En mayo, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado recorrió la Unidad 13 Las Rosas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Ubicada en Maldonado, es una de las cárceles más pobladas y con mayor hacinamiento del país. Las severas condiciones de vida con las que se encontraron los ediles fernandinos motivaron acciones diversas para darle seguimiento a la situación, como entrevistas con las autoridades del centro, del INR y de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), y con trabajadores y usuarios, entre otros actores.
En diálogo con Brecha, el edil del Partido Nacional Fabricio Rodríguez, vicepresidente de la comisión e impulsor de la visita, resumió el diagnóstico aludiendo a la superpoblación extrema –debida, en buena medida, al carácter regional de esa sede–, al precario estado edilicio de las instalaciones y a la falta de una guardia médica efectiva, que supone riesgos de vida para los usuarios. «No solo no tiene las mínimas condiciones para poder hablar de rehabilitación, sino que tampoco cumple con el respeto básico de los derechos humanos», apuntó Rodríguez.
En el marco de ese recorrido, los curules recibieron información que consideraron pertinente hacer llegar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) a través de una nota fechada el 23 de junio. Allí se hace referencia a una serie de episodios denunciados por personas privadas de libertad que podrían ser considerados violatorios de los derechos humanos, explicó el edil. Habiendo evaluado la información, dos semanas después, el 7 de julio, la INDDHH definió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, aunque, como la diligencia coincidió con la feria judicial que rigió hasta el miércoles 15 inclusive, el organismo todavía no le ha asignado el caso a ninguna fiscalía ni definido si pasará o no al ámbito penal. Consultada al respecto, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, indicó al semanario que, a pesar del estado general del sistema penitenciario, «no es habitual que recibamos este tipo de denuncias». Según dijo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que funciona en la institución, tiene el cometido de monitorear el tema, pero en hechos de apariencia delictiva, como organismo público, la institución debe delegar el caso a la Justicia. Aunque la denuncia se maneja de forma reservada, Mota aclaró que su contenido va más allá de las condiciones generales del estado de la cárcel y que incluye «situaciones concretas de vulneración de la integridad física» de ciertas personas privadas de libertad.
Fuentes enteradas de la situación informaron a Brecha que hay otro hecho delictivo entre los episodios que reúne la denuncia: la venta de drogas dentro de la unidad penitenciaria, que funciona bajo el conocimiento y aun con la colaboración de funcionarios, algunos de ellos, incluso, identificados en el documento. Según confirmó este semanario a través de otras fuentes, la existencia de corrupción vinculada a drogas en esa unidad ya había sido denunciada por actores que conocen la situación de primera mano. Entre otros puntos, el texto también pide que se investiguen dos muertes no violentas que ocurrieron bajo custodia este año, presuntamente por la incorrecta atención de patologías médicas.
Esta semana, en tanto, la INDDHH debió ampliar esta denuncia a los organismos correspondientes, luego de recibir un nuevo planteo sobre malos tratos dentro de esta cárcel, esta vez acercada por allegados de las víctimas. El episodio fue difundido públicamente por el colectivo Cárceles de Todo Uruguay, que integra a familiares de personas privadas de libertad de distintos centros, a través de un comunicado. Allí, se refiere a una requisa realizada el viernes 3 de julio en el sector masculino, en la que, según relataron, hubo exceso de violencia. El colectivo mencionó que en esa oportunidad se obligó a los reclusos a salir de sus celdas en ropa interior para llevar a cabo la inspección, en la que se destruyeron sus objetos personales, y se los agredió con golpes y gas pimienta, lo que provocó lesiones y posibles fracturas en algunos casos. La INDDHH solicitó ampliar la denuncia fiscal original con esta información y derivó el caso a la oficina del comisionado parlamentario penitenciario, que envió representantes a Las Rosas para comenzar a investigar el caso.
PALIATIVOS
Según el edil Rodríguez, la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado entiende que el Ministerio del Interior o el INR podrían «actuar de oficio» para hacer una investigación administrativa sobre la situación general de Las Rosas. Además, indicó que una de las «políticas de Estado» a la que apuesta el departamento es que esta cárcel vuelva a ser departamental y que «se trate de evacuar las situaciones regionales a otra unidad con menos dificultades poblacionales». El edil apuntó que desde la Dinali les informaron que, a priori, no tienen previsto para este período «ampliar los recursos presupuestales y humanos» para esta cárcel. Estos elementos, según explicó, son de relevancia para problemáticas como el aumento de las personas en situación de calle constatado en el departamento en los últimos años, que se debe, en parte, a la falta de un abordaje integral de quienes egresan del sistema penitenciario.
Algo muy parecido planteó el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento a principios de este mes, cuando compareció para denunciar la grave situación edilicia y humana que sufren tanto los presos como los trabajadores de Las Rosas. En esa oportunidad, el dirigente Germán Gutiérrez hizo un relato que impactó de tal modo a los legisladores que a la semana siguiente una delegación de la comisión parlamentaria también se hizo presente en Las Rosas. «La sanitaria prácticamente ha dejado de existir. Voy a ser completamente descriptivo: la materia fecal y los restos de comida que los presos largan de las celdas caen en lo que originalmente estaba diseñado como patio, y son los presos, con lampazos, los que tienen que trabajar en la inmundicia y escurrirla a cloacas improvisadas», describió. «Esta carencia sanitaria está generando un aumento de pestes. El centro está invadido de ratas, que han penetrado en donde se almacena la comida; los presos, lo mismo que los funcionarios, comen alimento contaminado con materia fecal de ratas», añadió, y finalizó pidiendo una reconsideración presupuestal para esta unidad en la rendición de cuentas. En diálogo con Brecha, Gutiérrez remarcó la urgencia de reformar buena parte del centro, especialmente en lo que respecta al aspecto sanitario. Según informó, el gremio evalúa solicitar un recurso de habeas corpus para obligar a las autoridades a tomar acciones inmediatas frente a estas problemáticas. Como antecedente está el presentado por el entonces comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en 2024, para ofrecer atención psicológica a las mujeres privadas de libertad de esa unidad, que la Justicia aprobó.
ESTADO DE SITUACIÓN
Si bien la Unidad 13 está diseñada para 691 plazas nominales, en la actualidad son casi el doble quienes se alojan allí: 1.269 personas –89 de ellas mujeres–, según los datos actualizados confirmados por Brecha. El diagnóstico que se hace de este establecimiento en el último informe del comisionado parlamentario penitenciario, de 2024, indica que desde 2018 la superpoblación ha sido creciente y no ha sido acompañada de un «incremento de recursos humanos y materiales», situación agravada por la «caída notoria» del total de funcionarios, «lo que estresa el funcionamiento y desgasta la institución». De acuerdo al informe, la unidad se caracteriza también por carecer de programas socioeducativos suficientes, así como de una correcta atención en salud, y por «constantes demandas de los internos por relacionamiento inadecuado con el personal, todo lo cual debe ser analizado por las autoridades».
Con relación al estado de las condiciones edilicias, se destacan las obras que en 2023 «mejoraron en gran medida los servicios de agua», aunque se apunta que a falta de una correcta instalación eléctrica los reclusos no pueden cocinar y sugiere que «la unidad femenina debe ser totalmente rediseñada o reubicada para asegurar condiciones aptas para la convivencia e integración social».
Humo blanco
A un año de la salida de Juan Miguel Petit, este miércoles la Asamblea General votó la venia para que Daniel Radío sea el nuevo comisionado parlamentario penitenciario, con los votos de todos los partidos políticos, con la excepción de los dos legisladores de Identidad Soberana, fuerza política que considera que el organismo no debería existir. La definición se tomó tras una extensa discusión en la comisión encargada del proceso de selección, en la que solo el nombre de Radío alcanzó consensos. Hasta ahora, el futuro comisionado se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Además, presidió la Secretaría Nacional de Drogas durante el período anterior y antes, entre 2010 y 2020, fue diputado por el Partido Independiente.
Por otra parte, la reforma penitenciaria que lleva adelante el INR parece tomar forma en el marco de la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas, que incluye la tan esperada descentralización del organismo del Ministerio del Interior. En una edición anterior de este semanario, la directora del instituto, Ana Juanche, hizo hincapié en que la medida «constituye un paso fundamental en el proceso de reforma penitenciaria que el país viene reclamando desde hace décadas, y que trasciende el ámbito estrictamente penitenciario y colabora en el abordaje integral de los problemas de seguridad pública» (véase «Luces de esperanza», Brecha, 3-VII-26). En línea con la situación denunciada por los distintos actores, en esa oportunidad Juanche reconoció los «problemas estructurales» que padece el sistema, con una población que crece más rápido de lo que aumentan las plazas disponibles, a la vez que muchos centros tienen una «infraestructura ya vetusta, pensada para otra época».