La creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (Irpa), que funcionaría como un servicio descentralizado, está prevista desde hace cuatro años en la ley que creó al actual Sirpa como un órgano transitorio bajo la égida del Instituto del Niño y el Adolescente (Inau). A pesar de que esa ley (la 18.771) estableció que el traspaso debía realizarse “dentro del plazo más breve posible”, la gestión encabezada por Ruben Villaverde terminó sin que el tema fuera siquiera mencionado, vapuleada por las denuncias de torturas y malos tratos en los centros de detención de jóvenes.
La nueva comisión delegada, que asumió el 20 de mayo con la psicóloga y antigua funcionaria del Ministerio del Interior Gabriela Fulco como presidenta –Luis Noya y Edgard Bellomo completan la tríada–, anunció en esa instancia que la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ya tenía en sus manos un nuevo proyecto que concreta el dilatado traspaso del servicio a esa cartera (La Diaria, 21-5-15).
“Estamos abocados a la elaboración de un presupuesto que es bastante laborioso, sobre todo en un proceso en el que tenemos que armarlo separado del Inau, como fue hasta ahora. A la hora de administrar los fondos en conjunto hubo muchos inconvenientes en la ejecución del gasto. Funcionábamos como si el Sirpa tuviera una tarjeta de extensión del Inau, pero no una propia. Eso es lo que ahora hay que elaborar, esa proyección de pensarse separados”, explicó a Brecha Gabriela Fulco.
El proyecto de ley que crea el Irpa fue elaborado por Fulco y su equipo y está a estudio del Departamento de Jurídica del Mides. Según relató a este semanario, el diseño de la nueva institución mantiene, como hasta ahora, una comisión delegada de tres miembros como cabeza del sistema, por debajo de ésta una gerencia general –que también ya existe–, y como novedad crea un nivel de direcciones generales.
“Armamos un nuevo organigrama para el sistema en el que se agregan las direcciones de Seguridad, Salud, y una que se encargue de los programas existentes actualmente.” Los programas a los que se refiere fueron definidos por la ley que creó el Sirpa, y son cinco: de ingreso, estudio y derivación; de privación de libertad; de medidas no privativas de libertad y mediación; de egreso, y un quinto llamado de “medidas curativas”.
“Nuestra idea es fortalecer las áreas de medidas no privativas de libertad, de manera de generar confianza en los jueces para que las apliquen. Que confíen en que esas medidas van a estar bien desplegadas y bien cumplidas y que van a tener todos los recursos que necesitan”, agregó. Fulco maneja la idea de crear “un cerco de seguimiento que cubra las necesidades del joven y su familia”. Relata que se tomó como modelo lo hecho en la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (Osla) del sistema penitenciario de adultos, creada en 2010. “Es el mismo criterio de supervisión de las medidas, salvo que aplicado con adolescentes tiene otras alternativas que hay que contemplar, para que el joven pueda desplegar más potenciales.” Lo que se proyecta desde la actual dirección es que esa tarea se haga en coordinación con el resto de las políticas sociales que ya maneja el Ministerio de Desarrollo Social, del que pasarán a ser parte si se aprueba el proyecto.
“El seguimiento en el caso de los jóvenes tiene que exceder el cumplimiento de la medida. Hay que lograr dejar enganchada una serie de soportes que hagan un seguimiento del joven, no ya porque lo impone la ley, por control social, sino para habilitar la cobertura que pueden dar los distintos organismos a gente que tiene necesidades o vulnerabilidades. Según investigaciones de países anglosajones, el seguimiento a los adolescentes tiene que ser de entre tres y cinco años luego de que cumplen las medidas impuestas por la justicia”, explicó.
Fulco comentó que el proyecto fue bien recibido por la ministra Arismendi, que está en el orden del día del Consejo de Ministros para su tratamiento, y que el paso que sigue es el parlamentario.
SE DISCUTE. “Esperábamos el proyecto antes del fin del período anterior. Según manifestó Vázquez en la reunión que mantuvimos con él, el proyecto nos llegará a la brevedad. Este es el momento justo para hacer cambios institucionales, antes de que se apruebe el presupuesto. Está la voluntad política para que salga”, manifestó a Brecha el diputado nacionalista Jorge Gandini. La reunión a la que se refiere fue mantenida el pasado 15 de junio por Vázquez y representantes de la oposición con presencia en el Parlamento. El presidente les informó que el Ejecutivo pretende que se priorice el trámite parlamentario de una serie de proyectos. La creación del Irpa como servicio descentralizado del Mides fue uno de ellos. (Además de uno que modifica la ley de las zonas francas, un nuevo marco regulatorio para el gas natural y una reglamentación para los juegos de azar.) A pesar de no haber accedido al texto del proyecto, Gandini sostuvo que “la impresión que nos dejó es que no hay cambios de fondo con respecto a lo existente. Existía el compromiso legal para que se hiciera esta transformación institucional, y entendemos que es provechoso que se lo separe del Inau, por la carga de responsabilidad que tiene el sistema penal adolescente”.
Sin embargo, Juan Faroppa, nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), entiende que la discusión de este proyecto podría convertirse en una buena instancia para evaluar el sistema de privación de libertad en el país, no sólo el de los adolescentes, con una mirada más global sobre el asunto. Según relató a este semanario, la Inddhh aún no ha recibido el texto, pero entiende que, como en otras ocasiones, será el Parlamento el que la convoque a dar su parecer. No tienen, por tanto, una posición institucional tomada, pero Faroppa brindó la suya: “Antes de entrar en la institución trabajé en un estudio sobre las diferentes modalidades que tuvo el sistema de privación de libertad de adolescentes en el país desde principios de siglo hasta la fecha. Mayoritariamente los programas siempre fueron los mismos, los que cambiaron fueron los nombres y las estructuras. Mientras no se trate únicamente de un cambio de nombre y de un cambio de estructura de gobierno, es interesante estudiarlo. Si de lo único que se trata es de que todo siga igual con otra estructura y otro nombre, tal vez sea una pérdida de tiempo”. Insistió en que la Inddhh aún no se ha posicionado sobre el tema, pero a título personal ensayó una alternativa: “Creo que la solución no pasa por las medidas que se puedan tomar dentro de la privación de libertad. Es más fructífera una inversión del Estado en un acompañamiento de las personas por parte de un psicólogo, de un trabajador social, de un docente, durante la etapa de mayor riesgo, que es cuando la persona sale de la cárcel y se encuentra en el vacío, que aplicar penas de privación de libertad extensas”.
En el mismo sentido se expresó Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño: “Sólo tenemos la información de que el proyecto está en el Ejecutivo. Cuando se creó el Sirpa entendimos que era una buena oportunidad para generar una institucionalidad en donde los viejos vicios que hay en todas las estructuras del Inau dejaran de estar presentes”. Pedernera se refiere a los sucesivos cambios que comenzaron con la creación de la División de Alta Contención, siguieron con la del Interj, luego el Semeji y finalmente el Sirpa. “No hubo un cambio, fue un continuo. Cuando se hizo la ley de creación del Sirpa la miramos con buenos ojos, porque consideramos que era un momento oportuno para que se plantease algo nuevo. En ese sentido, la selección de los trabajadores para el trato directo, su calificación, la depuración de los cuadros existentes, eran clave. Eso no ocurrió en el período pasado. Ante la creación de una nueva institucionalidad y la voluntad que vemos en las nuevas autoridades del sistema, estamos ante un escenario que vuelve a posicionar estas discusiones sobre la mesa. En ese sentido, lo vemos con expectativa”, señaló.
