“No tengo que poner el sticker, no es obligatorio, no pueden sancionarnos”, espetó un joven empleado de McDonald’s, mirada fija en el autoadhesivo negro con letras blancas. “Eso me dijo la encargada”, se cubrió. Minutos antes, otra empleada se había librado del mismo promotor prometiendo responder a un mail tan pronto su superior, en Montevideo, se expidiera sobre el asunto. “Es cierto, no hay sanción económica, pero sí tendrán una sanción moral cuando se sepa que se niegan”, advirtió el voluntario de las campañas Uruguay, País del Buen Trato y En Maldonado nos Cuidamos, en su segundo intento de la semana en la sucursal hamburguesera. El argumento no lo sorprendió. Excusas por el estilo escucharon él y otros voluntarios en 30 de los establecimientos vinculados al turismo visitados en Punta del Este, La Barra y Piriápolis durante la primera quincena de enero, según reportó el Programa Claves, impulsor de ambas campañas contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna).1
Aunque la cifra representa sólo el 10 por ciento de los comercios contactados, la negativa preocupa cuando se trata de empresas como McDonald’s o el hotel Conrad, al que enviaron cartas durante dos semanas hasta lograr que el resort aceptara divulgar el pegotín donde se lee: “Somos empresas responsables, condenamos la explotación sexual infantil”.
En diciembre de 2013 el presidente José Mujica firmó un decreto surgido de los ministerios de Turismo, Desarrollo Social e Interior, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional para la Erradicación de la Escnna, aprobado en 2007, y a los convenios internacionales suscritos por Uruguay. El documento establece que los prestadores de servicios turísticos deben colaborar cediendo espacios para la difusión de material, tomando medidas para evitar la oferta de turismo sexual y denunciando ante las autoridades posibles delitos de este tipo. Casi todos los operadores visitados conocían la legislación. Pero el documento es poco más que una expresión de buena voluntad, casi de marketing turístico, porque no está reglamentado y las gremiales turísticas tampoco se ponen de acuerdo con respecto a un mentado “código de ética” para estos casos. Así que no hay sanciones ni fiscalización.
“El decreto quedó ahí”, admitió a Brecha el argentino Fernando Mao, coordinador de la Red internacional Alto al Trato y la Trata (Ratt), financiada por la Oea, y asesor en Uruguay del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees). “Acá no hay sanciones como en Argentina, donde se le puede quitar la patente a una empresa de turismo. Y las organizaciones que integran el Conapees son conscientes de la necesidad de fiscalizar y monitorear quién cumple y quién no”, agregó.
Entretanto, en el turístico Maldonado aparecen esporádicas denuncias sobre presunta explotación sexual comercial de adolescentes. También surgen, en el marco de investigaciones por otros delitos, casos que no son valorados como corresponde, según contó a Brecha el director departamental del Inau, Diego Barboza.
En 2014 presentaron cuatro posibles casos ante la justicia del crimen organizado, que comanda las investigaciones desde Montevideo. Todavía están sin resolución. Se han dado casos de adolescentes que llegan a Protección Integral, del Inau, por orden judicial sin que el magistrado actuante especifique que están vinculadas a la explotación sexual comercial. A esto se suman falencias de la línea 0800-5050, habilitada para denuncias anónimas. A modo de ejemplo, la última de las denuncias llegada a Maldonado no aportó a las autoridades los detalles necesarios para presentarla ante los jueces de crimen organizado. La falta de información, en ocasiones, está vinculada a la forma en que se toman los datos. “Hay que entrenar mejor a los que reciben las denuncias”, admitió Barboza. Pero no es la única falla en la promocionada línea. La semana pasada el presidente del Inau, Javier Salsamendi, trasmitió a Mao y a los coordinadores del Programa Claves su compromiso de fortalecer el servicio mediante recursos a asignar por el próximo gobierno. Se trata de ejecutar un proyecto para atender denuncias las 24 horas, con un dispositivo que acompañe, y reducir la línea a tres números. “Con esto se facilita la digitación a chicas que pueden estar siendo reclutadas y que aprovechan un segundo para denunciar su situación desde un celular”, graficó Mao.
El activista, que hace un año dejó su país amenazado por las organizaciones que combate desde la Ratt, aclaró que en Uruguay “todavía no están instalados los cárteles de trata”, que en el mundo generan 33.000 millones de dólares anuales. Aquí “se da la explotación sexual en red intrafamiliar, donde las hijas son enviadas a ser explotadas” y se da “cierto turismo de conductas perversas”.
Charlando con los voluntarios de la campaña, Mao supo que en Maldonado no es raro contratar personal para grandes fiestas privadas de verano y pagar por confidencialidad: “Un joven contó que lo contrataron para una fiesta en Laguna del Sauce y le pagaron 1.600 dólares para que no contara lo que ocurrió. Existe gente de alto poder adquisitivo que compra silencios, y es necesario prevenir a las gurisas de lo que puede llegar a pasarles”.
El director del Inau de Maldonado entiende que las modalidades de explotación sexual comercial cambiaron, amparadas en las nuevas tecnologías, dificultando la detección del delito. Una década atrás era notoria la presencia de hombres en autos de alta gama circulando por la península o por el camino Aparicio Saravia (que une Maldonado con La Barra), subiendo a varones y mujeres de diferentes edades que comerciaban su cuerpo. Hoy “pararse en una esquina es inusual”, dijo Barboza; los teléfonos celulares y la exposición en las redes sociales facilitan los encuentros. Por eso las campañas están pensadas para potenciales víctimas pero también para potenciales encubridores del delito: “Hay temas de moralidad y ética, que tienen que ver con la acción responsable de cada individuo. Falta empatía, pensar en la situación de vulnerabilidad del otro”, reflexiona el director, con respecto al personal de servicio o empleados que, como el joven voluntario, venden su silencio o callan por miedo a perder su fuente laboral.
No es casualidad que por primera vez una campaña de este tipo involucre a jóvenes promotores entrenados para llegar a sus pares, ni que buena parte de los voluntarios estudien carreras de turismo o deportes. “En unos años estarán trabajando en esos ámbitos con una sensibilización especial sobre este tema”, vaticina Nicolás Iglesias, coordinador del Programa Claves. En Maldonado la estrategia se fortaleció con la formación de jóvenes voluntarios que viajaron al Mundial de fútbol en Brasil para participar en acciones de prevención en el entorno de los estadios. Este mes replicaron la tarea durante el Sudamericano de Fútbol Sub 20 que se disputa en el Campus y recorrieron las playas y espacios públicos de los balnearios junto a los voluntarios de Claves.
Los organizadores advierten la necesidad de que el gobierno asigne partidas presupuestales específicas para dar continuidad al proyecto. Las campañas en Punta del Este insumieron 46 mil dólares, de los cuales Claves aportó la mitad y el resto varios organismos estatales que colaboraron con alojamiento, alimentación y traslados. “En marzo tendremos una reunión con agencias internacionales; si se involucran, es una forma de lograr que el Estado también se involucre y otorgue las partidas presupuestales”, adelantó Mao, pensando en la necesidad de prevención pero también en subsanar el daño a las víctimas.
“Hay resortes estatales que necesitan pulirse para realizar una buena restitución de derechos. El Estado se tiene que hacer cargo de rescatar a la víctima, y si no tiene experticia puede hacer convenios con organizaciones sociales comprometidas en ese trabajo”, recomendó Mao, que desde la ratt monitorea cómo los gobiernos cumplen con las normas internacionales en esta materia. Por el momento, en Uruguay sólo existe un equipo itinerante de cinco personas del Conapees abocadas a dar respuesta a las víctimas en todo el país.
Así que las preocupaciones son varias. Convencer a los empresarios de pegar un sticker y tomar una actitud proactiva con la causa es apenas una de las aristas. La creciente voluntad institucional y de las organizaciones sociales no alcanza. En época de transición de gobierno y evaluaciones presupuestales, urge que la mentada política estatal se refleje en la asignación de recursos específicos para mucho más que una movida de verano.
1. En febrero la campaña llegará a Colonia, en marzo a Montevideo y en abril a Paysandú.
