Buena parte del siglo pasado transcurrió, en esa parte del mundo, con regímenes militares cuya política común de terror de Estado fue enfrentada –principalmente en El Salvador y Guatemala– por movimientos guerrilleros, con el saldo de cientos de miles de muertos –mayoritariamente civiles–. Honduras marcó la excepción en el trío, ya que no fue teatro de guerra, no obstante haber también padecido regímenes militares –responsables de casi doscientas desapariciones en la década de 1980.
En 1986 los entonces presidentes de esos tres países y sus colegas de Costa Rica y Nicaragua firmaron, en Guatemala, el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica”. Pero la violencia no desapareció como componente de la cotidianidad regional, sino que experimentó una metamorfosis, con la consolidación de nuevos actores centrales: las estructuras pandilleras conocidas como “maras” y bandas dedicadas al crimen organizado internacional –principalmente narcotraficantes.
Originadas en Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, las maras nacieron cuando “chavalos” (jóvenes) salvadoreños, guatemaltecos, hondureños llegados allí con sus indocumentadas familias en la década de 1980, huyendo de la violencia bélica, formaron dos pandillas –la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M-18)– como mecanismo de supervivencia colectiva ante la presencia de grupos juveniles ya establecidos de otras nacionalidades. La deportación a sus países de origen de mareros capturados en operaciones de “la migra” estadounidense determinó que esas organizaciones se replicasen en el “triángulo norte”, lo que explica que, en los tres países, esas pandillas –las primeras de su tipo en el área– se hayan establecido con los mismos nombres.
Al igual que la irrupción regional de narcoestructuras internacionales, el accionar de las maras disparó nuevamente los niveles de violencia en los tres países que, de acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, constituyen –fuera de las zonas actualmente afectadas por conflictos bélicos– el área más peligrosa a nivel mundial. Principal exponente de esta calificación, Honduras registra, según diferentes cálculos, tasas de homicidios que van de unos 80 a más de 90 por cada cien mil habitantes –mientras el promedio para todo el triángulo es de 80 a 60.
Sin embargo, la competencia salvadoreña se hace sentir, habiendo elevado su nivel de homicidios, en 2014, de 40 a 60 cada cien mil habitantes.
El Salvador presenta registros puntuales tan preocupantes como el de 240 asesinatos en los primeros diez días de este mes –140 por encima de igual período del año pasado–, a razón, según la Policía Nacional Civil (Pnc), de 24 diarios en promedio. En lo que va de este año han muerto 2.417 personas. El componente de género también está presente, con por lo menos 190 mujeres asesinadas a esta altura del año.
Las cifras de la espiral de violencia parecen indicar que la tregua entre maras salvadoreñas –iniciada en 2012, que duró alrededor de un año y medio, y que coyunturalmente redujo de 15 a cinco los asesinatos diarios– no tuvo efecto duradero. Del año pasado a lo que va de éste la incidencia se disparó en más de la mitad.
Desde enero, la confrontación maras-Pnc y maras-Fuerzas Armadas de El Salvador (Faes) agudizó el ambiente de violencia. Los ataques de pandilleros a instalaciones policiales, los choques entre grupos mareros con contingentes de la policía y del ejército son elementos cotidianos en el país que, con poco más de 20 mil quilómetros cuadrados, constituye el segmento menor del riesgoso triángulo.
NO MÁS TREGUAS. En ese cuadro, el 15 de enero el multisectorial Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana entregó al presidente y ex guerrillero Salvador Sánchez Cerén el plan “El Salvador Seguro”, un texto que prevé más de 140 acciones y un presupuesto de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Dos días después, Raúl Mijango –un ex guerrillero del ahora gobernante, por segunda vez consecutiva, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln)–, considerado el artífice de la tregua iniciada en 2012, anunció un nuevo pacto entre maras. Mijango planteó que los líderes de esas agrupaciones, la mayoría de ellos en prisión, estaban demostrando “voluntad de ser parte de la solución al problema de la violencia”, a lo que el presidente respondió que “si tienen voluntad, que se salgan de la pandilla”.
En abril, un sector que se identificó como “voceros nacionales” de las maras ratificó la posibilidad de una nueva tregua, ordenando el cese de “todo tipo de ataques” contra objetivos tales como “policías, soldados, militares, custodios (del sistema penitenciario), funcionarios públicos, jueces y políticos”. Sin embargo, el anuncio del segundo “cese el fuego” fue recibido con escepticismo oficial, en parte por el fracaso de la primera tregua. En 2012, ante la reducción temporal de la violencia, las autoridades habían beneficiado a decenas de líderes de maras trasladándolos de un establecimiento penitenciario de máxima seguridad a centros de reclusión comunes, donde las medidas de seguridad son menos severas.
El 27 de abril el vicepresidente Óscar Ortiz desestimó toda posibilidad de debate con las pandillas. “La actividad criminal la vamos a seguir reprimiendo, la vamos a seguir persiguiendo, la vamos a golpear”, porque “no puede haber tregua con los criminales”, dijo.
Entretanto, la Iglesia Católica lleva adelante con las bases de las pandillas –a las que define como el sector que obedece órdenes– un proceso de diálogo informal en procura de paz. “La palabra negociación no entra en este planteamiento”, sino “la palabra diálogo”, la que “supone escuchar y dar oportunidades a la gente. Con el diálogo llegamos a las bases” de las maras, a “los jóvenes que están (…) en los caseríos, en el barrio, y que quieren que se les escuche y que se les den oportunidades para salir de las pandillas”, dijo el arzobispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
Sin embargo, el gobierno de Sánchez Cerén sostiene que no hay posibilidad de diálogo con las estructuras pandilleras, por tratarse de agrupaciones fuera de la ley, e impulsó una serie de leyes que agilizan la investigación y agudizan la severidad del castigo en casos de asesinato de efectivos policiales y militares, así como de fiscales. El 19 de abril el presidente ordenó a las Faes la creación de tres batallones de respuesta inmediata para intensificar el combate a los grupos delictivos. Como respuesta, dos militares murieron baleados por pandilleros.
GURÚ GIULIANI. El contexto del aparentemente incontenible espiral de violencia se constituyó en el marco propicio para que, invitado por la cúpula empresarial salvadoreña, entrase en escena el gurú del conservadurismo centroamericano en materia de seguridad ciudadana: el ex alcalde de Nueva York Rudolph “Rudy” Giuliani.
Contratada el año pasado por la salvadoreña Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), la firma de seguridad Giuliani Security and Safety (Gss) –fundada en 2002 por el ex alcalde– realizó en enero un estudio de campo sobre el tema de la violencia. El texto –cuyo contenido sólo fue difundido en un sintético resumen ejecutivo– fue incorporado a la “Estrategia integral de seguridad ciudadana” elaborada por la Anep y entregada por ésta, el 4 de mayo, a Sánchez Cerén, en presencia de Giuliani.
Según lo que se supo del texto giulianiesco, el Departamento de Estado estadounidense considera a El Salvador como “uno de los países más violentos en el mundo”, y como “área crítica”, la calificación de mayor peligrosidad dentro del análisis de seguridad dado a los países.
Entre las recomendaciones, Gss propuso que “para mejorar la seguridad” en el país, “las leyes penales necesitan evaluarse y mejorarse para promulgar leyes más estrictas que deberán ser puestas en vigencia”.
En los casi dos meses transcurridos desde la entrega de las recomendaciones de Giuliani y su grupo de trabajo la violencia ha seguido escalando. Los choques entre pandilleros y efectivos de seguridad, así como los ajustes de cuentas internos, se mantienen, y, a juzgar por versiones periodísticas, van encaminados a intensificarse.
Informes de inteligencia policial advierten que jefes de la MS recluidos en un centro penal ordenaron a sus bases, a mediados de este mes, que ataquen a efectivos de la Pnc y de las Faes, así como a custodios de establecimientos penitenciarios. Y también a mareros que hayan retenido para sí dinero de la venta de droga o se hayan retirado de la organización –calificada por Estados Unidos como una estructura de crimen organizado trasnacional.
A mediados de este mes fuerzas de seguridad detectaron en Soyapango –una ciudad satélite de San Salvador– un automóvil en cuyo interior una granada estaba conectada a una de las puertas, lo que ha conducido a las autoridades a considerar la posibilidad de una nueva modalidad de terrorismo pandillero. Se sospecha que mareros de El Salvador han contratado a militares retirados –específicamente integrantes del cártel narcotraficante mexicano Los Zetas– para recibir entrenamiento. Según información de la Procuraduría General de la República de México, el cártel incluye a ex integrantes de fuerzas militares especiales de ese país entrenados en el manejo de armas sofisticadas y en trabajos de contrainteligencia, lo mismo que a ex efectivos de la fuerza de elite del Ejército de Guatemala conocidos como “kaibiles”. El lema que rige a esta fuerza dice: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo mátame”.
