En estos días se ha hablado mucho de la cárcel. Por ejemplo, el asunto se coló en el debate acerca de la situación de las personas que viven en la calle. Se discute cuántas de ellas han pasado por instituciones penitenciarias, si son un porcentaje significativo y si ello explica de alguna manera su situación actual. Se ha dicho que son un porcentaje significativo y también que no. Se ha dicho que ese vínculo causal contribuye a su estigmatización, pero también, en otro registro, que el vínculo pone en evidencia que, de las cárceles, las personas salen física y moralmente quebradas, no rehabilitadas para la vida en sociedad, sin un horizonte existencial claro una vez que han «pagado su deuda con la sociedad», simplemente abandonadas a su suerte, para que puedan disfrutar de la libertad libertaria de vivir bajo un puente y de no tener nada que llevarse a la boca.
También se ha hablado de la cárcel, desde luego, en relación con el Plan Nacional de Seguridad Pública, recientemente presentado por el gobierno, y los informes que se usaron como insumos para su elaboración. En este contexto, el senador Pedro Bordaberry retomó su vieja cruzada en materia de seguridad pública. Exhumó para ello una línea discursiva que data por lo menos del año 2005. Se trata del viejo mantra de que, acá, lo que pasa es que a la izquierda le tiembla el pulso cuando se trata de meter en cana a los delincuentes. Bordaberry debería ver cómo han evolucionado las tasas de encarcelamiento durante los últimos 20 años, 15 de los cuales transcurrieron bajo gobiernos de un partido de centroizquierda. Porque hace 20 años, en 2006, había unos 6.500 presos en el país y ahora hay bastante más del doble. Es una alegría saber que a la coalición centroizquierdista le cuesta, le duele y le significa un problema meter gente presa. Es una alegría saberlo, porque, caso contrario, es de suponer que Uruguay tendría 30, 40 o 50 mil presos. No está claro cuántos cree Bordaberry que representarían el óptimo.
La sensación de haber vuelto en el tiempo 20 años se acentuó, siempre en estos días, con la discusión acerca de aquellos capítulos de la enésima reforma del Código del Proceso Penal que buscaban reinstalar beneficios en materia de libertades anticipadas, unos beneficios que el gobierno anterior había derogado como parte del paquete de seguridad ciudadana de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que remitió al Parlamento en el primer año de su administración. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, estimó, en forma inicial, en aproximadamente 2 mil la cantidad de hipotéticos beneficiados por esa reforma y las redes de Internet se incendiaron. Más tarde se corrigió, y reestimó la cifra bastante a la baja, pero el mantra de que a la izquierda le gusta liberar delincuentes ya estaba instalado.
Entre los hipotéticos liberados, estarían algunos de los ancianos represores de la última dictadura presos en la cárcel de Domingo Arena. Este asunto también fue objeto de idas y vueltas, marchas y contramarchas. Los senadores del Frente Amplio en acuerdo con el presidente de la República decidieron retirar todo el capítulo referido a los beneficios en materia de libertades anticipadas. Oficialmente, lo hicieron para que los presos de Domingo Arena no pudieran optar por esos beneficios, aunque los cambios, por lo que declaró algún vocero, eran considerados, en general, positivos y deseables, tanto por los senadores del partido de gobierno como por el Ejecutivo.
Esta decisión genera un cúmulo de perplejidades. Hagamos a un lado la consideración de si los cambios eran buenos o malos, si eran positivos o negativos. El hecho de que una propuesta de cambio normativo que el gobierno y sus senadores consideraban positivo y deseable se haya retirado por el efecto que tendría sobre un reducidísimo grupo dentro del universo de los afectados solo puede ser calificado de escandaloso. Es abiertamente inconstitucional legislar con nombre y apellido, así que el partido de gobierno descubrió la fórmula para superar ese escollo: no legislar, sino abstenerse de hacerlo. La Constitución no obliga a legislar. Pues se cumple con la Constitución y ya está. Santo remedio. ¿Los artículos referidos al beneficio en materia de libertades anticipadas? ¡Afuera! Esto seguro que no es inconstitucional. También es seguro que no es ni remotamente serio: es una burda tomadura de pelo.
Si es que, en efecto, los senadores del Frente Amplio creían de buena fe que estaban restituyendo beneficios que era bueno restituir, es frívolo que hayan retirado esos capítulos. Y si es que su retiro se debió a que, a fin de cuentas, los habían presentado sin demasiadas convicciones, y al constatar que cayeron mal simplemente decidieron retirarlos, es frívolo que los hayan propuesto desde un principio.
No es bueno para la democracia que parezca que los servidores públicos tratan a los ciudadanos como si fueran idiotas. No es suficiente viajar a foros internacionales para defender la democracia; hay que defender la democracia haciéndola más robusta, no a miles de quilómetros, sino aquí mismo. Muchos creen que la democracia se hace más robusta cuanto más amplios, extendidos y profundos son los debates respecto de los temas de interés público. El asunto tiene sus aristas y sus bemoles. Pero, en cualquier caso, hay algo que es absolutamente seguro: que no favorece a la democracia en modo alguno ofrecer fundamentos tan endebles para justificar decisiones en ningún ámbito de la política, pero, mucho menos, en una materia tan importante y tan sensible.
El Frente Amplio no parece que sepa qué quiere proponerle a la ciudadanía en materia de castigo penal. Antes, hace muchos años, sus dirigentes articulaban un débil, desestructurado y más bien poco entusiasta y poco convencido discurso antipunitivista. Pero lo abandonaron hace tiempo, porque, tal parece, espanta a los votantes. Puede que sea así, puede que no. Hay, sin embargo, algo que es seguro que espanta a los votantes: no tener propuestas claras, parecer que se improvisa todo el tiempo, ir para adelante y para atrás como el cangrejo, no tomarse en serio los asuntos serios, jugar para la tribuna, no tener consistencia intelectual, no tener ideas claras ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, parecer que lo único que importa es mantener el culo pegado a la poltrona cinco años más, tomarle el pelo a la ciudadanía, ir de listos por la vida, y un largo etcétera.
La cárcel es un asunto serio. El castigo penal es un asunto serio. Uruguay eligió un camino hace mucho tiempo. Hay una larga historia de amor entre los uruguayos y la cárcel. No se concibe entre nosotros realmente otra forma de castigo penal que no sea el encierro penitenciario. El ejemplo de los presos de Domingo Arena es completamente elocuente a este respecto: la izquierda no concibe que pueda haber otra forma de hacer justicia respecto de los crímenes de la dictadura que no pase por el encierro de sus perpetradores. Si vuelven a sus casas, habrán quedado impunes. Si algún beneficio de prisión domiciliaria o de libertad anticipada los alcanza, entonces no se habrá hecho justicia, o la justicia se habrá visto severamente mermada.
El castigo penal es un recurso que las sociedades emplean para autoafirmarse. El castigo penal existe siempre en un contexto cultural más amplio. Hay países que, por su cultura, tienen una fuerte inclinación a la aplicación de la pena capital, al menos en ciertos casos graves, como ocurre, sin ir más lejos, en los Estados Unidos. En otros países se practican rituales de humillación públicos, que incluyen azotes, amputaciones, y que también pueden llegar, en ocasiones, a la ejecución, como en los países islámicos. Los uruguayos han elegido la cárcel, un castigo que, parecen creer, es más moderno, más racional y más civilizado, pero que en las condiciones en que se aplica en Uruguay resulta ser extremadamente bárbaro y cruel. Algún sabio quizás sepa responder si la dualidad que consiste en aparentar modernidad, racionalidad y civilización mientras se convive alegremente con un núcleo de extrema barbarie interior es alguna especie de disociación de una suerte de yo colectivo, un síntoma de alguna enfermedad moral o social, o simple hipocresía.
Como sea, hay que discutir en serio los asuntos serios. Cuando no se discuten en serio los asuntos serios, las democracias se degradan. Luego, es un misterio insondable, parece, cómo y por qué se degradan las democracias. Para defender la democracia no es necesario atravesar el océano: para defender la democracia hay que empezar por tomarse en serio, aquí en casa y ahora mismo, los asuntos serios.
