El 14 de octubre, el presidente Yamandú Orsi anunció un acuerdo con la empresa española Solaria para desarrollar un campus de centros de datos y generación fotovoltaica. De los 5.700 millones de dólares, 5.500 millones corresponderían a los centros y 200 millones, a la planta solar. El gobierno proyecta 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 permanentes, con instalaciones en Canelones y San José y una planta solar en Florida.
Lo firmado es un memorando de entendimiento, anterior a los contratos definitivos. Solaria prevé decidir la inversión en mayo de 2027. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), la empresa informó de un campus tecnológico de hasta 500 megavatios (MW), con 350 MW solares. No identificó a los operadores finales ni mencionó los empleos anunciados por el gobierno.
QUIÉN PONE LA PLATA
Fundada en 2002, Solaria se dedica principalmente a la generación fotovoltaica y tiene dos plantas solares en Uruguay desde 2017, Yarnel, en Young, y Natelu, en Mercedes; de 9,5 MW cada una. En este nuevo proyecto desarrollaría la zona franca de centros de datos y la planta solar, sobre unas 700 hectáreas de UTE cedidas en comodato. Los servidores y su operación quedarían en manos de terceros.
En España, Solaria informó que tiene acuerdos vinculados a centros de datos con la compañía inmobiliaria Merlin Properties. Uno contempla infraestructura de acceso y conexión a la red para 213 MW y un contrato de compraventa de electricidad solar por 426 MW. El acuerdo no menciona a Merlin como cliente en Uruguay. Su director ejecutivo, Ismael Clemente, advirtió que el proyecto de regulación del gobierno español para este rubro, que plantea exigir energía renovable adicional y hora a hora, «va a destruir al sector nacional» y desplazará producción a Portugal. En el acuerdo uruguayo no se conocen exigencias equivalentes.
El esquema del nuevo acuerdo depende de terceros. El gobierno uruguayo sostiene que los 5.700 millones de dólares anunciados no incluyen el equipamiento importado. Según El Observador, grandes operadores internacionales de servicios en la nube financiarían el equipamiento. A su vez, el valor atribuido al proyecto no equivale, por sí solo, a capital comprometido ni a financiación confirmada. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que se financiaría «con los clientes que ya tenga» la empresa y que todavía se negocia quiénes participarán.
Solaria vale en bolsa unos 2.080 millones de dólares; la inversión anunciada casi triplica esa cifra. Como otros financiarían los equipos, la comparación nos permite observar la escala de una operación que dependerá de inversores desconocidos hasta el momento. Consultada sobre el patrimonio de la compañía, Cardona respondió: «No tenemos elementos para decir que no pueda ser real».
LA FACTURA DE LUZ
La primera etapa prevé un centro de datos de 200 MW y una planta solar de 350 MW en Florida. La generación de esta última equivaldría a entre el 38 y el 61 por ciento de la demanda de la primera fase, y entre el 15 y el 25 por ciento de la del campus completo. El marco uruguayo, fijado por la ley 16.832 –que habilitó la generación privada–, permite que los generadores vendan su energía a UTE, que además es la distribuidora, y que las redes se usen a cambio de un peaje. Así, la planta de Solaria le vendería su energía a UTE, que luego se la suministraría al campus, y este pagaría además el peaje por la red. De más está decir que la planta fotovoltaica produce solo de día y que UTE deberá suministrar energía en un régimen de 24 horas todos los días del año.
Para dimensionar: el campus completo, de 500 MW, consumiría a plena carga unos 12 gigavatios hora (GWh) por día, o unos 4.400 por año. Montevideo consumió 3.778 GWh en 2024 y todo el país, 10.202. Los 500 MW son, además, algo más de la mitad de los 945 MW que corresponden a Uruguay en Salto Grande, suponiendo que esta produjera a tope de la capacidad de sus turbinas.
UTE prevé adelantar un año las obras de las subestaciones de 500 kilovoltios de Cardal y Chamberlain, añadir al menos 100 MW térmicos en Punta del Tigre y desarrollar hasta 300 MW eólicos que su planificación 2025-2030 tenía previsto para más adelante. Necesitará 120 millones de dólares adicionales, sujetos a autorización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y prevé licitar desde enero de 2027. Si bien el proceso comenzaría antes de la decisión final de Solaria, las adjudicaciones quedarían condicionadas a ella y a los contratos. Aún no sabemos qué compromisos asumirá UTE antes de esa fecha y quién corre con los costos si el proyecto se posterga, reduce o cancela. UTE calcula ingresos de unos 16 millones de dólares anuales con los primeros 200 MW. Los 120 millones de inversión adicionales equivalen a siete años y medio de esos ingresos, pero no representan un plazo de recuperación: no son ganancias y no se descuentan costos de generación, operación y financiación.
Los precios de la energía aún no son públicos, pero la referencia sería el acuerdo con Google en Canelones (de entre 80 y 85 dólares por megavatio hora). El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a La Diaria Radio que el precio de Solaria estará «en el rango» del que paga Google, que según él «anda en los 70», sin precisar una cifra.
Tampoco está cerrado el plazo del contrato de compraventa de energía. Solaria informó a la CNMV que podría llegar a 40 años. Cardona explicó que serían 20, con opción a otros 20 si la empresa mantiene su demanda; de lo contrario, UTE no estaría obligada a comprar. El memorando prevé penalizaciones por terminación anticipada equivalentes a entre uno y dos años de suministro. UTE confía en que Solaria no se retirará después de invertir tanto. Es una expectativa, pero no una garantía contractual, y no se ha detallado qué ocurriría con las obras y los costos ya asumidos si el proyecto se empantana.
QUÉ QUEDA EN EL PAÍS
Según Cardona, los 1.500 empleos permanentes corresponderían al proyecto completo –en dos fases; la de 200 MW y la de 300 MW– y dependerían de lo que la empresa establezca en su «plan estratégico». No se sabe cuántos puestos serían para operar los centros, cuántos para la planta solar y cuántos para servicios asociados. La ministra planteó nuevas tecnicaturas con UTU y UTEC, y posibles capacitaciones con Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) para reconvertir a trabajadores actualmente en seguro de desempleo.
El Hamm Institute estima que los centros de datos de más de 100 MW operan con 20 a 30 empleados permanentes por cada 100 MW; el campus de Google en Kansas City, de 500 MW, ronda los 200. El estudio de impacto del centro de Google en Canelones prevé unos 50. Los 1.500 puestos anunciados para Solaria equivaldrían a 300 empleados por cada 100 MW e incluirían el parque solar y «eventuales infraestructuras», según Sánchez. Las cifras no son directamente comparables: esos estudios miden el empleo operativo de los centros y la uruguaya abarca el proyecto completo. Por eso es importante saber cómo se compone: cuántos puestos serán directos en los centros, cuántos de la planta solar y los servicios, y cuántos ocuparán a residentes en Uruguay.
Un centro de datos mueve actividad económica, pero no genera por sí solo capacidades en informática, investigación o inteligencia artificial. Eso depende de la formación, la participación de empresas locales y quién acceda a la infraestructura. Uruguay ha discutido ampliamente sobre cuánto valor queda en el país al exportar carne, soja o celulosa. Este negocio tiene una estructura parecida: el país aporta energía, terrenos, conectividad y obras de red, mientras los servicios se venden al exterior. El primer centro funcionaría en régimen de zona franca, exento de tributos nacionales. Lo que el gobierno anuncia en el caso de Solaria es ese régimen, con 1.500 puestos de trabajo, pero no detalla qué valor agregado quedará, ni se conocen el costo fiscal, el canon por los terrenos ni las obligaciones de empleo local, capacitación y contratación de proveedores uruguayos. Una exención puede atraer inversiones que de otro modo no llegarían; falta saber qué recibe el país a cambio y cómo se medirá su cumplimiento.
LO QUE PONE URUGUAY
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026 ubica a Uruguay tercero en la región y le atribuye la mayor cobertura de 5G entre los 20 países analizados. El mismo informe señala que Brasil concentra el 87,7 por ciento de las unidades de procesamiento gráfico o GPU, por su sigla en inglés, de la región.
Rodrigo del Río, investigador chileno de Rumbo Colectivo, lo resumió así en La Diaria: «La nube no flota: pesa y vive en centros de datos». También advirtió que la ley estadounidense Cloud Act permite a las autoridades de ese país reclamar datos a empresas bajo su jurisdicción aunque estén almacenados en el extranjero. Si los operadores de Solaria fueran estadounidenses, la pregunta por la jurisdicción dejaría de ser teórica.
LA DOCTRINA DE DECIR «NO»
En octubre, Pablo Álvarez López, vicepresidente de Antel, publicó en Montevideo Portal una columna titulada «Doctrina Benedetti de la soberanía digital». Sostiene que la soberanía consiste en conservar la capacidad de elegir, incluso de decir que no, y reivindica el papel estratégico de Antel y UTE.
Con ese criterio, la pregunta es si Solaria amplía las opciones del país o compromete algunas de antemano. Instalar un centro de datos en territorio nacional no garantiza soberanía digital. Hay que saber quién lo opera, bajo qué jurisdicción, dónde se procesan los datos y si el Estado podrá auditar los servicios, exigir cambios o sustituir proveedores. Por ahora, el proyecto se presenta como infraestructura de nube, sin compromiso público de alojar inteligencia artificial o datos estatales.
Si Uruguay aporta energía, terrenos e infraestructura pública, debería negociar condiciones de acceso, formación, desarrollo de proveedores y garantías sobre los servicios instalados. La soberanía no se mide por la cantidad de servidores dentro de las fronteras, sino por las opciones que el país conserva para decidir cómo y con quién utilizarlos.
EL DEBATE POR EL AGUA
Google reformuló su proyecto en Canelones tras la controversia por el consumo de agua. El diseño original contemplaba unos 7.600 metros cúbicos diarios para refrigeración; el aprobado utiliza enfriamiento por aire y circuitos cerrados de agua, con un consumo estimado de 48,1 metros cúbicos diarios. Se ha informado que Solaria prevé refrigeración de circuito cerrado para minimizar el consumo, pero aún no hay datos sobre el volumen estimado, la reposición y el origen del agua.
El 22 de octubre, el senador nacionalista Sebastián da Silva presentó un proyecto para prohibir nuevos centros de datos sobre los acuíferos Guaraní y Raigón, incluida la zona de Libertad, en San José. Proteger las reservas subterráneas es legítimo, pero una prohibición definida por ubicación no aporta al debate en tanto no responde quién operará los centros, qué recursos públicos demandarán ni qué recibirá Uruguay a cambio. Aceptar cualquier inversión o prohibirla por zonas son dos formas de eludir la discusión: agua, energía, obras, costo fiscal, financiación, jurisdicción y capacidades locales.
El poder de negociación del país es mayor antes de firmar que después, y no solo para el Estado. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que la negociación colectiva es un ámbito clave para discutir la inteligencia artificial. Solaria ofrece un caso concreto: qué empleos habrá, con qué salarios y condiciones, qué formación recibirán los trabajadores uruguayos y cuánto del mantenimiento y los servicios se contratará localmente. El movimiento sindical debería estar discutiendo estos asuntos antes de la firma de los contratos definitivos. Si Uruguay aporta energía, tierra e infraestructura, la promesa de Solaria valdrá lo que valgan las obligaciones de empleo, formación y contratación local acordadas antes de que empiece la obra.
