Como esos bestsellers promocionados porque incluyen acción, intriga, suspenso y sexo, esta historia contiene, en un cóctel discepoliano, todos los ingredientes esperables en un asunto de delitos de cuello blanco: estafas millonarias en dólares, inmaculados ejecutivos involucrados, sospechosas omisiones de trasnacionales financieras, pequeños comerciantes cabeza de turco y hasta candidatas a miss universo y modelos extranjeras cuya agraciada apariencia otorgó un aire de jet-set a simples maniobras con tarjetas de débito.
No se trata de una primicia: la noticia viene circulando desde hace semanas y su centro de interés es lo que se denominó “estafa y lavado de activos por 42 millones de dólares”; la información se ha centrado en el procesamiento de tres personas: un paraguayo, un holandés y un uruguayo, y la responsabilidad de algunos comerciantes de plaza. Sin embargo, el grueso expediente empollado en el Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno desde noviembre de 2014 contiene otros aderezos que involucran a importantes firmas de plaza y bancos internacionales, y la ausencia de controles del Banco Central sobre balances que deberían haber revelado pérdidas sustantivas e inexplicables en entidades financieras internacionales. Las irregularidades contables y las maniobras delictivas se remontan a siete años atrás.
Papá, mamá y las nenas. Desde hace mucho tiempo, pero en especial en 2014, un selecto puñado de extranjeros tomaron conocimiento de que sus compras en Uruguay, en dólares, con tarjetas de débito –emitidas por bancos internacionales que tienen sucursales en plaza–, se transformaban en deudas en pesos cuando recibían el estado de cuenta. Así, un holandés radicado en Pan de Azúcar se aprovechó de la circunstancia de que sus compras mágicamente se reducían 25 veces. Hace dos años compró una bicicleta de 1.700 dólares con tarjeta Master Card, pero su estado de cuenta registraba una deuda de sólo 70 euros. Asombrado de ese error contable, probó cautamente comprando materiales para reciclar su casa. Aleluya: los dólares se transformaban en pesos (y después en euros, porque el pago se realizaba en Europa). Se engolosinó: con su tarjeta de débito compró en una estación de servicio combustible por 75 mil dólares, una camioneta Chevrolet S 10 Advantage, un terreno en Playa Hermosa por 19 mil dólares, cadenas de oro, relojes Rolex y otras chucherías por un valor total de 395 mil dólares.
La cueva de Alí babá se abrió para otros –no muchos– elegidos por la fortuna. Un alto funcionario de la aduana paraguaya destacado en Montevideo usó su tarjeta de débito del sistema Maestro y efectuó compras por 250 mil dólares (moto de agua Yamaha, relojes Armani, televisores Lcd y hasta una cocina). Pero fue un alto funcionario del Banco Central de Paraguay, que las fuentes identifican de apellido Hornung, quien transformó a su familia en una maquila para multiplicar, de manera industrial, las compras en Uruguay con las tarjetas de débito, al parecer expedidas por la sucursal paraguaya del español Bbva. El propio Hornung, pero también sus hijas Paola –diseñadora de ropa y modelo– y Belén –miss Paraguay– viajaban a Montevideo para concretar compras de celulares, tablets, joyas, y lo que viniera, pero eso sí, en exuberantes cantidades. Por ejemplo: partidas de celulares de 200 y 400 unidades obligaron a los comerciantes (Motociclo, Géant, entre otros) a reponer sus existencias con nuevas importaciones, por lo que papá y las nenas dejaban aquí en Montevideo sus tarjetas y el correspondiente pin para que el comerciante pasara el plástico por la terminal Pos cuando llegaba la mercadería. No se sabe si los celulares, relojes y tablets ingresaban a Paraguay de contrabando o si, dada la diferencia de conversión de moneda, valía la pena pagar los exiguos impuestos de importación que cobra la aduana paraguaya. Tampoco se sabe si esas compras no eran ficticias.
Ese es un punto no aclarado en el auto de procesamiento del funcionario paraguayo procesado porque, al parecer, a la justicia uruguaya no le interesan las consecuencias presuntamente delictivas en Paraguay. De todas formas, una compra de 400 celulares de última generación implicaba un gasto de unos 400 mil dólares. En el estado de cuenta de la familia Hornung aparecían compras –aunque fraccionadas– por 400 mil pesos. Como las tarjetas de débito tienen topes de gastos, era necesario multiplicar los depósitos de dinero para cubrir los débitos. Los pagos se realizaban en guaraníes, porque las deudas en pesos debían convertirse primero a dólares y después a la moneda nacional, por las exigencias de las normas bancocentralistas.
A los bancos no les extrañó la coincidencia de compras en dólares con la cancelación de la deuda en guaraníes (o en euros, según el caso), y los abultados montos de compras en Uruguay por simples particulares. Tales coincidencias deberían haber alertado a los servicios financieros sobre eventuales maniobras de lavado de activos.
Comerciantes ingenuos y de los otros. Las mismas sospechas podrían haber tenido algunos comerciantes cuando los extranjeros realizaban compras insólitas, como aquel que adquirió varios relojes de un toque y pidió que le arreglaran la malla del suyo. En todo caso el comerciante no incurría en ningún delito, y no había por qué rechazar una venta, si la tarjeta autorizaba la transacción. El juez Néstor Valetti entendió otra cosa e investiga a numerosos comerciantes por presunta estafa. Abogados de algunos de ellos entienden que, en el peor de los casos, debería considerarse un dolo eventual por aprovechamiento de error, pero no una estafa.
Otros comerciantes, en cambio, fueron aparentemente parte de la maniobra. Fuentes judiciales indican que están siendo investigados ejecutivos del hotel Conrad, Géant, Motociclo, Multiahorro, Jetmar, joyería Revello entre otras firmas. Motociclo, por ejemplo, que atendió las abultadas “demandas” de los paraguayos (hubo, según las fuentes, una venta de celulares por 500 mil dólares en un solo día), finalmente llegó a un acuerdo con la multinacional que administra las tarjetas de débito de los bancos, First Data, que se ocupa de las transacciones de Master Card. Por dicho acuerdo, Motociclo aceptó a Master Card como la tarjeta preferencial para todas sus transacciones. Resulta significativo que los principales actores de este confuso entramado hayan contratado a los más notorios abogados para la representación legal en el juzgado. Motociclo contrató a Paul Pereyra Schurmann, mientras que los paraguayos están representados por los hermanos Carlos y Alejandro Balbi. First Data-Master Card optó por el renombrado Amadeo Otatti.
Siete años errando. Fue precisamente Otatti quien firmó, en representación de First Data-Master Card, la denuncia que inició el trámite judicial. En ese escrito, First Data-Master Card comienza admitiendo que todas las maniobras con tarjetas de débito fueron posibles por un “error informático” en los programas que gestionan las transacciones, y acepta que tal error es de su responsabilidad. La trasnacional, sin embargo, revela que ese “error” viene transformando créditos en dólares por débitos en pesos desde hace siete años. Aparentemente, recién a finales de 2014 descubrió la existencia de tal “error” surgido en 2007, que le costó 42 millones de dólares, si es cierto que realmente sufrió esa pérdida.
First Data ha confesado en el juzgado que no ha podido identificar al responsable del “error”. Resulta significativo que la empresa no haya notado las pérdidas a lo largo de los años, de la misma forma que los bancos no hayan reparado en las peculiaridades de las operaciones. Por ello, Gustavo Salle, abogado defensor de uno de los comerciantes, ingresó en el juzgado del crimen organizado una denuncia contra First Data-Master Card porque estima que existen “aspectos muy oscuros”, entre ellos las negociaciones que emprendió con los comercios antes de formalizar la denuncia. Según afirmó Salle en su programa de radio Fénix, First Data ofrecía, a cambio del pago de las transacciones con las tarjetas identificadas, no denunciarlos. Para Salle esa conducta implica una eventual extorsión.
Técnicos consultados aventuran que la maniobra puede haber sido una confabulación de altos empleados de First Data y los bancos, o puede ser una actividad empresarial de lavado de activos. Delimitar ambos extremos es el desafío de los magistrados, que por ahora llevan la investigación en total reserva. Por la sede del juzgado del crimen organizado están desfilando prominentes ejecutivos acompañados de notorios abogados defensores. Por ahora los primeros procesados sostienen los hilos más delgados –y quebradizos– de esta trama.
