Las denuncias consignadas en el informe del Comité de Derechos del Niño sobre hogares de la Colonia Berro, presentado hace quince días, siguen generando polémica. Pero la discusión quizás no ha estado bien centrada. Las autoridades del inau se defendieron, antes que nada, negando y poniendo en duda que la violencia “aislada” sea tortura, o si el maltrato es sistemático u ocasional. Algunas voces reclamaron cerrar los establecimientos sin proponer qué hacer con los chiquilines privados de libertad, y parte de los trabajadores justificaron la ley del Talión y amenazaron con acciones penales contra la ong por sentirse “enchastrados”; fiscales civiles y penales solicitaron investigaciones urgentes y pusieron plazos perentorios de 24 horas para solucionar una situación que lleva décadas, algunos políticos oficia listas relativizaron las denuncias en función de ciertas mejoras y otros de la oposición buscaron su cosecha mediática manejando el tema con cierta superficialidad. Intentando bucear un poco más profundo, Brecha dialogó con el presidente del inau, Víctor Giorgi.
—¿Cuáles son los obstáculos para eliminar las 23 horas de encierro de estos chiquilines?
—En primer lugar hay un mandato legal que dice que ese chiquilín tiene que mantenerse privado de libertad. Eso quiere decir que no se puede escapar, que no puede causar daños a terceros y no se puede amotinar. La seguridad queda instalada como un elemento central en la exigencia legal, a nosotros nos citan los parlamentarios cuando se escapan los chiquilines, cuando hay motines y cuando hay funcionarios lastimados.
—Y a veces hay motines justamente cuando ustedes están declarando en las comisiones parlamentarias…
—Sí, hay motines cuando estamos en algunas comisiones, en otras no. Pero prefiero no aventurar interpretaciones.
—Entiendo que sea un tema escabroso, pero no poder desarticular determinados mecanismos que están dentro de los centros de privación de libertad parece ser parte del problema.
—En algún momento eso pudo ser casi cierto, pero desde mediados de 2006 no es así, los motines han sido excepcionales y no han tenido la gravedad que tuvieron. Pero no necesariamente un motín tiene que ser armado o planificado; puede ser dejar correr cosas, pueden ser hechos mediá ticos, ha habido llamadas a los medios diciendo que había motines y no había, pueden ser generados por la propia situación de supuesta inestabilidad del directorio que da una comparecencia parlamentaria. También hay mucha gente muy perjudicada en términos económicos por las medidas disciplinarias que tomó esta administración y que puede estar apostando a la caída de este directorio, pensando que eso implica un retorno de ellos a determinados lugares de poder. Eso puede generar no la planificación de un motín, pero sí la exageración de pequeños hechos. Porque además sabemos cuáles son las redes de contacto.
—¿Cuáles son?
—Llaman a la prensa, llaman a los legisladores, llaman a determinados lugares; eso se utiliza mediáticamente por alguien que hace ese operativo, y después lo retoman otros con un sentido político. Sabemos que la semana pasada operadores políticos llamaron a los canales preguntando qué pasaba que no hablaban más de Berro. Lo sabemos por los propios canales.
—El informe plantea que los proyectos educativos son casi boicoteados por algunos funcionarios. ¿Cuál es su visión sobre ese punto?
—Yo lo plantearía en estos términos: hay un mandato que implica que prevalece la seguridad por encima de los proyectos educativos. En Berro hicimos un esfuerzo muy grande con Jurídica para depurar muchos elementos de corrupción que existían. Hoy tenemos educadores que en su mayoría tienen un promedio de dos años de trabajo, en general con formación terciaria, que entraron por concurso. Por otro lado tenemos un personal de contención, que también fue contratado por esta administración por sus antecedentes, el perfil de personalidad y la capacidad para manejar situaciones de estrés. A eso se le suman los técnicos, psicólogos y educadores sociales. Y ahí se da un conflicto, que tiene que ver con los lugares que ocupa cada uno. Los educadores quieren desarrollar sus proyectos educativos y el personal de contención trae un principio que tiene mucho de realidad: cuidado, estos chiquilines pueden tornarse un peligro, puede haber lastimados, puede haber fugas, y ellos son los responsables y aparecen como los que tienen la última palabra. Ese conflicto es producto del proceso de cambio, porque en 2004 no había conflicto, había una sola palabra, la de los ursos, y nadie peleaba por hacer proyectos educativos. Se trata de eso, hoy tenemos recursos humanos con un potencial mucho mayor. Por eso introducir el tema de la tortura y calificar así a los que juegan de malos en la película no nos parece correcto. Los muchachos hablan peor de los que les dicen que no. Es lógico que así sea, son los que ponen límites, son los antipáticos.
—Pero hay límites y límites.
—Por supuesto, no digo que los cuelguen de los árboles, pero esa tensión y esa tendencia de los muchachos a echarles la culpa de los malos tratos a ellos puede entenderse desde esa lógica. De todos modos hay que investigar. Este directorio ha sido muy claro en el sentido de investigar todo, hemos sancionado y destituido funcionarios por pegar; la norma es que el que pega no juega más. No estamos de acuerdo con lo que dijo públicamente algún funcionario, que si a él le pegan se defiende; esto no es una cancha de fútbol. El personal de contención está capacitado para contener a los muchachos sin golpear y sin lastimar. Esas son las cosas de la cultura institucional que hay que transformar.
—¿Qué papel juega el sindicato? Porque ha defendido cerra damente a funcionarios que luego fueron destituidos por hechos que ameritarían acciones penales.
—El sindicato, con su autonomía, ha pasado por diferentes momentos, en una aparente coherencia. Cuando introdujimos la idea de que a los chiquilines no se les puede pegar, el sindicato en muchos casos defendió algunas actitudes de los trabajadores apelando al estrés, a la sobrecarga, a situaciones límite que ocurrían. Es cierto que hubo una posición de defensa a las destituciones que concretamos a fines de 2006. Eso dividió al sindicato. Si bien la tendencia mayoritaria respaldó a esos trabajadores y planteó la necesidad de una serie de garantías, también hubo un sector importante que dijo que no les hacía bien a los trabajadores defender a ese tipo de compañeros. En este momento el sindicato sale con la misma posición, pero en otra realidad. Hasta ahora no han aparecido pruebas de que haya ese tipo de maltratos, golpes o torturas, como dice el comité. Nuestra política ha sido investigar todas las denuncias. Hay 22 procesos en Jurídica, 11 de ellos de la Colonia Berro. Los procesos existen y avanzan; son muy lentos, pero eso no es una cuestión de voluntad de la administración. Es un proceso muy engorroso. Pero no podemos poner bajo sospecha a todos los funcionarios que trabajan, porque los funcionarios son necesarios.
—¿Las denuncias recaen siempre sobre los mismos funcionarios?
—Eso era así cuando asumimos; había funcionarios que tenían 13, 14, 15 sumarios. Hoy no podemos decir que haya funcionarios por los cuales pasen sistemá ticamente las denuncias, la gran mayoría ha entrado identificada con un proceso de cambios.
—¿Por qué renunciaron tantos de los nuevos técnicos contratados entonces?
—No son tantos los que renunciaron, son muchos los que fueron trasladados. Porque la privación de libertad es una condición de trabajo muy dura, para el muchacho y para el funcionario. En general la gente que ingresó no lo hizo con la cabeza para esto y no soportó la privación de libertad. Muchos tuvieron períodos de desequilibrio emocional, con licencia psiquiátrica. Una de las dificultades para cambiar el modelo es que hay cosas que se repiten, entre ellas el desgaste y la baja motivación para iniciar cosas nuevas.
—¿Les sorprendió el informe del comité?
—El comité señala o denuncia dificultades o carencias, pero no se involucra –ni le corresponde involucrarse– en un proceso de transformación. Como decimos acá, “no se embarra”. Porque si uno se embarra se da cuenta de que de la noche a la mañana no va a haber una plena vigencia de derechos, uno agarra las cosas como están y las va transformando. Entonces ese planteo hipercrítico, que es necesario como opinión, no es el que permite la transformación. Y la acusación a los funcionarios parece excesiva. Seleccionamos funcionarios y –con toda la relatividad que tiene una selección– parecen ser los mejores entre los que se presentaron. Los mandamos a trabajar en un lugar difícil y sabemos que no están formados para esa especificidad, en el país no hay gente formada para trabajar en la privación de libertad desde la perspectiva de derechos, no abunda ese recurso humano. Sin embargo ante el primer conflicto y la primera acusación los catalogamos de torturadores. Hay que tener cuidado, porque nosotros necesitamos personal que se sume al cambio y que soporte el conflicto. No digo que si torturan no se les diga nada. Pero tengo la sensación de que en el informe del comité está la herencia de 2003 y no es lo mismo. En 2003 el comité exigió la remoción de directores, que ya no están; exigió el ingreso de personal con mayor capacitación, este personal tiene mayor capacitación; exigió un mejor ordenamiento de salud, ahora hay un mejor ordenamiento de salud, hay personal de enfermería que entrega la medicación; exigió mejoras edilicias, las mejoras edilicias se hicieron…
—Sin embargo hubo una actitud de negación ante las denuncias.
—Las lógicas de gobierno y de oposición a veces generan algunas situaciones un poco extrañas. También te podría decir que legisladores que hoy se horrorizan por estos temas fueron gobierno y tuvieron la actitud de negación en su momento; hasta hace pocos días estaban reclamando mayor dureza y hoy se suben al carro de un informe que plantea, entre otras cosas, la necesidad de disminuir la privación de libertad. Ese discurso es incoherente y creo que de deshonestidad intelectual. Estamos bastante convencidos de que determinadas cosas que se dicen en el informe, como la tortura sistemática, como introducir un palo en el ano, no existen, porque tenemos una serie de mecanismos y equipos de trabajo que, más allá de que las relaciones no sean buenas en algún caso, nos habrían hecho llegar esa información. Que me digas que hay golpes, zamarreos, situaciones de violencia, siempre pueden ocurrir, pero si determinadas cosas fueran sistemáticas estaríamos frente a una conspiración de silencio de un montón de actores, incluidos los propios técnicos.
—Pero los técnicos denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos.
—Los técnicos, por lo menos lo que he visto de las cartas y he hablado con ellos, denuncian con mucho énfasis el tema del encierro y de no poder desarrollar un proyecto, lo que plantean como violatorio de los derechos humanos. Y a su vez denuncian algunos hechos concretos que están siendo investigados. De eso sí tenemos noticia, están en proceso sumarial y se van a tomar las decisiones que correspondan. No digo que no haya algún funcionario que esté haciendo cosas que no debe, pero ha habido una renovación importante del funcionariado y no podemos tirar todo por la borda.
—¿Cuánto pesa lo presupuestal en la generación de alternativas a la Colonia Berro?
—Se necesitaría una fuerte inversión en infraestructura, lo cual de por sí no garantiza el cambio de modelo. No olvidemos que la Colonia Berro también fue algo nuevo en su momento, no hace tanto tiempo. Sin embargo se transformó en una especie de gueto en el que se potencia mucha cosa negativa, donde los controles son difíciles, la propia lejanía permite muchas fantasías y muchas realidades que no se ven. Desconcentrar la colonia sería una buena medida, pero implica una inversión grande.
—Pero si tuvieran el dinero, ¿hay un plan hecho?
—Para la privación de libertad hay una línea de trabajo, que es contar en Montevideo con un centro de ingreso que permita el traslado a los juzgados, con posibilidad de tener a los muchachos el tiempo suficiente –que eventualmente puede llegar hasta la primera audiencia– como para hacer los estudios técnicos, para ver cuál es la medida definitiva que se toma, y a partir de allí, según los perfiles, distribuirlos de determinada manera. Eso ya está en obra, pensamos que este año va a estar habilitado. Eso no quita que este directorio dé los pasos necesarios para construir un establecimiento de máxima seguridad en Montevideo, de acuerdo con los lineamientos internacionales. Pero la gran dificultad, más allá de la inversión, es la ejecución de la obra y todo lo que el establecimiento llevaría dentro, no sólo el equipamiento sino también los recursos humanos, los técnicos que garanticen que esa inversión va a tener un buen resultado. La eliminación de la colonia sería, para todos los que trabajamos desde la perspectiva de derechos, un horizonte. Cerrarla hoy sería una medida totalmente demagógica.
—¿Cuánto sienten que han avanzado en los procesos de cambio?
—Para nosotros la situación de Berro responde a una crisis del propio proceso de cambio. Estuvimos un poco mejor, llegó un momento en que el proceso se estancó y empezó a amagar con retroceder. Hay que tomar medidas para profundizarlo. El informe hace aportes en muchos aspectos, primero es la función del comité servir de crítico, de veedor y es bueno que lo haga, porque la gestión o el gobierno tienden a veces a minimizar algunas cosas. Hay una parte importante del informe, que se ha mencionado poco en la prensa, que cuestiona la utilización de la privación de libertad. Eso no fue la noticia. Las recomendaciones recogen cosas muy compartibles, como la imple mentación de medidas no privativas de libertad y la desconcentración de la colonia. El Poder Judicial tiene una actitud disímil frente al tema. Algunos chiquilines están privados de libertad por hurto, lo que no es coherente con la intencionalidad del Código del Niño ni con la convención. No es un problema fuerte en Montevideo, donde tenemos jueces especializados en el tema que han mostrado su permeabilidad a medidas alternativas. En este momento el inau tiene casi cien muchachos con medidas alternativas, a pesar de que la estructura es muy frágil todavía en ese programa. Tenemos chiquilines en trabajos por la comunidad, y en seis departamentos hay equipos técnicos que están siendo capacitados para implementar medidas no privativas de libertad. Además abrimos un centro en Mal donado –en conjunto con la Intendencia de Maldonado, Salud Pública y el Poder Judicial–, que ya tiene unos 15 adolescentes con medidas no privativas. El código y la convención son muy claros en ese sentido, la privación de libertad es la última medida, por el menor tiempo posible. Sabemos que no vamos a evitar la privación de libertad, sería una ingenuidad pensar que todos los chicos podrían funcionar en este tipo de programas, pero el número que hay hoy es demasiado elevado. La privación de libertad tiende a reforzar esa pertenencia al mundo fuera de la ley, una especie de identidad, como los “pibes chorros”. Si queremos revertir estas historias de vida, desestructurar el destino, tenemos que ensayar medidas alternativas.
