No es la primera vez que faltan municiones de un predio militar. Es usual encontrar aficionados en los montes del Interior cazando jabalíes con balas de las Fuerzas Armadas uruguayas, admiten con resignación a Brecha integrantes del oficialismo. Pero lo inusual es la cantidad y el tipo de munición hurtada. Durante el verano, entre noviembre y febrero, desaparecieron de la Base Aérea II de Santa Bernardina (Durazno) 18 mil proyectiles calibre 7.62 milímetros, que tienen como destino las ametralladoras de los aviones y cuya importación está prohibida a los particulares.
El hurto fue denunciado por el diputado nacionalista Jaime Trobo el 21 de junio en el diario El País. El legislador informó al matutino que recibió información de primera mano de que en la base aérea de Durazno no funcionaban las cámaras de seguridad, ni las cercas eléctricas ni los sensores de movimiento. Eso podría explicar cómo se las ingeniaron los militares implicados en la maniobra para sacar del polvorín los 800 quilos que pesarían las municiones hurtadas. “Es una cosa grave un faltante de munición de esa envergadura”, dijo Huidobro en una improvisada rueda de prensa al finalizar este miércoles la ceremonia oficial por los 107 años del Hospital Militar. Admitió que recibió como “un golpe” la noticia a través de la prensa y recordó que en 2001, cuando era senador, interpeló al entonces ministro de Defensa, Luis Brezzo, por un faltante de municiones en el arsenal de la Armada (aunque omitió decir que le exigió la renuncia por ese y otros temas).
A partir de la denuncia de Trobo se desataron tres investigaciones. Una de carácter administrativo, encomendada por Huidobro a la Fuerza Aérea; otra en la justicia de crimen organizado; y otra en la justicia militar, que este martes comunicó el procesamiento con prisión del ex comandante de la base aérea de Durazno, el coronel aviador Daniel Méndez, por los delitos de “desobediencia” y “omisión en el servicio”, dado que no informó al mando superior del faltante de los proyectiles.
Además de la red de corrupción, “lo otro que es grave”, admiten en privado integrantes del gobierno, es que el jefe de la base, ahora procesado, supiera desde diciembre que faltaban estas municiones y no lo hubiera informando al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, ni al ministro Huidobro. El ex jefe de la unidad habría declarado ante el Supremo Tribunal Militar que le causó una “gran vergüenza” el robo y lo ocultó a sus superiores mientras investigaba internamente para entregar él mismo a los responsables, según informó Búsqueda.
Con todo, para una institución donde la cadena de mando es sagrada, un quiebre en la verticalidad es una alerta política indisimulable. Por eso en filas del gobierno no sorprendió que Huidobro haya desistido de la licencia médica que tenía programado tomarse este mes para someterse a una operación de cadera. Precisamente en la omisión del ex jefe de la unidad insistirá el diputado Trobo cuando este lunes a las 14 horas interpele a Huidobro. Consultado por Brecha, el legislador herrerista señaló que tiene “munición pesada” e información sobre más irregularidades para demostrar las “complicidades” de ciertos militares y la “falta de mando” existentes en la cartera de Defensa.
Además, en el pedido de informes que cursó a la Fuerza Aérea solicitó información sobre cómo se registra el armamento en las unidades militares, con qué regularidad se controla el stock, si se hacen auditorías y qué procedimientos están previstos ante eventuales inconsistencias. También consultó sobre los sistemas de control y sobre el personal a cargo. Brecha intentó sin éxito averiguar cómo supervisa estos controles el Ministerio de Defensa, pero las autoridades se excusaron de hacer declaraciones hasta la interpelación.
Acerca del destino de los proyectiles robados en Durazno, El País informó que los primeros indicios de la investigación que lleva adelante la Fuerza Aérea apuntarían a que fueron a parar a las bandas criminales de Brasil, aunque ayer Búsqueda citó a fuentes militares que creen que las balas no salieron del país sino que fueron vendidas a cazadores que las usan en fusiles modelo 308. Fuentes vinculadas al caso dijeron a Brecha que difícilmente los 18 mil proyectiles robados tuvieran por destino el pequeño mercado interno de los cazadores (“el tipo de munición destrozaría en mil pedazos a un chancho”), y señalaron que la vinculación con las bandas criminales del vecino del norte es real, ya que “hace unos años aparecieron en las favelas de Rio de Janeiro municiones de las Fuerzas Armadas uruguayas”.
En filas del Poder Ejecutivo no descartan la idea de que el hurto de los proyectiles en Durazno se “ventilara” en la prensa como parte de una puja en la interna militar que busca “voltear” al comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, resistido por varios oficiales desde que asumió. Por lo pronto, Trobo comentó a Brecha que “jerarcas de la Fuerza Aérea han amenazado a los oficiales con que van a encontrar al traidor que delató el hurto”. A este caso de corrupción militar se agrega la información proporcionada ayer por Búsqueda de que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), organismo dependiente de Martínez, evalúa pasar a la justicia elementos para que investigue irregularidades vinculadas a la compra de equipos de iluminación para la pista del aeropuerto de Santa Bernardina, de Durazno, que suministró la empresa Quartz Limitada, habitual proveedora de los militares.
Más allá de la interna militar y de los múltiples intereses que están en juego, los casos de corrupción de guante verde vuelven a poner en el tapete un debate que el Frente Amplio no ha resuelto: el raquitismo del elenco civil frente a una corporación militarizada que, hoy como ayer, parece seguir autogobernándose.
[notice]Construirán un nuevo cuartel militar en Durazno
Casas grandes
“No vale la pena continuar gastando en construcción de cuarteles e infraestructura para las Fuerzas Armadas. Lo que necesitamos es infraestructura para la educación, la salud y el Sistema Nacional de Cuidados. Ni un metro más de construcción para las Fuerzas Armadas, que deben ser rediscutidas, redefinidas y repensadas para el Uruguay del siglo XXI”, declaró este domingo al diario El Acontecer, de Durazno, la senadora frenteamplista Constanza Moreira en una reunión nacional de su sector, Casa Grande, realizada en esa ciudad. Hacía referencia a un nuevo cuartel militar que evalúa construir allí el Ministerio de Defensa. Es que la capacidad del actual Regimiento de Caballería Blindado número 2 quedó reducida al recibir, en 2013, al Batallón número 13, que tenía su sede en Montevideo, y al Batallón de Infantería Mecanizado 15, con asiento en Florida. Con más de doscientos uniformados en un cuartel que data de 1829 y que quedó rodeado por el crecimiento de la ciudad de Durazno, el traslado hacia la periferia forma parte de una “definición estratégica”, explicaron a Brecha autoridades del Ministerio de Defensa. Entre las opciones que se manejan está la de trasladar el cuartel a un predio del Ejército (La Caballada), cerca de la ruta 14, o instalarlo detrás del aeropuerto de Santa Bernardina, en una zona que pertenece a la Fuerza Aérea. Los fondos para el traslado del cuartel no se incluirían en el presupuesto quinquenal, y la mudanza sería presentada como una oportunidad para que parte del predio del viejo cuartel, en la que habitan actualmente los soldados, se destine a viviendas civiles.
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