LOS PRONÓSTICOS. Tanto la Cepal en su última proyección de abril de 2015, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Fmi), prevén un crecimiento de la actividad económica de Uruguay. El último pronóstico realizado por el Fmi estima que este año el Pbi aumentará un 2,8 por ciento y un promedio del 3,1 por ciento anual durante los próximos cinco años. Se puede considerar una estimación pesimista, porque se apoya en considerar que el nivel de actividad económica de Brasil y Argentina caerá en 2015 (-1 por ciento y -0,2 por ciento, respectivamente), crecerá poco durante los próximos cinco años (1,4 por ciento y 0,2 por ciento, respectivamente) y que en el mismo período el ritmo de crecimiento de China será menor al de los últimos años (6,8 por ciento en 2015, 6,3 por ciento en 2015-2019). Cabe recordar que las proyecciones del Fmi para estos países sobredimensionan los problemas, y que durante los últimos años el crecimiento fue mayor al proyectado. En el comunicado del pasado 21 de mayo la agencia Moody’s –calificadora de riesgo de la deuda pública– confirmó la nota de la deuda uruguaya y se sumó a los pronósticos de crecimiento del Pbi, con tasas de 2,6 por ciento en 2015, 3,1 en 2016 y cercano al 3,5 por ciento para 2017.
Si el Pbi crece, al mismo tiempo y en el mismo porcentaje crecen los ingresos generados en el país. Por lo tanto es posible aumentar el gasto público y los salarios reales en el mismo porcentaje sin modificar ni el peso del sector público en la actividad económica ni la distribución del ingreso. Estos aumentos no sólo son posibles sino que son necesarios para estimular el aumento del Pbi, compensando la caída de la demanda externa con un aumento de la demanda interna.
El menor ritmo de aumento de las exportaciones repercutirá en un menor ritmo de aumento del producto, pero se puede atenuar con un aumento del consumo de los sectores populares y del gasto público. Será necesario que durante 2016 los aumentos del gasto público y de los salarios nominales negociados en la próxima ronda de los consejos de salarios sean mayores que el resultado de multiplicar el crecimiento del Pbi por la inflación proyectadas para este año (aproximadamente un 11 por ciento). En particular, que la inversión pública aumente más que en el pasado, para superar la caída del nivel de actividad que se percibe en la industria de la construcción, por ejemplo con un plan de vivienda para los sectores populares, así como nuevos locales para la educación y la salud.
Si el gasto público y los salarios no aumentan más del 11 por ciento, la actividad económica crecerá menos y el aumento de ingresos será apropiado por los dueños del capital y de la tierra, aumentando la concentración.
EL DÉFICIT FISCAL Y LA INFLACIÓN. Se pueden relativizar otras dos restricciones que se mencionan para limitar los aumentos del gasto público y de los salarios, como el déficit fiscal y la inflación.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit fiscal pasó de un 2,4 por ciento del Pbi en 2013 a 3,5 por ciento en 2014 (véase “Resultado del sector público consolidado a diciembre de 2014”, en www.mef.gub.uy). Este aumento fue el resultado de dos hechos principales: a) una caída de la recaudación de la Dirección General Impositiva (Dgi) por la reducción del pago del Irae por las empresas públicas equivalente al 0,6 por ciento del Pbi; b) un aumento de todos los componentes del gasto corrientes, desde las remuneraciones hasta los intereses de deuda pública. Cabe señalar que la inversión pública mantuvo su relación con el Pbi, y por lo tanto no contribuyó al aumento del déficit.
Sin tomar ninguna decisión de política económica, el déficit fiscal se reducirá durante 2015 por el aumento de los ingresos públicos mediante dos vías. En primer lugar, por la recaudación del impuesto al patrimonio sobre los inmuebles rurales, a lo que se podrá sumar en 2016 el impuesto de Primaria sobre estos inmuebles. Segundo: el costo de la energía será más bajo que en el año anterior, por la caída del precio del petróleo y la incorporación de fuentes más baratas, las tarifas se mantendrán y aumentará el excedente de las empresas públicas como Ancap y Ute que se transfiere a Rentas Generales. Contribuirá al mismo objetivo un cambio anunciado en la política fiscal, la contracción de los gastos en términos reales para aumentar el aporte a Rentas Generales hasta alcanzar el 1 por ciento del Pbi.
Para tomar decisiones sería el momento de recordar algunas preocupaciones planteadas en el programa de gobierno del Frente Amplio, por ejemplo analizar las posibilidades de aumentar la presión tributaria a la población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción nacional con una muy baja calidad; considerar además un uso más selectivo de la promoción de inversiones; revisar el esquema de presiones tributarias sectoriales en función de un proyecto de desarrollo nacional al servicio de una economía que privilegie el agregado de valor; avanzar en el incremento de la alícuota del Irae u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra; considerar la creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior, en la medida que no viole convenios o acuerdos internacionales.
Tampoco la inflación generó problemas al resto de la actividad económica. Desde hace varios años la inflación medida por el índice de precios al consumo (Ipc) se situó por encima del límite superior de la banda establecida como meta por el Banco Central del Uruguay (Bcu). Con este resultado, aumentaron el nivel de actividad económica medido por el Pbi, la inversión, el empleo y los salarios reales, lo que permite concluir que un aumento del Ipc del 8 por ciento anual es compatible con un funcionamiento de la economía considerado normal.
También puede ser oportuno utilizar una parte de las reservas para pagar intereses y amortizar la deuda externa, liberando una parte del gasto público para otros usos, en un momento en que el tipo de cambio está aumentando y por lo tanto esta venta no contribuirá al atraso cambiario ni a la pérdida de competitividad.
Durante 2015 la caída de los precios internacionales de los alimentos que Uruguay produce, exporta y consume debería trasladarse a los precios internos y operar como un factor de estabilización de éstos. Como los mercados son oligopólicos y no de competencia, y no existen controles de precios ni entes testigos, la caída de los precios se trasladará parcialmente a los precios internos. En este contexto el Bcu puede promover el aumento del tipo de cambio, y como resultado final el aumento del Ipc se ubicará en torno al 8 por ciento anual sin que se requieran nuevas medidas. Si el porcentaje de caída de los precios internacionales es menor que el aumento del tipo de cambio, aumentará la rentabilidad de la cadena agroexportadora.
Las propuestas, la movilización y la lucha del movimiento sindical y popular pueden incidir en las decisiones que se adopten. Sin ellas el gobierno sólo quedaría sometido a las presiones de las cámaras empresariales y los organismos representantes de intereses extranjeros, como las instituciones financieras, las calificadoras de riesgo, los estudios que asesoran al capital y los medios de comunicación que forman opinión.
* Economista. Frenteamplista independiente.
