A 13 meses de la creación de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social,1 punto de partida del Diálogo Social sobre ese tema, se presentó el informe final titulado Orientaciones para Transformar la Protección Social. El objetivo de la comisión era «analizar, diseñar, proponer y coordinar políticas públicas […], garantizando un abordaje integral y equitativo de las necesidades de la población en […] cobertura, suficiencia y sostenibilidad del sistema». Se fijó el 30 de abril de 2026 como plazo máximo para presentar los resultados y propuestas, lo que fue cumplido 2 días antes.
¿Qué se avanzó en esos 13 meses, los iniciales acumulando insumos y los últimos de discusiones y búsqueda de consensos? Lamentablemente, poco. Automarginada del debate, la oposición política (para la cual solo se trataría de continuar con las medidas del gobierno anterior, cuyos resultados insuficientes son conocidos), las delegaciones sociales (trabajadores, y jubilados y pensionistas) y las empresariales (patrones) reiteraron sus conocidas posiciones, mientras los delegados del gobierno hacían todo lo posible para mantener el equilibrio, acercándose a veces y alejándose otras de lo comprometido en las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio (FA). O sea, nada distinto de lo que ya estaba claro cuando se aprobó la reforma jubilatoria de 2023 (ley 20.130) o en la campaña por el plebiscito.
Que se haya avanzado poco no significa que no se avanzó nada. Y tampoco que en algunos aspectos no se haya, incluso, retrocedido. Para evaluar qué pasó, hay que analizar el informe final, organizado en cuatro ejes temáticos prioritarios: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas en su etapa activa, y jubilaciones y pensiones. Y, además, hay que definir con qué se van a comparar las propuestas de ese documento: si con lo que existe hoy, con lo que existía hasta 2023, con lo que el FA se comprometió en su programa, con los criterios que el propio Diálogo Social se planteó, o con lo que desearíamos y esperamos que ocurra. Y si se hace ese análisis comparativo se verá que las respuestas son diferentes y van de bastante mejor a bastante peor.
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Casi la primera mitad del informe introduce el tema, detalla el proceso seguido y expone el contexto social y económico en el que se desarrolla el problema. La segunda parte contiene el apartado 4 («Orientaciones y propuestas»), el –extenso– corazón del trabajo, y luego hay un breve capítulo final sobre los próximos pasos.
Ese apartado 4 tiene varios subcapítulos: protección económica de niñas, niños y adolescentes; expansión del tiempo de educación y cuidados; licencias para el cuidado; cuidados de larga duración y su financiamiento; protección social de las personas con discapacidad y de las personas activas; jubilaciones y pensiones, y, último pero fundamental, sostenibilidad y financiamiento de la propuesta.
Cada subcapítulo plantea líneas de acción para alcanzar los objetivos buscados. Hasta llegar a las jubilaciones y pensiones y el financiamiento, se enumeran casi 50, en las que abundan verbos como procurar, proponer o establecer, y –con excepciones como la exigencia o no de contrapartidas para las transferencias económicas– sin que haya muchos matices entre los dialogantes.
El informe establece que el proceso continuará con «la elaboración de propuestas normativas, el análisis de impactos, la definición de mecanismos de implementación y la evaluación de alternativas de financiamiento». Todo eso –lo que se acordó o casi– requiere recursos para ser llevado adelante y ese es el cangrejo debajo de la piedra.
Las intenciones y los objetivos son buenos, las acciones previstas tienen potencialidades de impacto sobre los problemas, pero sin los recursos necesarios y suficientes, no pasará de expresiones de deseo. Con un presupuesto apenas superior al neoliberal del período anterior, no se puede hacer políticas sociales de fondo para satisfacer las necesidades básicas. Y al descartarse la posibilidad de gravar a los que tienen más, que son los que pueden contribuir, y apostar todo a un crecimiento que no llega, se cierra un círculo vicioso que nos empuja en la bajada.
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En el caso de las jubilaciones y pensiones, la cosa es todavía más clara, porque la reforma de 2023 fue un enorme paso atrás y lo primero debe ser desandarlo, algo que los lineamientos del informe hacen solo relativamente. Es cierto que para el sector más golpeado subirán las prestaciones, pero será solo un remiendo, porque la equiparación de las menores con el salario mínimo nacional no está en los planes; es cierto que se admitirá, bajo ciertas condiciones, jubilarse a los 60 años, pero a costa de perder beneficios, y no se vuelve al mínimo general de 60 ya conquistado; es cierto también que se limitan las potestades de las administradoras de ahorro previsional (AFAP), pero seguirán manejando las colocaciones, cuando lo que el país necesita es prestarse esos fondos a sí mismo, con las necesarias seguridades de mantenimiento, para no tener que recurrir a la plaza financiera. Esos puntos, que se planteó modificar en el plebiscito, son parte del programa del FA y por cierto están establecidos allí con mucho más vigor.
En cuanto al supuesto desfinanciamiento de la seguridad social, solo puede considerarse como tal si se pretende que Uruguay sea el único país en que se autofinancie. Porque el déficit no es del sistema previsional: es del presupuesto del Estado, que se pone a sí mismo restricciones que hacen inviables las políticas sociales, para las que no alcanzan las buenas intenciones.
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Faltos de razones a decir en voz alta, los integrantes del anterior gobierno se refugian en que la reforma de la seguridad social se laudó en el plebiscito de 2024, al no llegar este a los mínimos requeridos. Nada más falso, porque estas cuestiones jamás pueden quedar laudadas para siempre, y abundan ejemplos de modificaciones que se hacen hoy de lo que se ratificó ayer. Pero, además, lo que se rechazó en el plebiscito no fueron los puntos de la papeleta, sino el hecho de imponerlos a través de una reforma constitucional: la 20.130 es una ley, y hay que modificarla con otra ley, se argumentaba, y eso llevó a buena parte de los votantes del FA a no apoyar lo que decía su propio programa.
Llegó la hora votar esa otra ley. El gasto público no lo pueden seguir sosteniendo los trabajadores, aportando 5 años más y cobrando sus jubilaciones 5 años menos. Llegó la hora de redistribuir. Es eso lo que está en juego.
- Por decreto 86/025 de 25 de marzo de 2025, el mismo día de la aprobación de los 63 compromisos del gobierno de Yamandú Orsi para el período; uno de los cuales era ese. ↩︎
