En un artículo publicado la semana pasada, Brecha analizó las lógicas que estructuran la admisión de nuevos afiliados en el sector de seguros privados, incluido el rechazo de un niño de 6 años con sobrepeso bajo el argumento de que presentaba patologías preexistentes. Se trata de prácticas habilitadas por la normativa vigente, que garantiza la «libre contratación» entre los seguros y los usuarios.
La nota también abordaba los mecanismos de financiamiento de estas instituciones. Entre ellos, los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), financiado con aportes de trabajadores, empleadores y Rentas Generales. Según datos correspondientes a 2025, los principales seguros privados recibieron 88,6 millones de dólares por esta vía y reintegraron al fondo 5,3 millones por concepto de costos de administración, tal como establece la normativa vigente.
El proyecto presentado por Preve consta de un artículo único, pero introduce dos modificaciones relevantes. La primera establece que los seguros privados deberán aplicar los mismos criterios de admisión que rigen para los prestadores que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). «Cuando un actor puede seleccionar riesgos y otro debe asumirlos en condiciones de universalidad, el equilibrio del sistema se ve comprometido», sostiene la exposición de motivos. Según el texto, la posibilidad de seleccionar usuarios favorece la concentración de personas con menor costo asistencial en determinados prestadores, lo que traslada la atención de los grupos de mayor riesgo hacia las instituciones de asistencia médica colectiva y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
La segunda modificación apunta al régimen de reintegros al Fonasa. En la actualidad, los seguros privados devuelven el 6 por ciento de los ingresos que reciben por concepto de costos administrativos. El proyecto propone elevar esa cifra a 18 por ciento. Entre los motivos, señala que el porcentaje vigente fue definido durante la puesta en marcha del SNIS y que no ha sido revisado desde entonces, pese a los cambios registrados en la gestión del sistema y en las exigencias regulatorias. El esquema actual resulta insuficiente frente a los costos asociados a la fiscalización, las auditorías de calidad y la administración de una población progresivamente más envejecida, dice el proyecto.
La iniciativa ingresará ahora a la Comisión de Salud de Diputados. De aprobarse, y tomando como referencia los datos de 2025, los seguros privados pasarían de reintegrar unos 5,3 millones de dólares a cerca de 16 millones anuales al Fonasa, lo que supondría más de 10 millones de dólares adicionales para el financiamiento del sistema.