En la madrugada del 28 de noviembre de 2011 un padre estaba en el living de su casa, con su esposa y uno de sus dos hijos, cuando escuchó ruidos en el jardín. Minutos después este hombre se daría cuenta de que le había disparado a su hija al confundirla con un delincuente, provocándole la muerte. La escalofriante historia afectó a una familia, pero también provocó entonces en la sociedad el debate sobre las armas en manos de civiles. Tragedias como esas, recuerda Ignacio Salamano, quien preside el Observatorio de Impacto de Armas de Fuego en la Vida Cotidiana (Oiaf) de Ielsur, nos inducen a volver a la carga sobre la peligrosidad de las armas en casa. “Tener un arma para defensa es un gran, gran problema, y aumenta las posibilidades de un desenlace fatal”, cavila Salamano. El hombre que accidentalmente mató a su hija lo hizo con un arma que adquirió pocos días antes, luego de sufrir un copamiento en su casa. Por eso, para evitar que se repitan situaciones como estas, Ielsur promueve un plan de desarme.
En Uruguay hay 600 mil armas registradas desde 1944, y si se siguen criterios internacionales que sugieren un “1 + 1” –por cada una registrada, hay una ilegal– habría en el país cerca de 1,2 millones de armas. El director general del Servicio de Material y Armamento del Ejército (Sma), el coronel Hugo Rebollo, dijo a Brecha “que no le consta que en Uruguay eso sea así”. En tanto, Salamano conviene en afirmar que la cifra sería “exagerada”. No obstante, aclara que si sólo se toman los números oficiales “tenemos una robusta proporción de armas per cápita en Uruguay”. Impacta la cifra total, pero aún más cuántas de esas armas están en manos de particulares: el 90 por ciento las poseen civiles, el 7 por ciento las usan el Ejército y la Policía y un 3 por ciento los coleccionistas.
Este año, hasta el 21 de abril de 2015, se registraron 5.500 armas de las cuales el 40 por ciento son armas nuevas, y se estima que al final del año el total trepará a 16 mil, una cifra bastante superior a la del año anterior. El director del Registro Nacional de Armas del Ejército, el coronel Daniel Farías, en entrevista con Brecha, adjudicó este incremento a “una mayor conciencia de la gente en la tenencia de armas” y no a una sociedad más armada.
En cambio, para Salamano “lo que más alarma”, no son tanto las cifras sino la tendencia del uruguayo, residente en áreas urbanas, a armarse “bajo el argumento de la defensa y la sensación de miedo”. O dicho de otro modo, adquirir “el arma como placebo”.
Los jerarcas militares admiten que dentro de las armas nuevas que se registran hay un crecimiento de las pistolas, que son las que generalmente se utilizan como defensa personal.
Salamano agregó que “tradicionalmente Uruguay tiene una alta cantidad de armas, el tema es que ahora se usan para dirimir los conflictos de convivencia”.
POLÍTICA HIPPIE. Hace 27 meses, el Ministerio del Interior presentaba lo que pretendía ser el inicio de una campaña de desarme de la sociedad civil a través de la entrega voluntaria de armas a cambio de tablets o bicicletas. Si bien la campaña “Armas por la vida” estaba pronta –ya estaban los afiches que decían: “Miles de armas de fuego pueden convertirse en miles de tablets”, y las bicicletas estacionadas listas para ser retiradas–, se tuvo que dejar en suspenso porque no estaba pronto el marco jurídico para iniciarla. Rebollo aseguró que dentro de la reglamentación “no está incluido ninguno de los planes anteriores” de entrega de armas, aunque sí se legisla sobre las condiciones en que una persona puede entregar su arma si así lo quiere. Sin embargo, desde la secretaría de Estado afirmaron a Brecha que cuando se termine de reglamentar la ley, que fue aprobada por el Parlamento en agosto de 2014, se retomará la idea y se pondrá en práctica. Estos casi dos años y medio que el Estado perdió, sin iniciar un proceso de desarme de la sociedad, fue el tiempo en que más armas se adquirieron por parte de particulares.
Dos corrientes hoy fluyen por carriles separados: el aumento de la cantidad de armas adquiridas por particulares y las acciones para iniciar el desarme de la sociedad. Ielsur conduce un Plan de Convivencia y Desarme Civil que promueve la entrega de armas, mientras el gobierno espera la reglamentación para hacer rodar el “Armas por la vida”.
El plan de desarme prevé que las armas se depositen en seccionales policiales o dependencias militares. Este es uno de los puntos que la Ong plantea como un obstáculo para que la campaña sea “exitosa”, en virtud de la “desconfianza” que hay hacia la Policía, considera Luis Pedernera, integrante del Instituto. Además, piensa que “sin una campaña de concientización para que la población identifique que estamos ante un problema, está destinada a fracasar”. Algo similar comenta el abogado Martín Fernández, de la misma institución: “la campaña ‘Armas por la vida’ no se hizo sobre un trabajo previo. Las experiencias exitosas sobre desarme tienen un trabajo profundo atrás”. Y sugirió cómo debería hacerse: “Esto es política pública que necesita de diseño, diagnóstico y monitoreo”. En tanto, Pedernera fue enfático en que un desarme no se puede hacer sin presupuesto, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que “se está enfrentando a mercados ilícitos que manejan mucho dinero”.
Fernández va más allá: “la política de desarme no es una política hippie con olor a flower power, es una política de control que apunta a la seguridad. Se requiere de una política seria y potente”.
UNA LEY SIN REGLAMENTAR. La ley de tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego fue aprobada en agosto del año pasado. La normativa es vista como un avance por organizaciones como Ielsur. Sin embargo, Pedernera considera que “la ley es pobre” al “no ser una ley integral” y “dejar todo librado a la reglamentación”. Se estima que la ley de 15 artículos tendrá una reglamentación de casi 300 artículos. El director del Sma destaca que la ley “da mayores garantías” y el oficial Farías recalca que “así se cumple con tratados internacionales y convenios del Mercosur” sobre el tema.
A partir de esta ley se penaliza la tenencia y porte de armas no registradas y el tráfico interno e internacional, así como la fabricación ilegal de armas o municiones. Quienes ingresen o saquen del país o distribuyan armas de fuego, municiones, explosivos, sin autorización oficial, serán castigados con 12 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. En tanto, quien después de los seis meses de gracia desde la reglamentación de la ley, posea armas sin habilitación será sancionado con una multa que puede ir de las diez a las 1.000 unidades reajustables. Ielsur aclara que “no está a favor de la criminalización de las conductas”, pero que si se va a penar los delitos de transferencia internacional de armas “por lo menos habría que poner penas que habiliten la extradición”, explicó Fernández. Y agregó: “con penas que no llegan a dos años, se hace imposible la extradición”. Para el abogado “haber puesto penas tan bajas para delitos íntimamente ligados con la corrupción, es un grosero error”.
El artículo sexto establece que en los procesos de entrega voluntaria, no deberá justificarse la procedencia de las armas. La idea es que haya una “amnistía” de un año para esa entrega. Ielsur objeta que no se prevea una campaña de concientización y que para el plan de desarme no se cree una institución independiente de los ministerios de Defensa e Interior. Pedernera dijo que “es necesario que se cree una institucionalidad, dependiente de la Presidencia de la República, como lo fue Unasev (en el caso de la seguridad vial)” como forma de fortalecer el programa y agregar transparencia.
La ley establece que se deben dejar pasar seis meses desde que se recibió el arma para que ésta sea destruida. Ielsur considera pertinente que se incluya una cláusula que establezca la inutilización del arma en el mismo acto de entrega, “como garantía fehaciente” de que “no será reutilizada bajo ninguna circunstancia y como elemento que refuerce las intenciones de un plan de entrega voluntaria de armas”. Y aunque esa entrega se realizará en dependencias militares y policiales, eso “es lo menos aconsejable”.
ARMAS EN MANO. El Oiaf está procesando información que nunca se ha obtenido en el país, con base en cuatro puntos. El primero tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. Para ello se hizo un relevamiento de expedientes judiciales y un censo entre quienes están privados de libertad con el fin de analizar la tenencia de armas o la cercanía con el arma. Se incluyó tanto a quienes han sido víctimas, como victimarios.
El segundo es el relacionado con la salud, para poder cuantificar y estimar los costos en gastos asociados a muertes o lesiones por el uso de arma. Salamano aclara que durante la investigación se encontraron con muchas deficiencias en el sistema estadístico y de acceso a la información, así como ausencia de protocolos de actuación, por eso en algunos casos se recurrió a estimativos.
El tercer asunto es el de género, y la presencia de armas en las amenazas o agresiones hacia las mujeres. Asimismo, se entrevistaron hombres poseedores de armas. Se concluye que 9 de cada 10 armas están en manos de hombres.
El cuarto punto es la percepción sobre el sentido de adquirir armas de fuego. Aquí la conclusión es que quienes viven en Montevideo tienen un fuerte sentido de defensa personal y de la familia a diferencia de quienes viven en el Interior donde tener un arma está más relacionado con la tradición, ocupa un lugar ornamental en la casa, o es algo simbólico y hasta lúdico. “No se definen como armados, sino como que tienen un arma”, indica Salamano.
“Para nosotros es importante el marcaje del arma y la munición para perseguir determinado tipo de criminalidad, y así evitar, por ejemplo, episodios como el de Santa Catalina donde la policía plantó un arma. No tenía registro porque el registro estaba limado”, explicó Pedernera. El incidente de Santa Catalina al que se refiere es el ocurrido en noviembre de 2013 cuando la policía mató al joven Sergio Lemos en medio de un operativo por una rapiña. Además, en ese hecho los agentes plantaron un arma en la escena para hacer creer que el joven estaba armado.
Para Pedernera “las formas de acceder a armas de fuego son muy laxas”. Quien quiera obtener una debe hacer dos trámites: uno en el Ministerio del Interior (donde se registra la persona) y otro en el Ministerio de Defensa (donde se registra el arma). Luego con esos documentos el interesado va a la armería a retirar el artefacto. “Son vendedores interesados quienes terminan asesorando”, apunta Salamano.
Si bien para el trámite del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata) está previsto un examen psicofísico, lo realiza un psicólogo en un encuentro que no dura mucho más que 20 minutos. Salamano explicó que es muy difícil que “los psicólogos sean capaces de determinar en ese tiempo” el real estado psicológico de la persona que adquiere el arma. El abogado Fernández agrega: “cuando una persona va a armarse, generalmente va con miedo, y lograr canalizar o desestimular la idea en 20 minutos no es fácil”.
UNA MIRADA POR LA REGIÓN. Argentina y Brasil desde hace años han iniciado el camino del desarme de la sociedad civil. Brasil tiene en su haber la campaña de entrega de armas, la segunda más importante del mundo, que logró recolectar más de 500 mil. El asesinato de nueve niños por parte de la policía en una favela de la comunidad Viga de Geral, en Rio de Janeiro, en 1993, impulsó a líderes empresariales y de las comunidades, así como sindicalistas, artistas e intelectuales a unirse para crear un movimiento para enfrentar la violencia. Así nació la organización Viva Rio, que trabajó con niños, adolescentes y la policía y que logró que se aprobara una de las leyes más modernas en el control de armas.
En tanto en Argentina, desde julio de 2007 está el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que lleva hasta el momento 167 mil armas recolectadas. El incentivo para que el ciudadano deje su arma es económico, va desde 200 a 600 pesos argentinos. Muchas veces los interesados sólo tienen que trasladarse unos pocos metros, porque son camionetas que recorren el país estimulando la entrega y recogiendo las armas.
[/notice]
[notice]Al descubierto
El 17 de abril pasado tres policías fueron procesados con prisión por tráfico de armas, y por estar presuntamente relacionados con una organización criminal brasileña. Unas 300 armas fueron adquiridas de forma legal en Uruguay y luego fueron vendidas a grupos de narcotraficantes, como el Comando Vermelho, informó la Agencia Afp. El director del Servicio de Material y Armamento del Ejército, Hugo Rebollo, explicó a Brecha que fue esa dependencia la que detectó la maniobra, porque había personas que registraban una gran cantidad de armas sin ser coleccionistas. “Era sospechoso que una misma persona comprara tantas armas del mismo modelo y calibre”, dijo Rebollo. Así se denunció la situación a la justicia. Durante meses, la Dirección General de Información e Inteligencia llevó adelante la investigación en coordinación con el juez del crimen organizado Néstor Valetti, quien determinó luego los procesamientos. Los policías pueden llegar a enfrentar penas de hasta 12 años de cárcel.
[/notice] [notice]
A entregar las armas
A fines de enero una mujer fue asesinada a balazos por su esposo policía en una plaza de Minas. Esta fue una de las cuatro muertes ocurridas en lo que va de este año por casos de violencia doméstica que involucran a familias de policías. Además, hubo funcionarios policiales que se quitaron la vida por casos similares. El 21 de abril pasado, el Ministerio del Interior determinó el retiro obligatorio del arma de reglamento a policías que hayan sido denunciados por violencia doméstica. El decreto indica que ésta es una medida preventiva que se debe comunicar “a las unidades ejecutoras u organizacionales donde cumple funciones y a la Junta Médica Nacional de Aptitud”.
[/notice] [notice]
Registradas
Cuando la justicia en su investigación se topa con un arma de fuego la envía al Servicio de Material y Armamento del Ejército para determinar sus características. El jefe del Registro Nacional de Armas, Daniel Farías, dijo que el 75 por ciento de las armas son legales, “tres de cada cuatro corresponde a armas registradas”.
[/notice] [notice]
Multiplicadas
El jefe del Registro Nacional de Armas, Daniel Farías, explicó que también aumentó la cantidad de armas registradas porque “hay una alta demanda de armas por parte de las empresas de seguridad”. Ielsur informó que estas empresas pasaron de ser 12 mil en 2008 a 21 mil en 2012. Este hecho está marcado además por la reforma del servicio 222.
[/notice]
