Hay un contrato secreto anterior al contrato aún no firmado entre el gobierno y la empresa trasnacional que impulsa el proyecto Aratirí? ¿Hay por tanto un secreto de secreto que obliga al gobierno a reclamar el secreto sobre una información solicitada por la organización Uruguay Libre de Minería? Si así fuera resultaría más útil para el gobierno convertir todo en secreto y eliminar el fastidio de tener que andar respondiendo, puesto que cada vez más restringe el acceso a la información y se inclina por controlarla.
La existencia de ese contrato previo es la única explicación que encuentran los analistas para comprender por qué el gobierno se niega a informar sobre los cráteres que dejaría eventualmente la explotación de hierro propuesta por Aratirí y la altura de los túmulos de desechos. Según Víctor Bachetta, referente de Uruguay Libre, tal información no es confidencial en otros países.
Bachetta, en nombre de Uruguay Libre, había realizado con el asesoramiento del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública el trámite de acceso a la información ante el Ministerio de Industria; las autoridades negaron la información, por lo que Bachetta recurrió a la justicia, como expresamente establece la ley ante una negativa. El juez de lo contencioso administrativo Alejandro Martínez amparó el lunes 10 a Uruguay Libre y ordenó que el ministerio entregara la información. El ministerio apeló la resolución, que está ahora en manos de un tribunal de alzada y que se expedirá en breve.
Puesto que no se le puede atribuir al abogado del ministerio Carlos Roselló un estado de confusión de ideas, hay que concluir que su escrito de apelación, con un estilo rocambolesco (por inverosímil), persigue seguramente el objetivo de mezclar los tantos. Dice, según reprodujo El País: “La ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido comprensiblemente aportó al interesado una respuesta”, que por cierto fue negativa. Todo para explicar que “si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la administración presenten no se haga pública. Entregada información por los particulares a la administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la administración ni las sedes judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado”.
En buen romance: Aratirí solicitó confidencialidad sobre algo que no se conoce y el ministerio cumple con la petición, haciendo el trabajo sucio (o poco transparente). Pero como la ley está por encima de un pedido empresarial, es lícito suponer que el ministerio está obligado por algún documento.
La ausencia de transparencia y el secretismo reeditan ahora el episodio de Pluna, donde la confidencialidad permitió firmar acuerdos que después se revelaron desastrosos. En aquella circunstancia la justificación fue el famoso “plan de negocios”, que debía mantenerse en secreto para no avivar giles; cuando el pescado estaba vendido, nos enteramos de que se eliminaban los vuelos a Europa y que los aviones serían comprados con la garantía del Estado; en definitiva, que no había casi inversión. En el caso de Aratirí la excusa es que si se brinda información sobre los agujeros que dejará el obraje y las montañas de desechos que se acumularán en las inmediaciones, se estarían revelando importantes secretos tecnológicos.
Hay otros puntos oscuros en el proceso de la megaminería uruguaya. No hubo, por cierto, una idea inicial de emprender la explotación de nuestras riquezas mineras. Un día desembarcó Zamin Ferrous y nos instaló el problema. En el comienzo, la propuesta de explotar los yacimientos del noreste fue recibida con recelo en ámbitos gubernamentales, empezando por el presidente José Mujica, para quien la propuesta de Aratirí interfería con el proyecto de puerto de aguas profundas, en aquel entonces previsto para localizar en La Paloma. También se rumoreaba que los dos proyectos enfrentaban al Partido Socialista con el Mpp y la Cap-l. Desde la Administración Nacional de Puertos hubo una sorda resistencia al plan del puerto en el este. Y fue revelador que su presidente, el socialista Fernando Puntigliano, renunciara al cargo “por razones personales”, para después oficiar como ejecutivo de Aratirí.
El recelo presidencial se sustentaba en el hecho de que la inversión prevista en la megaminería estaba condicionada a la concesión de una franja de terreno junto al océano para instalar un puerto por donde exportar el mineral. Pero el recelo fue después vencido y se avanzó en la aprobación de una ley para regular la actividad minera mientras se iniciaba un azaroso proceso de discusión y acuerdo sobre aspectos ambientales; la información fue brindada por la empresa con cuentagotas y todavía no se sabe bajo qué circunstancias se firmará el contrato definitivo, postergado en varias ocasiones por las dudas de la Dirección Nacional de Medioambiente.
Todos esos aspectos son los que preserva la confidencialidad. Mientras, el precio internacional de la tonelada de hierro sigue desplomándose.
