—¿Cuáles son las modificaciones en la gestión que introducirá el nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (irpa) y que indicarían que va a dar resultados?
—El primer cambio está dado por la inclusión de cargos de gestión que dediquen todo su tiempo exclusivamente al instituto.
La segunda modificación tiene que ver con la formulación de programas que el sistema requiere y que no han funcionado adecuadamente hasta ahora. Insistimos en la necesidad de un programa de ingreso, diagnóstico y derivación real; la gestión de la privación de libertad y las medidas alternativas; un programa de medidas curativas para quienes tienen un desorden psicológico o psiquiátrico y para quienes tienen adicciones graves; y por último, un programa vinculado al egreso o reintegro social.
Un último aspecto es el de la interinstitucionalidad, porque este es un tema imposible de abarcar por una sola institución ya que se involucran temas de educación, salud, vivienda, la perspectiva de la inserción laboral o el reintegro educativo. Esta interinstitucionalidad es la toma de conciencia por parte de todo el Estado de la necesidad de atender un tema complejo, muy pequeño numéricamente pero que necesita un abordaje global.
—¿El Sirpa permanecerá en la órbita del inau?
—Hemos propuesto un sistema en el que el directorio del inau transfiere la totalidad de sus poderes jurídicos a una comisión delegada, sin que el directorio pierda sus responsabilidades políticas y jurídicas. Ese es el único proyecto que se ha presentado. Aunque existen planteos en sectores políticos de que esa debe ser una solución transitoria para caminar hacia la autonomización absoluta, es decir la separación del inau. Lo que se ha planteado por el momento es que una comisión asesora integrada por legisladores haga un seguimiento de ese proceso y, en el caso de que entienda que debe llegarse a la separación, se la solicite al Parlamento.
CONTENEDORES, EDIFICIOS.
—¿Cuál es el proyecto edilicio?
—Manejamos que se puedan concentrar dentro de un mismo perimetral externo todos los establecimientos de contención, que no deberán alojar cada uno a más de 40 chiquilines y en total a no más de 250, por las condiciones de habitabilidad mínimas que debe garantizar y por los aspectos socioeducativos y de seguridad. Dentro de ese mismo perimetral hay que pensar en diversos programas que tengan sistemas independientes entre sí.
—¿Una especie de Colonia Berro ampliada?
—No. Esa locura que es la Colonia Berro esperamos que no exista nunca más. La idea es que dentro de un perimetral determinado funcionen varios programas que atiendan las diversas realidades.
—Pero esa parece la misma lógica de la Colonia Berro, en donde hay diferentes establecimientos de detención dentro de un mismo perimetral…
—En la Colonia Berro cada centro no tiene nada que ver con el otro. Los edificios se fueron construyendo con una lógica de acceso incomprensible dentro de un bosque natural protegido que no se puede tocar. Nuestro planteo es realmente distinto, no sólo desde el punto de vista edilicio sino desde la lógica de gestión a la que apuntamos. Lo real es que hoy, si pensamos dónde construir, no tenemos otro lugar que no sea la Colonia Berro. Pero habrá que hacer desaparecer las construcciones que existen.
—El Parlamento discute, además de la transformación del Semeji en el irpa, algunas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. De aprobarse, ¿qué impacto tendrán?
—Es difícil cuantificar el impacto que van a tener las modificaciones al código. Por lo pronto, la penalización de la tentativa de hurto mediante medidas alternativas a la privación de libertad, va a incrementar la cantidad de adolescentes vinculados al sistema.
Por otra parte, no está claro todavía si se especificará, como creo que debería ser, cuáles son los delitos que ameritan privación de libertad y cuáles no, que es algo que quedó pendiente en 2004 cuando se aprobó el código. La intención era que sólo los delitos gravísimos ameritaran privación de libertad, o en todo caso la reiteración de delitos graves; ese punto debería ser retomado, es una modificación necesaria y urgente.
—¿Y el mantenimiento de los antecedentes?
—Los incrementos de penalidad y este elemento de “ojo porque cuando cumplas 18 años tus antecedentes van a seguir existiendo”, no creo que tengan influencia disuasoria para los delitos cometidos por adolescentes. Obviamente sí tienen consecuencias bien concretas en el derecho penal adulto: sobre las libertades anticipadas, sobre el carácter de primario. Yo diría que, atenuadamente, es el mismo concepto que se utiliza para plantear la rebaja de la edad de imputabilidad. No estoy comparándolo sobre sus efectos, que son incomparables, pero existe una cierta sensación de que los menores de 18 años son impunes y por lo tanto se agrega ese plus. Afortunadamente en estos últimos tiempos se ha aclarado que en Uruguay existe responsabilidad penal ante los delitos cometidos por los adolescentes de entre 13 y 18 años.
Las discusiones de la baja de la edad de imputabilidad han estallado a partir de las reiteradas fugas y del convencimiento de que hay una incapacidad en el inau para contener y lograr un programa socioeducativo que dé resultados.
—¿Se siente responsable de ese hecho?
—Sí. Nosotros partimos de la base de que así como estamos no se puede continuar. Respecto a las fugas, las hemos bajado dramáticamente en este primer trimestre; el índice se baja no sólo porque se mejoren las guardias perimetrales, sino porque hay una gestión que muy trabajosamente intenta ser distinta y ha recuperado el involucramiento de los trabajadores con la tarea. Muy esquemáticamente, y sin ser considerado con la gente que ha estado en la gestión, creo que pasamos de las visiones de “lo que hay que hacer es evitar las fugas y por lo tanto esposas, grilletes y trancaduras”, a otras posturas en donde se planteaba “eliminemos los perimetrales y generemos hogares de carácter totalmente abierto porque en definitiva los adolescentes que cometen delitos son una reacción ante un sistema injusto que los explota”. Yo creo que ninguna de las dos cosas lleva a una buena gestión. Pero se requiere que en Uruguay nos pongamos de acuerdo con el sistema que pretendemos.
—¿Estamos lejos de eso?
—Tengo la inmensa esperanza de que estemos avanzando en ese sentido. Pero pretender que adolescentes de 16 años estén sujetos al derecho penal adulto con el aumento de las penas y el endurecimiento del sistema que eso implica, al mismo tiempo que se afirma que la privación de libertad debe enmarcarse en una institución especial que se dedique al buen trato y al cuidado… ahí hay dos elementos que no son compatibles. ¿Cuál es la expectativa de trabajo socioeducativo con alguien de 16 años que va a recuperar a los 24 su libertad para reintegrarse a la sociedad?
—¿Por qué apelar a los contenedores para generar más plazas?
—El inau tiene una estructura edilicia extraordinariamente vieja y deteriorada. Las nuevas construcciones han sido de una lentitud exasperante: el último centro que inauguramos en General Flores llevó un año y medio de construcción. En ese marco, muchísimo tiempo atrás anunciamos que íbamos a usar los contenedores. Luego hubo una campaña en Facebook donde se señalaba una especie de ocultamiento, pero nunca nos interesó mantenerlo en secreto. Lo que nos brindan es la posibilidad de responder a algunas cuestiones de emergencia porque seguimos con un problema de cantidad de plazas. En el sentido técnico no tenemos hacinamiento pero estamos nuevamente cercanos a situaciones de superpoblación, y eso genera distorsiones de todo tipo. Los contenedores ni siquiera están habilitados todavía. Hemos pedido todo tipo de chequeos y autorizaciones y sólo los vamos a poner en funcionamiento cuando estén prontas todas las habilitaciones. Sólo hemos utilizado uno de los contenedores en cuestiones de absoluta emergencia del Centro de Ingreso Transitorio. Obviamente es muy difícil dirigir un sistema en esas condiciones cuando no hay espacio para un adolescente más.
Se hizo una comparación con las latas del penal de Libertad y no tienen nada que ver. Estos contenedores son los mismos que se han utilizado para viviendas, escuelas, etcétera. Y las condiciones climáticas están absolutamente probadas.
TIEMPOS.
—¿Por cuánto tiempo se va a utilizar este sistema?
—Depende de cuánto nos lleve la construcción y reconstrucción. Si eso se hace rápido, va a ser por corto tiempo. Si se demora, los vamos a tener que utilizar un poco más.
—¿Pero no se prevé el tiempo estimado que llevará ese proceso?
—No sabemos exactamente cuánto tiempo. Una cosa es el tiempo arquitectónico y otra es el tiempo real. Según nos dijeron tendría que ser en un tiempo relativamente breve, tres o cuatro meses. Veremos en qué medida se cumple.
—La funcionaria que difundió las fotos de los contenedores en Facebook y que está bajo una investigación administrativa, ¿va a ser sancionada?
—No tengo ni la menor idea. Lo que se hizo fue de rutina administrativa: se le tomó declaración, el caso está actualmente en la división jurídica y luego vuelve al directorio. Por ahora no tenemos planteada ninguna sanción. Pero yo insisto en que no había ninguna necesidad de hacerlo, alcanzaba con tomar alguna imagen de archivo.
—Pese a que ya habían sido difundidas las imágenes de los contenedores, ¿el hecho ameritaba una investigación administrativa?
—La funcionaria entró a un lugar que no estaba habilitado, sin autorización.
—Se sigue denunciando que funcionarios del inau colaboran con las fugas o que someten a malos tratos a los adolescentes. Usted mismo planteó a fines del año pasado en una comisión del Parlamento que existen casos de corrupción.
—Todo el tiempo se reciben denuncias, estamos tapados de investigaciones de todo tipo y color. Casos de corrupción siempre surgen en lugares donde hay privación de libertad y creo que tiene que ver con una falta de formación y capacitación. Con los últimos ingresos de personal se pudo trabajar esa capacitación previa y hemos tenido resultados distintos.
En los directorios encabezados por Víctor Giorgi y Nora Castro hubo una limpieza inmensa de la corrupción por la vía de los sumarios, por eso el sistema se les volvió difícil de gobernar, porque se sacó mucha gente a la vez y llevó un tiempo para que los funcionarios nuevos adquirieran experiencia. La gran mayoría del personal es muy nueva; ingresó a partir de 2008, en 2009 y en 2010.
Se siguen repitiendo situaciones de corrupción, pero la conclusión evidente es que las condiciones del sistema no colaboran a generar actitudes distintas. Pero no hay una situación absolutamente generalizada, en parte por el recambio que ha habido. En el proyecto hemos planteado, aunque no hemos logrado una propuesta acabada, que los funcionarios no deberían estar mucho tiempo en estas tareas, para lo que debería existir una rotación.
También hemos planteado a una serie de organismos como la Organización Mundial contra la Tortura, aunque no hemos recibido respuesta aún, que más allá de las visitas que nos hacen una o dos veces al año, se establezca un monitoreo permanente que apunte a minimizar lo vinculado a malos tratos, corrupción, etcétera. Y que eso permita ir estableciendo correctivos reales a las situaciones que se denuncian. Otro sistema de supervisión que hemos propuesto es que el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente actúe como veedor. Existe un proyecto de ley que interpreta que el comisionado parlamentario de cárceles, al tener a su cargo el monitoreo de las personas privadas de libertad, también debería incluir a los menores de edad.
—Mencionó que las gestiones de Giorgi y Castro se habían vuelto difíciles de gobernar. Giorgi planteó en su momento que cada vez que iba al Parlamento había motines, sugiriendo que eran fomentados por los propios funcionarios, y Castro que había una tendencia del sindicato a actuar como si la gestión del inau se tratara de un cogobierno, ¿eso está presente en el actual período?
—Notoriamente no. Nosotros hemos apelado a un diálogo directo, muy duro en algunos casos, porque hemos tenido discusiones fuertes. Lo primero que charlamos en conversaciones directas antes de que yo asumiera es que el sindicato representa a los trabajadores, y el directorio al gobierno. Nos conocíamos, yo integré el sindicato, eso dio una cierta ventaja.
—Para Cristina Álvarez, miembro del directorio en el período de Giorgi, no lo fue. Terminó siendo echada del sindicato.
—Sí, es verdad. Pero nosotros partimos del convencimiento de que para esta institución, donde los conflictos no son de guante blanco y donde no se paraliza simplemente una producción o una oficina, el conflicto no es bueno para ninguna de las dos partes. En función de eso desarrollamos una política de relaciones laborales que apuesta a minimizar, en la medida de lo posible, el conflicto. Siempre sobre la base de que, aunque todos los aportes pueden ser puestos arriba de la mesa, las decisiones las toma el directorio.
