para Colacho Esteves,
in memoriam
En un momento en que se están disputando y desarticulando las políticas de memoria sobre la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado en la región y se impulsan acciones para revisar los parámetros de responsabilidad estatal por el uso de violencia, es importante no perder de vista lo que ocurre en el ámbito local. Mirar estos procesos de justicia transicional a escala local en comunidades del interior del país permite reconocer avances en las luchas por verdad, memoria, justicia y reparación, aun cuando hayan pasado 52 años de los hechos vulneratorios de los derechos humanos.
En los últimos años, se avanzó en la organización de grupos locales, la construcción de memoriales y el acceso a la justicia en pequeñas comunidades del interior del país donde la violencia del Estado entre 1968 y 1985 destruyó el tejido social e instaló culturas en las que el miedo, la sospecha y la delación se habían convertido en experiencias cotidianas. La coordinación Interiores en Red ha permitido desde 2017 potenciar sus esfuerzos por conseguir justicia. Los casos relacionados con el centro clandestino de detención Los Vagones en Canelones en 2022, por tortura y privación de libertad contra militantes de la Unión de Juventudes Comunistas en San José en 2023 y por torturas cometidas contra vecinos de San Javier en Río Negro en 2025 dan muestra de los diferentes tiempos de estos procesos a diferentes escalas, pero también de la fuerza de las organizaciones comunitarias. La ola del negacionismo a nivel global y regional no coincide con los avances en la búsqueda de acceso a la justicia a través de juicios orales y públicos en el interior de Uruguay.
El mapa de las luchas populares pasa por Bella Unión hoy al igual que ayer. Hacia fines de los años sesenta la organización de trabajadores cañeros (UTAA) y quienes se sumaron a la lucha revolucionaria fueron reprimidos brutalmente por el gobierno autoritario, sufriendo asesinatos, tortura, prisión, violencia sexual y desaparición. El trabajo de la comunidad organizada y redes de solidaridad permitieron resistir ese embate ayer, y ahora permiten sostener las luchas para lograr trabajo digno, educación, vivienda, salud y terminar con la impunidad.
En 2013, a partir de las leyes de memoria, se conformó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión para recordar a los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado oriundos del lugar. Esta organización comunitaria de derechos humanos surgida de manera autoconvocada investigó, recogió testimonios y publicó el libro Aportes a la construcción de la memoria colectiva (2020), que sirvió de insumo para presentar la denuncia penal que derivó en la formalización de dos exjerarcas de las Fuerzas Conjuntas que operaban en el Regimiento de Caballería 10, Abayubá Burlón y Héctor Varela.
Este viernes 7 de agosto, una semana después de la inesperada muerte de Nicolás Colacho Esteves –viejo líder de UTAA y referente del grupo de Verdad y Justicia de Bella Unión que impulsó la denuncia penal de la causa Cuello y otros–, se escucharon los testimonios de cinco víctimas de tortura detenidas en 1972. Ruben Santana, Ricardo Salsamendi y Edgar Itte González se conectaron desde Europa, a donde llegaron como refugiados durante la dictadura. José Ignacio Moreira y Eomar Díaz (Chiquiño) se hicieron presentes en la audiencia del juzgado de Bella Unión.
Los testimoniantes de la audiencia del 7 de agosto relataron que, luego de encapucharlos, los golpearon con los puños y, al llegar a la caballeriza del Cuartel 10.o de Caballería en Bella Unión, siguieron los golpes, la picana, el caballete, el colgamiento de los pies para el submarino, entre otras modalidades de tortura.1 Los testimonios dan cuenta del uso de la violencia y la tortura de forma sistemática. El Estado que torturó a miles de detenidos durante esta etapa siniestra de Uruguay es el mismo Estado que aún está en deuda con los miles de afectados por su actuación ilegítima y de terror durante esos años.
En 2014, el entonces relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, señalaba en el informe sobre su visita a Uruguay que se «hizo uso de la fortaleza de las instituciones para aplicar un terrorismo de Estado que conllevó la persecución de opositores políticos y personas opuestas al régimen, detenciones arbitrarias masivas y el uso sistemático de la tortura (con la mayor población per cápita de detenidos y personas torturadas de las dictaduras del Cono Sur)». ¿Por qué desplegar este nivel de violencia en una pequeña comunidad del norte del país? Como dijo Colacho, recordando a víctimas del terrorismo de Estado en Bella Unión en una exhibición de fotografías de Juan Ángel Urruzola que organizamos en 2024, «todos fueron perseguidos por algo, porque asumieron una idea de lucha y de transformación de la realidad que los llevó a oponerse a las ideas dominantes de Uruguay». Esa violencia del Estado buscó reprimir la organización social y defender intereses económicos, así como generar un grado de terror que atravesó la sociedad toda. Sin embargo, como demuestra este juicio, todavía se mantiene en la comunidad la tradición de organización social y lucha por la defensa de una vida digna.
Colacho Esteves simboliza este legado de luchadores sociales de la zona que creen poder cambiar una realidad injusta. Por eso, quienes se reunieron frente al juzgado para acompañar a los testimoniantes y seguir el juicio en vivo recordaban también a un referente de esta lucha. Al lado de una bandera de UTAA se escuchaba una canción hecha por José Pablo el Cocha Pereira: «Hasta siempre viejo Colacho de la patria y la verdad. Tu legado es coherencia, firme en nuestra Bella Unión» y «tu lucha no muere, sigue en cada cañaveral».
Al igual que Colacho, el grupo por Verdad y Justicia de Bella Unión mantiene la coherencia en sus principios y la defensa de los derechos humanos a través de este juicio que reconoce y visibiliza a las víctimas e historiza las luchas del presente conectándolas con las del pasado. Este trabajo por memoria y justicia transmite a nuevas generaciones no solo testimonios sobre la violencia del Estado, sino también las memorias de proyectos emancipadores del pasado. El avance de la causa de Miguel Ángel Cuello y las más de 60 personas que sufrieron tortura en Bella Unión en 1972, junto con los trabajos de memoria del colectivo, materializan políticas de memoria y mantienen una tradición de organización social en defensa del bien común. Una vez más son los familiares y los colectivos sociales organizados los que demandan del Estado el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía de no repetición, manteniendo viva la lucha desde el cañaveral.
(Mariana Achugar y Flor de María Meza. Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República)
- El juicio fue transmitido en vivo por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con apoyo de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de Udelar y Crysol. Puede verse en el canal de YouTube de APU. ↩︎
