Por diferente –y espesas– razones, la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados realizada el miércoles 2 de julio resultó altamente reveladora, además de impactante y conmovedora. Ese día los diputados Gustavo Espinosa (colorado, presidente de la comisión); Orquídea Minetti, Daniela Payssé y Felipe Michelini (frenteamplistas); y Gonzalo Novales y Pablo Abdala (blancos), escucharon los testimonios de madres de menores internados en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y de la abogada Sandra Giménez, sobre las torturas reiteradas cometidas por funcionarios identificados. Por decisión explícita, las actas de esa reunión –que expresamente no consignaban ni los apellidos de las madres ni los nombres de los adolescentes mencionados– fueron declaradas de difusión restringida a unos pocos legisladores y vedadas para la prensa y el público. La mordaza fue justificada en que la prensa tergiversa (al menos en estas cuestiones de torturas en el Sirpa) y para proteger a los menores que podrían ser identificados y sufrir represalias.
Los argumentos, defendidos por las diputadas Payssé (Asamblea Uruguay) y Minetti (mpp) –Abdala, Espinosa, Michelini y Novales no compartieron las afirmaciones sobre la prensa–, son por lo menos contradictorios. Por lo pronto, Payssé tomó distancia de las denuncias de las madres pero admitió que hay represalias (de ahí el secreto), con lo que indirectamente reconoció la existencia de malos tratos. Los impactantes testimonios de las madres –cuya espontaneidad hace difícil dudar de su autenticidad– no modificaron, empero, la postura oficialista prescindente, ya evidenciada cuando fue presentado un demoledor informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con detalles de las torturas confirmadas.
La mordaza sobre las actas duró apenas 48 horas. Los detalles de los terribles episodios (algunos de los cuales se consignan en esta cobertura) fueron difundidos en medios de prensa, y habría que señalar que afortunadamente adquirieron publicidad, porque sería a esta altura un reaseguro contra las represalias. Muchas de esas represalias, en el pasado, fueron abonadas por el secreto. “Entendíamos que no era posible que hubiera denuncias desde marzo de 2013 y que a ninguno de los diez o doce funcionarios que permanentemente eran denunciados ni siquiera se les hubiera iniciado un sumario administrativo porque las denuncias se habían extraviado”, dijo la doctora Giménez en la comisión. “El 22 o 23 de abril de este año fui nuevamente al Sirpa, me entregaron las copias de las denuncias que se habían presentado por parte de las madres y me dijeron que tomarían las medidas que entendieran oportunas. A partir de ese momento la situación de los chiquilines privados de libertad, no sólo en el hogar Ser sino en otros centros de la Colonia Berro, fue más cruda: los golpes y los insultos fueron permanentes, así como el encierro.”
El pedido de discreción tiene siempre la misma consecuencia. Una madre le contó a los legisladores: “Fuimos a hablar con el señor Villaverde (presidente del Sirpa), quien nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos ayudaría, que dejáramos todo quieto que estaría bien. Cuando estábamos por salir, nos pidió los nombres de los chicos. Una madre le dio el de su hijo –yo no lo hice porque no me inspiró confianza–, y lo torturaron todos los días durante meses ‘porque a la mamá le gustaba denunciar’: el único que sabía el nombre era Villaverde. Eso fue un jueves por la mañana; a las siete de la tarde de ese mismo día Villaverde salió en Subrayado diciendo que nunca había recibido una denuncia y que no estaba enterado de ninguna golpiza ni maltrato”. Otra madre reclamó: “Les pido a ustedes, le pido a mi Dios, que todo esto salga a la luz, y que si hay una ley, la hagamos cumplir. Pienso que si los chicos reciben tantas torturas, sufren tanto hacinamiento y encierro sin tener nada que los rehabilite, vamos a tener 600 niños asesinos en la calle, preparados para que cuando los miren torcido, golpeen, como están aprendiendo ahí adentro”.
La diputada Payssé –que al menos en las comisiones asumió la cruzada de defender a las autoridades– reclamó para el Sirpa la iniciativa de la presentación de la primera denuncia ante la justicia. La doctora Giménez la corrigió, señalando que esa denuncia había surgido de otra, planteada por un funcionario del Sirpa, no por las autoridades. “La información que yo tengo es la que tengo, y la doctora tiene la que tiene”, retrucó la diputada.
Algo similar había sostenido, refiriéndose a la veracidad de las denuncias. “No puedo plantearme la hipótesis –que puede tener ciertos visos de realidad o no– de que (los familiares) no ven a los chicos porque están machucados. Tendría que tener un poco más de rigor para poder llegar a la conclusión.” Y contó, con cierta ingenuidad: “Cuando estuve el lunes pasado conversé con muchos chicos y a mí nadie me presionó. No vi a ningún chiquilín machucado por haber recibido golpes. Durante la charla traté de fijarme especialmente en eso”. Y de paso plantó una sospecha: “Ahora sí: hablé con los gurises sin inducir respuestas porque me parece que eso no está bueno. Con total honestidad, en esta última visita percibí una mejora sustancial en el estado de ánimo de los gurises en general con respecto a otras veces. Yo no voy por los medios de comunicación difundiendo esto porque creo que, a veces, el trabajo silencioso es mucho más efectivo que el trabajo de la tele”.
El diputado Espinosa se sintió en la obligación de responder: “Si la justicia hoy tiene nueve funcionarios indagados y siete denuncias penales, no hay testimonio inducido; sí quiero decir que no puedo creer que estemos todos tan inducidos al engaño y que seamos tantos: organismos públicos, Parlamento, justicia, el propio sistema, la prensa, ustedes como madres, los chicos”.
prácticas impunes. Pero nada de lo que afirmaban las madres en la comisión era novedoso o desconocido. La diputada Payssé había compartido el criterio explicitado por el dirigente sindical José López, en el sentido de que las denuncias echaban sombras sobre los más de mil funcionaros, cuando en todo caso los eventuales responsables son un puñado pequeño. Lo cual es cierto: pero el “Popeye”, el “Mauro”, el “Chichita”, Gerardo López, quienes aparecen en todas las denuncias, todavía no han sido sancionado por la justicia. Y como reveló la doctora Giménez, algunos de los que supuestamente estaban sumariados en el Ser “me abrieron la puerta cuando fui a otro hogar”.
La diputada Minetti depositó toda la responsabilidad en la justicia: “Si el director del inau, el director del Sirpa, las personas que tienen responsabilidades políticas en esos ámbitos, están haciendo las cosas mal, que sea el juez quien lo diga. ¡Y que quede claro que no tengo que defender a nadie! Ahora, ¿que existe un abuso de poder en malos funcionarios? Lamentablemente eso es así, y es lo que el Poder Judicial tiene que resolver. Nosotros podemos escuchar y no podemos hacer absolutamente nada más”. Parece una conclusión temeraria, que deriva de una práctica extendida: dejar en manos de la justicia lo que es responsabilidad política y no reclamar una separación de los funcionarios de jerarquía involucrados en las denuncias. El diputado Abdala discrepó con Minetti: “El Poder Legislativo, entre otras cosas, debe ser escudo en términos de la vigencia y la protección de los derechos humanos; por lo tanto, debe ser el ámbito en que estas cosas se puedan plantear y denunciar, a efectos de que ocurra una reacción equivalente frente a situaciones que, en muchos aspectos, se podrían catalogar hasta de lesa humanidad”, y rechazó la interpretación de que las denuncias sobre torturas en el Sirpa –compiladas por la inddhh– que “se complementan, calzan perfectamente con los hechos que han sido descritos por los internos, por sus representantes o por sus abuelas y madres”, obedezcan a una “conspiración política”.
La sesión del 2 de julio de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados confirmó lo que ya había comprobado la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que quedó asentado en los expedientes judiciales, lo que denunciaron diversas organizaciones no gubernamentales y lo que logró investigar la prensa: la reiteración de episodios de torturas y abusos a menores en el Sirpa, los esfuerzos por negar y ocultar esos episodios, las represalias contra aquellos menores cuyos familiares denunciaron públicamente los hechos, y la impunidad de que gozan algunos de los funcionarios identificados (los “brazos gordos” que apalean, cuelgan a los chicos desnudos durante toda una noche, obligan a limpiar el patio con cepillos de dientes, los obligan a defecarse y orinarse encima esposándolos a la espalda). El propio Ruben Villaverde, en presencia de un juez y una fiscal, admitió que “eran prácticas difíciles de erradicar”, que era “muy difícil estar permanentemente lidiando con el sindicato”, lo que no justifica las omisiones, las tergiversaciones y los ocultamientos.
Lo que no queda claro es por qué el oficialismo sigue respaldando a las autoridades, con el costo político que ello implica. Y apañando las represalias ocurridas desde febrero, cuando se conocieron las primeras denuncias de la inddhh. El presidente del inau, Javier Salsamendi, dio una pista cuando le sugirió a la doctora Giménez que no presentara ninguna denuncia, para evitar el escándalo antes de las elecciones. “Después se me dijo que en año electoral no se podían investigar estas cosas”, reveló la abogada.
Esa puede ser una de las explicaciones, pero no resulta totalmente satisfactoria, teniendo en cuenta que el comando electoral de los blancos resolvió incorporar el episodio de las torturas en el inau como uno de los tres grandes casos de agitación política. Infructuosamente se pretendió recabar, entre los dirigentes políticos del Frente Amplio consultados, una razón explícita. Muchos de ellos, paradójicamente, dicen no tener una justificación oficial de la ausencia de medidas, y ni siquiera una discusión política del asunto. Coinciden en que una posible explicación es el tremendo respaldo político que tiene Ruben Villaverde, anfitrión de comentados asados en los que participan miembros de la corriente Articulación del pit-cnt, militantes del mpp y de Asamblea Uruguay y hasta algún ministro.
Más discretamente, los consultados no descartaron que el apoyo implícito a Villaverde sea resultado de una evidencia: su administración redujo a cero las fugas y motines, y eso se valora como un logro, aunque se haya conseguido mediante malos tratos, medidas represivas y en ocasiones torturas. Lo insólito es que tales métodos para obtener aquellos resultados sean respaldados por altos funcionarios que en su momento fueron víctimas de torturas sistemáticas.
