Caso Blás: la dgi recibe nuevas pruebas
El edil y precandidato herrerista a la Intendencia de Maldonado Rodrigo Blás analiza estrategias para salir indemne de la denuncia presentada en su contra por evasión fiscal en la venta de terrenos del Valle Di Saronno, en Maldonado. Entretanto, esta semana la dgi recibió pruebas que implican a otros dos funcionarios públicos.
Nuevas pruebas aportadas el martes 25 a la dgi agregan más implicados en la denuncia por subescrituración de terrenos del fraccionamiento Valle Di Saronno, con aparente fin de evadir impuestos. A la cabeza está el precandidato a la Intendencia de Maldonado y edil herrerista Rodrigo Blás, dueño de la inmobiliaria que vendió los predios y apoderado de la firma propietaria, Javipark sa. Pero también entran en escena otros dos funcionarios públicos, empleados de Blás. Se trata del edil Darwin Correa (su suplente en la Junta Departamental) y de la escribana Adriana María de León, funcionaria de la Dirección de Asuntos Legales de la Intendencia.
Los tres aparecen en grabaciones presentadas por el procurador Gastón Villamayor como ampliación de la denuncia que radicó el 21 de febrero ante la dgi por presunta evasión tributaria, entre otros posibles delitos.
En una de las cuatro grabaciones –a las que accedió Brecha– instan a un comprador a firmar una escritura por casi 12 mil dólares menos del costo real del padrón, con el fin de ahorrarse parte del pago de irpf. Las voces –que no dejan lugar a dudas sobre la identidad de sus protagonistas– confirman el relato de varios compradores a Brecha, respecto a la forma en que fueron inducidos o coaccionados para evadir la ley.
INSTRUCCIONES. Uno de los audios en poder de la dgi –registrado la semana pasada– revela cómo este trío sustenta la necesidad de subescriturar terrenos y explica por qué la empresa perdería dinero si pagara impuestos por el valor real. Incluso se escucha a Darwin Correa instruir a un cliente sobre qué declarar en caso de que “llame la dgi”, advirtiéndole que estará en problemas si menciona lo que pagó por la propiedad. ¿Por qué la inmobiliaria o el propietario de los terrenos no afrontarían los mismos “problemas” que sus clientes? Porque –explica Correa– a raíz de la denuncia de Villamayor ante la dgi, Blás “solucionará” el tema entregando en abril el dinero que no pagó.
Nada raro: en febrero pasado acordaron con unos nueve vecinos la devolución del dinero cobrado por fuera de las escrituras, ante el temor de ser denunciados (véase Brecha, 28-II y 07-III-2014).
Otro asunto a tener en cuenta en esta historia es que son varios los compradores a quienes la inmobiliaria no dio factura por la transacción, o sólo reconoció una parte del dinero entregado. “Tu escritura es tu recibo”, sería el lema, según Correa, como si no supiera que las inmobiliarias están obligadas a emitir facturas por sus transacciones. Como si el cliente no notara la negativa a reconocerle por escrito los más de 10 mil dólares que pagó por fuera del monto que figura en la escritura.
Estas maniobras fortalecen la presunción de que tres funcionarios públicos estuvieron (o están) de acuerdo en evadir al fisco. Porque no sólo los ediles Blás y Correa participaron en ellas: en varias transacciones la inmobiliaria recomendó a sus clientes a la escribana De León como profesional para escriturar terrenos. Y ésta, que también es funcionaria municipal, firmó por valores inferiores al real o estuvo en conversaciones donde los compradores fueron asesorados en ese sentido.
MAL NECESARIO. Esa presunción de delito fue la que llevó a la edila frenteamplista Beatriz Jaurena (pvp) a presentar en la Junta Departamental una moción para denunciar el caso a la justicia en su calidad de funcionaria pública.
“Se hace imperiosa la denuncia a la justicia para de esta forma poner luz sobre el caso. Es más, los involucrados deberían hacerlo. Cuando la conducta es recta y no hay nada que ocultar, entonces nada mejor que transparentar la situación para no resultar poco creíbles o incoherentes”, planteó el martes 18, basada en el artículo 177 del Código Penal.
Ningún edil de la oposición votó tal moción. Podría ser llamativo que en la bancada del Frente Amplio sólo ella y Dou-glas Garrido (lista 709) hayan levantado la mano. Pero no. El argumento más fuerte para no tocar al herrerismo se vincula con la necesidad de una mayoría especial de votos para aprobar un préstamo de 8 millones de dólares que permita financiar el Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este.
El intendente frenteamplista Óscar de los Santos solicitó anuencia a la Junta Departamental para ese crédito y hay resistencia en el Partido Colorado y en los blancos de Renovación (sector del edil Federico Casaretto), así que no conviene molestar a Blás, razonaron algunos oficialistas.
Otros, en cambio, rechazaron el pase a la justicia bajo la premisa de “no judicializar la política”. Un planteo curioso, teniendo en cuenta que antes de ser gobierno el fa radicó varias denuncias ante la presunción de ilícitos cometidos por funcionarios públicos.
Por el momento, es la dgi quien investiga el caso. En estas semanas el equipo de fiscalización montevideano estuvo varias veces en Maldonado. Algunos implicados ya fueron entrevistados y hay inminentes citaciones, supo Brecha. Las grabaciones presentadas esta semana no dejan dudas de que hay mucho paño para cortar. Definir si hubo delito podría tomar “meses”.