cura y el olvido enferma
En 2013, el psicólogo Agustín Cano reconstruyó parte de la historia de Antonio el Gallego Mas Mas, marcada por la tortura, la locura y el encierro. Tras su detención en 1972 y las brutales torturas a las que fue sometido, Mas Mas fue internado en el Hospital Vilardebó en condiciones que prolongaban la lógica del castigo. Cano evoca, a partir del testimonio del Cholo, trabajador del hospital, un momento especialmente conmovedor: aprobada la amnistía para las y los presos políticos, en marzo de 1985, una multitud se reunió en la calle Millán para recibir al Gallego cantando el himno. Esa escena muestra que, aun frente a la devastación producida por el encierro, la memoria colectiva puede abrir una posibilidad de restitución (véase «Delinco», Brecha, 19-I-18).
Quienes atraviesan situaciones de pobreza, sufrimiento psíquico crónico y estigmatización suelen encontrar más obstáculos para que su experiencia sea escuchada y reconocida. Esa desigualdad en la posibilidad de organizar recuerdos, narrar lo vivido y dejar memoria también forma parte de la historia muda del encierro psiquiátrico.
La lógica de las urgencias a veces hace olvidar que el encierro psiquiátrico fue, durante décadas, el modelo único de abordaje de la salud mental y que estuvo asociado a graves vulneraciones de derechos. Cuando esa historia se pierde de vista, el debate corre el riesgo de degradarse en discusiones superficiales, dominadas por falsas oposiciones. En definitiva, el problema no radica solo en cuánto se invierte, sino en cómo se asignan los recursos, qué se prioriza y qué modelo de atención se decide sostener.
No se trata de una discusión abstracta. En marzo de 2015, un paciente de la Colonia Etchepare murió tras ser atacado por una jauría de perros dentro del predio del establecimiento. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, volvió a poner en evidencia las condiciones de vulneración y recordó, de forma dramática, que posicionarse sobre el modelo de atención en salud mental no es un asunto meramente teórico.
Sin embargo, la historia no debe agotarse en el impacto momentáneo de los hechos en la agenda pública. Las trayectorias de quienes atravesaron esas instituciones –personas usuarias, profesionales, trabajadores y familias– forman parte de la historia social del sistema de salud mental y también de una historia más amplia del encierro y la exclusión en nuestro país.
El modelo asilar y monovalente ha demostrado ser costoso, poco eficiente y socialmente excluyente. Presentar el debate como si se tratara de elegir entre derechos o presupuesto oculta que lo que está en juego es cómo se planifica el sistema y qué modelo de atención se decide sostener. Cuando esa discusión se simplifica, reaparecen respuestas tutelares que tienden a colocar en la misma bolsa situaciones muy diferentes y a proponer como única salida «darles un lugar donde estar». Como si el encierro pudiera seguir funcionando como la única respuesta universal frente a problemas cuya complejidad exige justamente lo contrario: la diversidad de apoyos, cuidados en la comunidad y reconocimiento de derechos.
En este punto es importante reconocer el papel que han desempeñado los movimientos sociales, los colectivos de personas usuarias y familiares, así como académicos y grupos profesionales que durante años han sostenido una reflexión crítica sobre las lógicas manicomiales. A través de investigaciones, debates públicos y acciones colectivas, han contribuido a mantener viva la memoria de las marcas del encierro, el estigma y la exclusión, y han impulsado la convicción de que es necesario avanzar hacia modelos de atención basados en la dignidad, la autonomía y la vida en comunidad.
Como han señalado en sus investigaciones Beatriz Fernández Castrillo1 y Cecilia Baroni,2 los procesos de reforma en salud mental no son asuntos sanitarios en exclusivo. Son principalmente decisiones políticas que redefinen el lugar del Estado, los derechos de las personas usuarias y el modelo de atención que se decide sostener. Por eso mismo, estos procesos suelen enfrentar resistencias vinculadas a intereses corporativos y a las inercias propias de las estructuras institucionales.
La discusión que vuelve a abrirse, a partir de los cambios introducidos en la ley de presupuesto, muestra que el proceso de reforma psiquiátrica en Uruguay está lejos de haber concluido. Más aún, pone en evidencia que muchos de los consensos alcanzados han sido, en ocasiones, más declarativos que efectivos.
Las transformaciones institucionales profundas requieren del conocimiento del pasado para recordar que el futuro se construye en las decisiones del presente. El desafío vuelve a ser que este nuevo ciclo de debates no retroceda hacia argumentos que la discusión legislativa examinó y superó hace una década ni que quede condicionado por miradas de corto plazo que habiliten excepciones demasiado sensibles a presiones sectoriales.
- Beatriz Fernández Castrillo, Texto, pretexto y contexto de las innovaciones en política de salud mental en el Uruguay progresista.Universidad de la República, Montevideo, 2017. ↩︎
- Cecilia Baroni, Una cartografía antimanicomial. Historias de la locura en Uruguay (1985-2017). Universidad de la República, Montevideo, 2023. ↩︎
