La mitología griega nos dice que Procusto era un hospedero que invitaba a los viajeros a acostarse en una cama de hierro donde los amordazaba y ataba. Si el cuerpo de la víctima era más largo que la cama, procedía a cortar las partes de sus extremidades que sobresalían, y si por el contrario era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba y estiraba hasta que se adaptara a ella.
Este sistema de cama única e inflexible ha sido la historia del currículo de la enseñanza media uruguaya, con un menú de asignaturas, contenidos y estándares de evaluación que premiaba a los estudiantes con el egreso si se adaptaban y con la expulsión o deserción si no lo hacían, cosa que les sucede a los jóvenes de barrios pobres. Por el contrario, la educación primaria uruguaya –unas de las primeras de América Latina en universalizarse– desarrolló currículos flexibles adaptados por cada maestra, generando experiencias pedagógicas, diversificando sus modalidades, integrando servicios como comedores, escuelas al aire libre, especiales, rurales, integrándose a las comunidades, y recientemente desarrollando modalidades de tiempo completo.
No obstante, la educación media se comportó como la cama de Procusto, todas las variantes, planes, e incluso los liceos nocturnos, pretendieron que los jóvenes se adaptaran a un estándar, a un modelo típico de alumno y a una exigencia propedéutica a la universidad. Así, la enseñanza media ha tenido serios problemas de universalización. Uruguay se ha rezagado en el contexto de América Latina, siendo hoy el país con mayores dificultades de retención de matrícula (sólo 43,8 por ciento de los que ingresan logran egresar) y uno de los países de América Latina con menos proporción de egresados de la educación media (persistentemente, en los últimos años, sólo cuatro de cada diez culminan el ciclo).
Este estado de marasmo e incapacidad de transformarse de la educación media, con intentos frustrados de reformas cada diez años, ha generado la idea –mayoritariamente metropolitana– de que el servicio educativo público es de baja calidad, poco contenedor e inseguro, al punto que un tercio de la población de Montevideo –la que cuenta con más ingresos– manda a sus hijos a la educación privada. Eso no pasa en el Interior, en Colonia sólo el 2 por ciento de la población accede a la educación privada, donde todavía la educación pública es considerada de calidad.
Es normal que donde los estados no proveen un servicio o ese servicio no conforma a la sociedad, aparece la iniciativa privada, los comienza a proveer y se crea un mercado. Pero el mercado educativo tiene un techo, que son los recursos con que cuentan las familias. Entonces comienzan a aparecer iniciativas que señalan que todo lo público es vicioso y lo privado virtuoso, preconizando que deben ser los privados los que gestionen los recursos públicos de la enseñanza. Eso sustantivamente no es así. En todos los ciclos en que participó Uruguay en las pruebas Pisa quedó claro que, si se controlan por contexto socioeconómico, no existen diferencias significativas en resultados educativos entre jóvenes que asisten a liceos públicos, privados y Utu.
Pero los preconizadores del mercado educativo encontraron una oportunidad de financiamiento público que no se esperaban, y decidieron firmemente crear un liceo con “donaciones” de empresarios. Así nace el liceo Impulso, laico, gratuito y para una población vulnerable. En la edición de Brecha del 5-VII-15 de 2013 publiqué un artículo bajo el título de “Nace un modelo o nace un liceo en el barrio Casavalle”. Los datos contenidos en la rendición de cuentas de 2014 permiten analizar ahora con más detalle la iniciativa.
A partir de la reforma del sistema tributario (Rst), ley 18.803 de 2007, se introduce en el Texto Ordenado de 1996 un capítulo referido a “donaciones especiales” en cuyo artículo 78 se señala que las donaciones que realicen las empresas a determinadas entidades (nominadas taxativamente) gozarán del beneficio de imputar al pago del 75 por ciento al impuesto a las rentas de las actividades económicas (Irae) e impuesto al patrimonio (IP), y que el 25 por ciento restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa. En otras palabras, por cada 100 pesos que donen, en realidad donarán 17, pues los otros 83 pesos los descuentan de los impuestos, es decir, los paga el Estado como gasto tributario (no percepción de impuestos).
Mediante ese capítulo de donaciones especiales, con buena intención, se pretendió ordenar el anterior régimen de deducciones impositivas por donaciones de las empresas. El diablo está en los detalles, porque más allá de la buena finalidad de la Rst se abrió una oportunidad para financiar un modelo de gestión privada con fondos públicos que ni soñaron los privatizadores de la década del 90.
Estas donaciones de las empresas no podían superar el 5 por ciento de la ganancia neta fiscal de año anterior. No obstante, con carta pública al presidente Mujica y salidas mediáticas, el ex ministro Ignacio de Posadas dobló la apuesta y sugirió pasar del 5 por ciento al 10 por ciento de las ganancias empresariales a esta modalidad de donación, en el caso de instituciones privadas de educación formal habilitadas que atiendan a las poblaciones más carenciadas. El presidente Mujica “tragó el sapo” y aunque rezongó en su audición radial por la tacañería de los empresarios, aprobó el decreto que permitió duplicar esos fondos el 26 de noviembre de 2013.
Las donaciones especiales tienen otras finalidades como las de apoyo a la niñez y la adolescencia, a instituciones de la salud, de educación terciaria e investigación, que son importantes pero no son el foco de este artículo. Sin embargo hay que reconocer la existencia de entidades de apoyo a la niñez y la adolescencia en barrios carenciados, complementarias de la educación pública, cuya labor es loable. Sólo a manera de ejemplo, en el mismo barrio Casavalle, la institución Los Pinos (del Opus Dei) hace un trabajo complementario a la educación pública, que no lo hace el Estado, de excelencia, y que demuestra compromiso ético y vocación de servicio. También hay liceos como el Jubilar que –como ha dicho el padre Aemilius– no pretenden ser modelos y siguen una tradición centenaria de la Iglesia de trabajo en comunidades vulnerables. De estos modelos de gestión y pedagógicos hay mucho que aprender desde el sector público. Evaluaciones recientes de resultados del liceo Jubilar (Balza y Cid, 2011, UM) demuestran las mejoras en la retención de alumnos –aunque no en resultados académicos– y en el clima educativo que genera este modelo incluyente, y algo no menor: con costos similares a los de la educación pública.
No obstante, los promotores del liceo Impulso han reconocido haberse inspirado en las escuelas Charters, de Estados Unidos (sistema de financiación pública de escuelas privadas, similar a las Escuelas Libres, de Suecia, o las Academias, del Reino Unido), y han tratado de mostrar con un ejemplo de 300 alumnos cómo los privados con dineros públicos pueden gestionar mejor un liceo. Según la rendición de cuentas de 2014, este liceo solicitó –para 2014– 164.147.334 pesos y les fueron aprobados por el Mef 66.211.492 pesos; gastó efectivamente 36.821.738 pesos en gastos de funcionamiento y 16.227.398 pesos en inversiones (obra y mobiliario). Esto fue para 200 alumnos en el año 2014. El costo por alumno –sólo en gastos de funcionamiento, sin inversiones ni mobiliario– fue de 184.108 pesos, mientras en un liceo público el costo bruto por alumno fue de 41.137 pesos. Casi cuatro veces y media más con doble horario; en iguales condiciones costaría el doble que uno público. De estos 184.108 pesos, 152.809 los pone el Estado por renuncia fiscal. Es decir, el presupuesto público pone tres veces más en un liceo privado que en uno público del mismo barrio. Aun así, los salarios docentes son similares al público, la rotación docente es alta y –según el informe– tienen una deserción sensiblemente superior al 10 por ciento, cuando esa es su meta.
Hay partes del modelo pedagógico que son buenas, el doble horario y la alimentación son necesarios en esos contextos. Pero si la educación secundaria pública adoptara este modelo de tiempo completo su presupuesto tendría que pasar de 400 millones de dólares al año a 700 millones de dólares, y construir 150 liceos nuevos, que –a los costos de obra de este liceo privado: 2,5 millones de dólares– implicarían 375 millones de dólares de inversión.
Primeras reflexiones: no se puede cambiar un modelo constitucional e histórico de servicios educativos con una ley tributaria, no se puede hablar de donaciones de empresas cuando más del 80 por ciento lo pone el Estado, y no se pueden transferir más recursos públicos a un liceo privado que a un liceo público.
Finalmente, estos modelos privatizadores nacerán y crecerán si no transformamos sustantivamente el Adn de la enseñanza media y si no nos animamos a la experimentación pedagógica en centros educativos públicos. Manteniendo el statu quo sólo seguiremos sometiendo a los jóvenes uruguayos a la tortura del lecho de Procusto.
