Uno de los escollos más recientes: el gobierno decidió cerrar dos horas antes el servicio en tres estaciones del metro con el fin de hacer avanzar las obras para el mundial, lo cual resulta una pesadilla para la gente que vuelve a casa después de las diez de la noche y debe bajarse del tren, subir a un autobús que la adelanta 4 quilómetros y volver a subir al metro. Es igualmente indignante el arreglo de una sola estación de la línea 7 –Auditorio– por ser la boca más cercana al «reloj mundialista» sobre la avenida Reforma, cuando existen otras situaciones críticas en el sistema que ponen en riesgo la vida de los usuarios y cuya atención es dilatada en el tiempo.
El uso de la ciudad como un lienzo donde el turismo puede pintar una realidad fake para gente que consume la vida en plataformas digitales se ve exacerbado durante eventos como este, que, a la par, habilitan un avance de la militarización urbana. Recientemente, el Ejército mexicano difundió un video de un «simulacro antiterrorista» con soldados armados y encapuchados caminando entre los vagones de la «limusina naranja», el metro, que mueve entre 4 y 5 millones de personas al día en la metrópoli.
La principal obra del gobierno encabezado por Clara Brugada en la Ciudad de México es la construcción de una ciclovía de 17 quilómetros de cada lado de la avenida Tlalpan –la misma del metro mencionado más arriba–, porque une el centro con el estadio Azteca, sede del partido inaugural. Las primeras afectadas fueron las trabajadoras sexuales de esa avenida –que funciona como una zona de tolerancia informal–, quienes se han manifestado por meses y fueron violentamente reprimidas por grupos de choque.
Sobre esa misma avenida, el gobierno construye una «calzada flotante», agregando un segundo piso sobre las tres estaciones del metro intervenidas, lo cual implicó la demolición de Tlaxcoaque, un mítico lugar en el corazón de la capital con profundas capas de sentido histórico y político: comenzó albergando el tlaxco, el sitio para el ulama, ese fútbol prehispánico que se juega con golpes del hueso ilíaco a una bola de hule; albergó en sus sótanos la cárcel clandestina de la policía política de la segunda mitad del siglo XX, sede de la Dirección Federal de Seguridad, y sostiene ahora la proyección de una «universidad de las artes», del inicio de la ciclovía y la entrada a la calzada elevada.
Más que una fiesta, ser sede del mundial implica para los gobiernos dirigir la inversión pública hacia necesidades privadas. La frutilla de este pastel es que México fue el único de los tres países que brindó una exención fiscal total a la FIFA y sus empresas asociadas, que se irán del país habiéndolo maquillado a su antojo y sin pagar un solo peso.
ASAMBLEA EN EL BAJOPUENTE
Cada domingo, a las once de la mañana, del lado de afuera de las rejas del estadio, se reúne una asamblea vecinal. Gracias al sostén brindado por quienes llegan de los pueblos originarios vecinos –Santa Úrsula Coapa y San Lorenzo Huipulco como los inmediatos, pero, sobre todo, desde Xochimilco, en el sur profundo de la ciudad–, se consolidó un espacio de resistencia y denuncia de esta política que consagra la ciudad mercancía. «El bajopuente se ha vuelto un lugar de encuentro con mucha perseverancia», reflexionó en diálogo con Brecha Natalia Lara, una de las jóvenes vecinas activistas que ha sostenido la lucha.
La denuncia central se articula en torno al pozo de extracción de agua potable que se le entregó a Televisa, como dueña del estadio, para abastecer sus necesidades. Ubicado en un radio menor a 500 metros del pozo que abastece a las comunidades vecinas, compite con él. Esta organización social que detuvo el primer proyecto para convertir al Azteca en un mega centro comercial sostiene ahora la exigencia de la expropiación del pozo de Televisa y de toda zona que reciba inversión pública para el mundial.
«Hay mucho interés de los compañeros de los pueblos originarios en participar en este espacio, porque ven una amenaza fuerte de desalojo y despojo sobre ellos. Se ha hecho una organización bastante solidaria», contó Natalia. Desde fines de 2025, se sumaron artistas urbanos y grafiteros a la denuncia, y se destaca la participación de Vlocke negro, quien semana a semana ha intervenido con paciencia un aviso de Coca-Cola que la empresa borra cada vez, para reinstalar su publicidad en el muro concesionado del bajopuente. «Llegan muchos compañeros y su solidaridad es la herramienta que nos permite continuar la lucha y ver que están saliendo resultados», explicó.
En los diálogos que la asamblea mantiene con el gobierno local, se les ha prometido que ese espacio será reservado para la comunidad, pero el resto del entorno del estadio parece una zona bombardeada. Ni su remodelación exprés parece terminarse a tiempo, ni la ciclovía contempló las zonas de abordaje de los pasajeros a los ómnibus que van hacia el sur profundo. También el tren ligero que conecta estos pueblos con Taxqueña –la terminal del metro intervenido– padece el mismo mecanismo: algunas estaciones cerradas obligan a la gente a bajar, usar otro transporte y volver a abordar. Lo que antes se hacía en 20 minutos, ahora tarda 40, con suerte. Y aún está pendiente un nuevo transporte «verde» que se le prometió a la FIFA: un trolebús que conecte Ciudad Universitaria con el estadio. Es decir: nada que los vecinos requieran, en una zona donde hay decenas de organizaciones sociales que saben bien qué pedir.
JUEGA POR LA DERECHA
En el análisis cotidiano que hacen los movimientos, la FIFA aparece como un claro actor geopolítico, que decide cuándo y cómo se encuentran los presidentes para un «sorteo» y cuyo titular, Gianni Infantino, ha operado directamente en favor de Donald Trump y sus políticas regresivas. Esta pública simpatía por el demonio es, evidentemente, una de las fuentes de su descrédito popular. «Es momento que nos quitemos de encima la idea de que estos megaeventos son una fiesta deportiva en la cual predominan valores humanos o comunitarios, que los hay. Allí se refuerzan los mecanismos de disciplinamiento, control, militarización y ensayo de la operación de cuerpos especiales», dijo a Brecha el investigador de la Universidad Nacional David Barrios.
Esta puesta a prueba de las «capacidades de reacción» preocupa en un Estados Unidos signado por la represión a los migrantes del gobierno de Trump. Barrios señala que hay autores europeos que leen estos eventos como un marco de acción de las empresas de tecnología bélica y las corporaciones militares que las rodean y miman. «Aquí es donde ponen a prueba los sistemas de detección biométricos y demás mecanismos de vigilancia», dijo.
Barrios prevé que habrá cordones de seguridad privada o militar para las delegaciones y para ciertos turistas y empresarios, lo que va a generar una segregación socioespacial más pronunciada. «Y ante la mirada de la Policía y el Ejército se va a tratar mal a quienes consideren que se ven mal, y a cuidar a los que tienen para pagar», agregó.
